Por Carlos Ferrero
Las tierras de cultivo que actualmente el Estado vende* deberían más bien ser otorgadas en concesión, mediante subasta y compromiso de inversión tal como ahora se hace con la explotación de hidrocarburos, bosques, pesca de atún y otros sectores. Se fijarían extensiones mínimas vendibles para siempre, pero a partir por ejemplo de las 500 hectáreas solo se darían concesiones por plazos largos, digamos 25 años o más, en función de la naturaleza del suelo, clima, acceso al agua y otras condiciones que permitan rendir un beneficio real a quien las trabaje.
Resulta que hoy la tierra cultivable, proporcionalmente a la población que la demanda, es cada día más escasa y con perjudicial tendencia al acaparamiento. Así mismo, con la globalización han aumentado vertiginosamente las compras de tierras que hacen los países desarrollados a los países en desarrollo, principalmente porque los primeros quieren resguardar su seguridad alimentaria, a costa de los segundos.
Como bien dice la Doctrina Social de la Iglesia (tenazmente ocultada por la derecha), el principio del destino universal de los bienes es anterior al de la propiedad privada. Es entonces un imperativo político que países como el Perú no se desprendan ni desperdicien su patrimonio común como es la tierra cultivable.
Conste que no estoy olvidando los latifundios que hoy asolan nuestros territorios por empresas o personas dueñas de 30,000 o 40,000 o más hectáreas. Recuerdo que la Comisión de Reforma Agraria que presidió Pedro Beltrán en el gobierno de Prado recomendó un límite de 250 hectáreas en la costa y que la Ley 26505 de 1995 durante Fujimori establecía el pago de impuestos para extensiones superiores a 3,000 hectáreas.
Anticipo que seguir vendiendo las tierras del Estado y dejando que sigan creciendo los latifundios existentes, perpetuando la exclusión y la desigualdad, es propiciar tarde o temprano un descontento social de impredecibles consecuencias.
La República, Lima 12-11-2013
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* Se viene la irrigación Chavimochic (63 000 ha), en la que tendrán preferencia chilenos y colombianos, que alegan los “derechos” que les da la Alianza del Pacífico (creación chilena para apoderarse del Perú). Los agricultores peruanos sin tierra serán peones de estos extranjeros, en un proyecto que se hace con dinero de todos los peruanos y con aval del estado peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
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Gobierno peruano favorece a Chile y a fuerza armada chilena, no a campesinos peruanos “En realidad, lo que en el caso de la irrigación Olmos el gobierno practica es la exclusión, puesto que en la subasta de tierras se ha puesto a la venta lotes a precios inalcanzables para los agricultores lambayecanos y piuranos. Y como el gobierno de Ollanta Humala rechaza la opción de formar y vigorizar una clase de agroexportadores peruanos, ha preferido que las aguas y tierras del proyecto realizado con dinero de todos los peruanos pasen a poder de extranjeros, y mejor si son chilenos.” |
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