Complot contra RBC Televisión
Por Rafael Romero
Contrariamente a lo que la familia arequipeña Mendoza y su socia ATV (del mexicano Ángel González) piensen, cada día que pasa RBC Televisión es más fuerte, pues la razón, la verdad y el derecho están de parte de este medio de comunicación victoriano. Ciertamente, por más poder político y económico que se alíen, los complotadores de hoy no saben contra quién se enfrentan; contra un canal auténticamente peruano y que encarna mística y garra curtidas frente al despojo velasquista, a la persecución judicial del montesinismo y la guerra declarada por el pulpo mediático controlado por Ibope Time.
De manera que la resolución prevaricadora de un juez civil de primera instancia de Arequipa, que ordena insólitamente cerrar la señal de RBC Televisión para favorecer a Austral TV, empresa liquidada y disuelta por Indecopi y además ex inquilina de Canal 11, al que le debe más de US$ 2’600,000, no tiene nombre; como tampoco tiene nombre la posición asumida por el cada vez más desacreditado Tribunal Constitucional, que fraguó el amparo de un tercero (Crasa), también perteneciente a la familia Mendoza, pues ni siquiera este tribunal evaluó que un día antes de ser presentada dicha acción ya había sido admitida por un juzgado arequipeño. Este imposible jurídico vicia y conlleva a una nulidad absoluta todo lo actuado hasta el día de hoy.
Fabricar un amparo con fechas equivocadas; enmendar la decisión de un laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, que le dio la razón a Canal 11, a fin de favorecer a una empresa descalificada por Indecopi y la Sunat, como es Austral, y encima amenazar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que, sobre la base del fallo arbitral, viene sosteniendo durante once años que Austral se abstenga de operar en la estación de RBC Televisión por ser un inquilino precario, sólo nos lleva a la conclusión de que hay un poder corruptor entre bambalinas. Por ello, este caso no es únicamente un atentado contra la libertad de prensa, sino que también engloba un serio atropello contra la libertad de empresa, toda vez que son las empresas las que suelen recurrir al arbitraje para solucionar sus diferencias.
En suma, si desde el Poder Judicial y el TC se festinan procedimientos para destruir la institución del arbitraje, entonces qué inversión nacional o extranjera decente va a confiar en el país. Por lo demás, la ciudadanía ya está cansada de tanto abuso. De modo que la posición valiente de un comunicador como Ricardo Belmont, de enfrentar esta injustica con una amplia movilización –genuinamente nacional–, puede dar lugar a un renacer político que haga reaccionar a la sociedad peruana desde sus cimientos. Expreso.
