Álvaro Peláez Vives
Esto solo pasa en nuestro país. O al menos aquí se abusa de este beneficio. ¿Para qué más comisiones investigadoras en el Congreso? ¿Para qué investiga la Fiscalía? Para qué tanto si al final aquellos que festejaron el famoso “faenón” están ahora y estarán libres. Evidentemente no ha caído nada bien a aquellos que esperábamos una sentencia drástica la decisión de la Tercera Sala Penal Liquidadora que esta semana declaró fundado el recurso de excepción por prescripción presentado por Rómulo León Romero, Lidia Casuso, hijo y sobrina del exministro aprista Rómulo León, respectivamente. Con la misma suerte gozó Alberto Químper Herrera, el popular “Don Vietto”, aquel que en el 2008 junto a Rómulo León todos escuchamos pronunciar la famosa palabra “aceitada” lo que significaba conseguir favores a la empresa petrolera noruega Discover Petroleum Company. Pese a estar acusado de tráfico de influencia, cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal, Químper se acogió a este beneficio apelando al Código Penal que establece que una persona mayor de 75 años queda fuera del caso. Así de simple. La edad lo salvó de la cárcel. La bendita prescripción alcanzó también al empresario dominicano Fortunato Canaán a quien se le imputaba los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y negociación incompatible. Al final, sí fue un tremendo “faenón”. Las fallas del pésimo sistema judicial que tenemos son aprovechadas por aquellos que participaron en uno de los escándalos más sonados del segundo gobierno del Apra.
En el 2008 se destapó el caso de los “Petroaudios” tumbándose rápidamente al gabinete ministerial que era presidido por Jorge del Castillo. La difusión de cuatro audios donde se escuchaba en tono casi de júbilo a Rómulo León y Alberto Químper, reveló el negocio de pagos por la concesión de la buena pro para la explotación de lotes petroleros a favor de la empresa noruega. Químper fue destituido del directorio de Perú Petro y César Gutiérrez, presidente de Petro Perú, renunció a su cargo. Se cuestionó la estrecha amistad del expresidente Alan García con el dueño de Bussiness Track, de sus reuniones con Fortunato Canaán y de las llamadas de Rómulo León a Palacio de Gobierno.
El escándalo del “faenón” puso al descubierto toda una máquina de “chuponeo”. Años después la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó a siete años de prisión efectiva a los principales implicados en el caso de las interceptaciones telefónicas, Elías Manuel Ponce Feijoó, exgerente de BTR, y Carlos Tomasio de Lambarri, exoficial de inteligencia de la Marina; mientras que Giselle Giannotti, especialista en seguridad informática, recibió una pena efectiva de cinco años. Esto, por los delitos de interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir.
Bien dicen que lo que se hereda no se hurta. La historia nos ha castigado con funcionarios y gobernantes que han estado envueltos en irregularidades. Bien dicen nuestros abuelos que la plata tiene demonio. ¡Vaya que es cierto!
El dinero del fondo público ha sido visto como un botín por aquellos que han tenido acceso a él, ya sea por elección popular, por cargo de confianza, por contratación o por tráfico de influencias. La prescripción ha sido un beneficio que hasta exgobernantes han usado para escapar de sus presuntos delitos.
El maestro de la prescripción es sin duda el expresidente Alan García. Recordemos que en 1992 se inició un proceso en contra del líder aprista por enriquecimiento ilícito, debido a su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), su intermediación en la compra venta de aviones Mirage 2000, además de un evidente desequilibrio patrimonial.
En 1994, también se le investigó por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además que se le acusaba de entregar sobornos para otorgar los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima.
Pese a lo encontrado en las investigaciones que realizó el Congreso en aquel entonces, convenientemente, Alan García huyó del país luego del autogolpe del gobierno fujimorista refugiándose en Francia y Colombia, esperando pacientemente que los delitos por los que se le acusaba prescribieran para luego regresar y hacerse otra vez presidente gracias a nuestra mala memoria. ¿Fue juzgado? No. ¿Fue declarado inocente como dicen algunos apristas? Simplemente no. Nunca se sometió a la justicia.
Lo mismo ha ocurrido esta semana. No han sido declarados culpables o inocentes simplemente alcanzaron la prescripción de sus delitos. Festín para los que apelan a la impunidad y decepción para la ciudadanía que espera sanciones drásticas. Total, si hasta un expresidente lo hizo entonces qué podemos esperar de los demás. ¿Qué estaremos pagando?
Diario Uno, 07.12.2014
