Por Jorge Rendón Vásquez
Declaraciones de Carmela Sifuentes, Presidenta de la CGTP, a la Agencia Andina, el 7/2/2015:
“Nuestra exigencia es que de una vez los congresistas se pongan a realizar su verdadera función de legislar y pongan a debate el proyecto de Ley General del Trabajo, que ha sido ampliamente discutido por más de diez años”
“Nosotros apostamos porque de una vez sea aprobada esta ley en el Congreso.”
Esta es la posición de los actuales dirigentes de la CGTP (y, presumiblemente, de los partidos políticos a los que pertenecen).
Carmela Sifuentes sabe:
1º.- Que los únicos proyectos de Ley General del Trabajo presentados al Congreso de la República son el que salió “consensuado” del Consejo Nacional del Trabajo, que reproduce la legislación expedida por Fujimori, y el presentado por Manuel Dammert hace unos días, que es el proyecto de los “expertos”, como versión retocada del anterior “consensuado”.
2º.- Que la composición del Congreso de la República es ahora mayoritariamente proempresarial.
Por consiguiente, lo que Carmela Sifuentes quiere es que esos proyectos se conviertan en ley en contra de los trabajadores. ¡Más claro, ni el agua de un manantial serrano!
Por su parte, Mario Huamán ha anunciado que “la CGTP viene trabajando su propuesta” encargada a sus asesores (Diario Uno, 7/2/2015). Tres preguntas para los dirigentes de la CGTP: 1) si los proyectos de ley sólo pueden ser presentados por no menos de seis congresistas (un grupo parlamentario) o por alguna entidad con iniciativa legislativa ¿quiénes habrán de firmar y presentar como suyo el que la CGTP dice estar elaborando?; 2) Que posición de la CGTP vale: ¿la de Carmela Sifuentes que apoya el proyecto “consensuado” retocado o la de Mario Huamán que dice estar en espera del proyecto de sus propios “expertos”; 3) ¿cuánto del proyecto “consensuado” pasará al que estos “expertos” le harán a la carta a la CGTP?
Como quiera que sea, el panorama legal que los trabajadores tienen ante sí es borrascoso y funesto.
Cuando analicé el proyecto de Ley General de Trabajo “consensuado” señalé puntualmente sus deficiencias y amenazas y sugerí que su texto sea debatido por las bases sindicales. Como la dirección de la CGTP dijo “no se oye”, numerosas bases se movilizaron. En octubre de 2011, más de trescientos dirigentes de sindicatos y federaciones muy importantes se reunieron en un grandioso acto para rechazar el proyecto de Ley General de Trabajo “consensuado” y retocado por los “expertos”. Como una repercusión de esta manifestación, la Comisión de Trabajo del Congreso acordó dar a publicidad ese proyecto. Nunca lo hizo, pero, de hecho, el proyecto fue archivado.
Desde que la legislación laboral protectora de los trabajadores comenzó a ser precarizada legalmente en la década del noventa, mi posición fue combatir específicamente cada norma perjudicial para los trabajadores. En uno de mis artículos dije que en este asunto se debía aplicar el principio de Arquímedes sobre la palanca: cargar la fuerza sobre un punto de apoyo y actuar todos a una. Algo de esto ha sucedido con la malhadada “Ley Pulpín”. La fuerza social se fue concentrando sobre la necesidad de su derogatoria y la mayoría en el Congreso se vio obligada por conveniencias políticas a derogarla.
No se requiere remover toda la legislación laboral para cambiar las normas lesivas a los trabajadores, que son determinadas. Los abogados empresariales no han necesitado imponer una Ley General del Trabajo, sobre todo durante la década del noventa cuando podían hacer lo que les daba la gana. Les bastó sustituir algunas normas, y con eso les arrebataron a los trabajadores muchos de sus más importantes derechos para que las ganancias de los empresarios aumentaran. Luego, planearon hacerles creer a los dirigentes de las centrales sindicales que una Ley General del Trabajo podía trasladarlos a un país de ensueño. Y lo lograron. Los representantes de las centrales sindicales en el Consejo Nacional del Trabajo se tragaron la carnada, el anzuelo y el cordel. Este procedimiento empresarial ha continuado durante los regímenes de Toledo, García y Humala para arrebatarles otros derechos a los trabajadores.
A manera de muestra, voy a citar una disposición del proyecto de Ley General del Trabajo “consensuado” y retocado. El artículo X dice: “Los regímenes especiales de trabajo se rigen por la presente ley, salvo en lo que establecen sus propias normas.” Y con esto se dejaría en vigencia los regímenes de los trabajadores de las empresas con hasta 150 trabajadores, del campo y del hogar, cuyos derechos sociales están reducidos a la mitad, es decir algo más del 60% de la población laboral del Perú. Los regímenes son especiales por la naturaleza del trabajo, pero eso no quiere decir que sus trabajadores deban recibir menos que los demás. Las normas laborales son mínimos obligatorios para todos. Por lo tanto, toda norma que a ellos se refiera debería decir: “Los trabajadores de los regímenes especiales se rigen por las normas generales de trabajo. Sus normas particulares no pueden reducir el nivel de protección de las normas generales.” Una norma de este tenor no necesita estar inmersa en el farragoso texto de una ley general. Se le puede dar independientemente. El problema es que la correlación de fuerzas lo permita.
Los dirigentes de la CGTP parecen haber alquilado un altoparlante para hacer llegar sus impertinentes réplicas a sus críticos. ¿Esperan que estos discutan con ese altoparlante?
(10/2/2015)
