Perú. El difícil camino ha comenzado
Por Gustavo Espinoza M. (*)
En medio de una crisis política agravada por la arremetida violenta de los medios de comunicación al servicio de la Mafia y de la reacción; el gobierno del presidente Humala culmina lo que se suela llamar “sus cien días de luna de miel” e inicia un difícil y esforzado ascenso en la implementación de los cambios sociales que prometiera al pueblo peruano.
Un Paro preventivo de 24 horas en la región de Cajamarca, oponiéndose al proyecto de la minera Yanacocha —el Proyecto La Conga— orientado a la explotación de recursos naturales; violentos enfrentamientos en la zona de la Cordillera Blanca, en Huaraz; una esforzada huelga de los trabajadores de Cerro Verde, en Arequipa; un Paro de 8 días en el Trapecio Andino que generó graves disturbios en Andahuaylas; un duro choque en la selva de Madre de Dios —frente al Estado brasileño del ACRE— combatiendo la explotación informal del oro; y otros conflictos menores, han hecho que se aviven las tensiones sociales en el Perú y que queden en evidencias las precariedades de un Estado que no es capaz de mucho. Y es que, en verdad, el difícil camino ha comenzado.
Las cosas se han tornado más complejas porque la crisis en la cúpula del Poder, surgida a partir de las denuncias formuladas contra el segundo Vicepresidente de la República, Omar Chehade, no solamente que no ha llegado a su fin, sino que amenaza agravarse como consecuencia de los procedimientos de “investigación” que ciertas comisiones parlamentarias promueven en contra del cuestionado, en una instancia en la que el Partido del Gobierno no tiene mayoría. En ellas el Vicepresidente —hoy con Licencia formal— podría ser despojado de su inmunidad parlamentaria, sometido a investigaciones judiciales y, finalmente, desaforado del Poder Legislativo, en lo que constituirá un extremo imprevisto de un asunto de dudoso contenido.
El tema de La Conga, en Cajamarca, es, quizá el más claro de todos los que asoman hoy en el escenario. Las comunidades del sector y la población, se oponen mayoritariamente a un proyecto minero que captará el agua de la región a cambio de supuesto bienestar y niveles de bonanza, ofrecidos a poblaciones secularmente abandonadas.
La desconfianza ciudadana respecto a este proyecto es lógica, y deriva de dos razones de fondo: la contaminación que genera en las aguas y el ambiente la explotación minera; y el hecho que las zonas más pobres y más desoladas en el Perú son precisamente las más ricas en oro, plata y otros recursos. Las empresas extraen el mineral, y dejan en los cerros inmensos forados. En los hechos se ha confirmado largamente la idea de que la minería en el Perú no trae riqueza, sino pobreza extrema, por lo menos a las poblaciones que sufren la extracción de ella. Puesto en la disyuntiva, el pueblo ha optado por el agua, en lugar del oro.
La población de Cajamarca hizo un Paro preventivo de 24 horas el miércoles 9 del presente y la acción fue masivamente acatada. No se registraron, sin embargo, significativos actos de violencia tanto porque la ciudadanía actuó a la altura de sus demandas como porque las autoridades instruyeron a las fuerzas policiales de un modo racional y sensato. En Huaraz, en cambio, los pobladores demandaron el fin de las actividades de Antamina, el consorcio que impera en la zona y allí sí la convulsión registró más altos decibeles.
La derecha no asume el papel de espectadora en estos conflictos. Exige que el gobierno “respete el proyecto y la inversión de la minera” e “imponga la ley con mano dura”; que “ponga fin a la protesta minera”. En otras palabras que, como antaño, recurra a la fuerza bruta para doblegar la resistencia de la gente.
Es claro que el gobierno no muestra ningún interés por obrar así. Desde un inicio apostó por el diálogo y buscó acuerdos para hacer más solvente el proyecto. Incluso con ese ánimo, tres ministros visitaron Cajamarca y otros Andahuaylas para conversaciones con las entidades representativas del lugar. Las tratativas arrojaron precarios acuerdos y resultados poco convincentes.
Ahora, el gobierno está entre alternativas polares: o ratifica los convenios con las mineras, o los cancela. Esa, es la cuestión.
En el Trapecio Andino la cosa es más compleja. En Andahuaylas -una de las regiones más pobres del Perú- lleva 8 días la acción decretada por agricultores de la Junta de Usuarios de Regadíos de las provincias de Chincheros y Andahuaylas. Paralización de actividades comerciales y bloqueo de carreteras, constituyen el signo distintivo de la medida. Y aunque hoy mismo se suspendió el Paro por 15 días, ayer la violencia llegó a su punto más alto y faltó poco para que dejara una estela de muerte. 38 heridos —algunos de gravedad— fue el saldo de disturbios que rebasaron todo cálculo. Aún persiste allí el descontento.
En Arequipa, los mineros de Cerro Verde libran una dura y heroica lucha por legítimas demandas de orden salarial y condiciones de trabajo, que la empresa se niega a atender. Allí, lo más grave, si embargo, no radica en la intransigencia patronal ciertamente esperable, sino en la intolerable desidia de las autoridades de trabajo —local y nacional— que, por temor o complicidad, simplemente han dejado que el conflicto llegue a mayores sin acuerdo a la vista. Los trabajadores, encadenados en la Plaza de Armas de la ciudad, demandan legítima justicia.
En Madre de Dios la situación resulta trasparente. El gobierno ha emprendido una difícil lucha contra la minería informal que extrae el oro de las aguas de los ríos y que depreda la naturaleza. Numerosas dragas instaladas ilegalmente han sido ya puestas fuera de actividad y sus propietarios sometidos al imperio de la ley. En los últimos meses la situación se tornó ingobernable porque los mineros informales incursionaron en zonas que constituyen reservas naturales protegidas por la UNESCO y son patrimonio de la humanidad; pero, además, porque se denunció un gigantesco tráfico de personas, rubro en el que destacó el ejercicio ilegal de la prostitución y el tráfico de menores entre los 12 y los 17 años para este fin. Hay, sin duda, ricos personajes ligados a estas actividades. Entre los sospechosos de enriquecimiento por estas operaciones se encuentra el congresista de Madre de Dios, representante, precisamente de la bancada gubernamental que ya hizo el anuncio formal de no protegerlo.
En cuanto a la “crisis” en la cúpula del Poder, la derecha presiona al presidente Humala para que “haga valer su autoridad” y “destituya” al señor Omar Chehade. Algunos sostienen, incluso, que sería “inaudito” que el Presidente tolere a un Vicepresidente cuestionado como éste. Olvidan, por cierto, que el Presidente García toleró por cinco años a un Vicepresidente mucho más cuestionado —el almirante Giampietri— acusado por la matanza de los Penales, en junio de 1986. Y protegió, además, a todos sus “operadores” que se entendieron con Fortunato Canaan, un lobbysta internacionalmente conocido, en la suite del Hotel Country y que hoy andan por la calle como Pedro en su casa.
El presidente Humala, en una reciente rueda de prensa, sugirió a su Segundo Vicepresidente que “dé un paso al costado”. Esto, los medios lo interpretaron como un úkase que obligaba al destinatario a una renuncia inmediata. Pero éste, optó por una salida intermedia: Pidió licencia en su cargo. Sin reparar mucho en sus propias palabras, ciertos medios de comunicación -y algunos voceros del APRA y de la Mafia- sostienen que esa acción —el pedido de Licencia— es “ilegal” porque la vicepresidencia es una ficción. No existe. Es, apenas, una suplencia. Y asoma tan solo cuando el titular de la Plaza se retira del puesto. Si esa apreciación fuera correcta, tampoco cabría pedirle que renuncie, por cuanto no podría “renunciar” a una función que “no existe”. En el extremo del ridículo, se ha dicho que el 2do Vicepresidente “no tiene razón de ser” porque “en Estados Unidos, no existe ese cargo”.
Estos temas inducen a reflexionar sobre un asunto de fondo: ¿Es lógico que aviven las tensiones sociales en un país que inicia cambios y cuando la derecha ataca vigorosamente las posiciones más avanzadas? La respuesta, es que si. Las encuestas, por lo demás, aseveran que el 73% de las personas juzgan legítimas las demandas de la población. La profundización de un proceso implica entonces la agudización de la lucha de clases y obliga a cada quien a tomar una posición ante temas cardinales. La paz —esa paz de cementerios, que tanto gusta a las fuerzas más reaccionarias— desaparece porque la gente se une, se organiza, toma conciencia y lucha por sus derechos. Y crea —con esa lucha— las condiciones para que el proceso avance. Esa, es una ley del desarrollo social, que no puede ser ni ignorada y desconocida. No hay que asustarse, entonces. Simplemente actuar con responsabilidad y con firmeza. Y buscar los acuerdos indispensables para superar escollos, y seguir adelante. Soluciones audaces, son las que se requieren. Porque esto, recién comienza.
Si se agravan las tensiones sociales es porque ésta no es una sociedad muerta, sino un cuerpo vivo que exige atención a sus requerimientos básicos. No hay que olvidarlo (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://nuestrabandera.lamula.pe
