Barbies contra el planeta

Barbies contra el planeta

Por Carlos Miguélez Monroy (*)

Para fabricar las cajas de sus Barbies, la empresa Mattel le compra la pasta de papel a Asia Pulp and Paper, un grupo asociado a la destrucción de la selva tropical de Indonesia, denuncia Greenpeace. En la década pasada, Indonesia registró tasas de deforestación superiores a las de la Amazonía y la selva Lacandona, en México. Desde 1950, se han perdido más de 74 millones de hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como la de Chile y mayor que la de España.
Con su denuncia, Greenpeace da visibilidad a la deforestación de uno de los pulmones que abastece de oxígeno a la vida del planeta. Sin embargo, sus exigencias para que Mattel rompa sus relaciones comerciales con los fabricantes de las pastas de papel ponen todo el foco en la multinacional, que se rige por códigos de conducta voluntarios y por su “Responsabilidad Social Corporativa”. Pero también están implicados los Estados donde tienen su sede las transnacionales, los gobiernos que permiten que empresas de fuera exploten sus riquezas, las empresas locales y la sociedad civil organizada.

El lugar de la explotación lo determinan la abundancia de las materias primas, la mano de obra barata, la “flexibilidad de las condiciones laborales”, los incentivos fiscales y la falta de protección legal en materia de medioambiente, laboral y de derechos humanos. Estos factores se han combinado para que empresas madereras, del caucho, del petróleo y del gas, de extracción de minerales y de metales preciosos corrompan a líderes locales a su favor o que incluso financien grupos armados que protejan sus intereses comerciales y el “libre mercado”, aunque peligre la soberanía del país.

Se dice con frecuencia que los gobiernos locales tienen la culpa si se dejan corromper, como si sus decisiones y los intereses comerciales de grandes empresas estuvieran por encima de la supervivencia del planeta, la vida y los derechos humanos de poblaciones civiles. En muchas ocasiones se trata de gobiernos sin escrúpulos que nadie ha elegido y que los gobiernos y empresas de otros países han ayudado a mantener con la venta de armamento a cambio de materias primas. Eso explica la repentina enemistad de muchos países europeos y “occidentales” con el régimen de Gaddafi, o la amistad con dictadores como Teodoro Obiang, en Guinea Ecuatorial.

En los últimos años, algunas víctimas de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares que involucran a multinacionales han acudido a cortes de países occidentales para que su caso tenga mayores probabilidades de prosperar. Algunos casos de violaciones graves de derechos humanos han tenido relación con protestas por daños medioambientales por parte de multinacionales. Así sucedió con el poeta nigeriano Saro Wiwa, asesinado por el ejército con la colaboración de las empresas petroleras para apagar las denuncias medioambientales.

Muchas cortes desestiman los casos antes de llegar al fondo del asunto al considerar “más apropiadas” las cortes de los países donde se produjeron los eventos que motivaron la demanda. Sin embargo, algunos jueces de Estados Unidos y Reino Unido se han declarado competentes al considerar que la vida de la víctima podría correr peligro o que existen pocas probabilidades de que se haga justicia efectiva si el caso se dirimiera en su país.

Los jueces se han apoyado en leyes como la Alien Tort Claims Act (ley de 1798 para la reclamación de daños contra extranjeros) o la Torture Victims Protection Act. En otras ocasiones, argumentan que el ordenamiento jurídico estadounidense incorpora el derecho internacional vigente.

Algunos jueces consideran “abusivas” estas interpretaciones y han cuestionado su constitucionalidad. Si estas alegaciones fructificaran, correspondería a la clase política promover leyes para regular la actividad de empresas nacionales en el extranjero y para impedir que contravengan el derecho internacional vigente en materia de derechos humanos. Sólo una sociedad civil informada desde medios de comunicación responsables podrá exigirlo a sus políticos.

Para eludir legislaciones nacionales, muchas empresas se registran en paraísos fiscales, que podrían combatirse si cumplieran con su palabra los gobiernos que prometieron legislación internacional cuando estalló la crisis económica. También en ese aspecto se empieza a sentir la indignación ciudadana. Medioambiente y derechos humanos forman parte de lo mismo porque somos tierra que camina.

(*)Periodista, Coordinador del CCS