Por Jorge Rendón Vásquez
El diccionario de la Real Academia dice de esta expresión que es la relación de títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc. que califican a una persona.
La expresión contraria sería prontuario que, en una de sus acepciones, es la relación de antecedentes penales de una persona.
Cuando reina la corrupción al prontuario se le llama currículum vitae y califica para el ejercicio de cargos electivos y por designación, sobre todo en la heterogeneidad de entidades estatales, pero también en las privadas que se descuidan.
El currículum vitae suele ser exhibido en los concursos para acceder a algún empleo o en la postulación de algún título honorífico. Fuera de estos casos, hay situaciones singulares en que es necesario hacerlo.
Una de estas situaciones se me ha presentado ahora.
El caso es el siguiente:
Por encargo de ciertos dirigentes de la CGTP, dos escribidores están tratando de desconocer mis méritos como jurista y denostarme. En lugar de responder mi interpelación sobre su empeño en pedir la aprobación por el Congreso de la República de un proyecto de Ley General del Trabajo altamente lesivo para los trabajadores, esos dirigentes han comanditado una campaña de ataques personales. Su desopilante intención pareciera ser disuadirme de continuar mi permanente defensa de las personas que trabajan, en la actividad privada y para el servicio público.
Mi currículum vitae es bastante extenso. Lo divido por áreas: académico, en la función pública, como abogado, como autor de libros de derecho y como literato.
Creo que ahora sólo interesa mi currículum académico.
Soy abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; doctor en Derecho por la Universidad de San Marcos; Docteur en Sciences Sociales du Travail por la Université Paris I (Sorbona) y Docteur en Droit por esta misma Universidad.
He sido profesor de Derecho del Trabajo y de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos desde 1964, Decano de esta Facultad, y ahora profesor emérito. He sido profesor en la maestría y el doctorado de la Faculté de Droit de l’Université Paris-Nord desde 1988 hasta 1994. Me invitan a certámenes académicos en el extranjero.
Escribo sobre la teoría y la práctica de los derechos sociales desde 1963. Mis libros de Derecho del Trabajo, de Derecho de la Seguridad Social y de Teoría General del Derecho se reeditan periódicamente y podrían llenar un estante. Son libros de consulta de profesores, jueces, abogados, dirigentes sindicales y estudiantes de Derecho.
Gran parte de mi combate por los derechos sociales de los trabajadores se encuentra en las páginas de esos libros y en mis artículos. Allí los he definido, defendido y cierto número de ellos se han convertido en normas jurídicas y en decisiones jurisprudenciales.
Creo que basta para el efecto de este comento.
¿Qué pueden exhibir como currículum vitae los dos personajes que me atacan, José Chahua y Carlos Mejía? ¿Qué de concreto han hecho a favor de los trabajadores?
Al parecer, nada. En el ámbito del Derecho del Trabajo —que conozco bien— no existen. Y ¿si no han leído mis libros y mis artículos, cómo pueden ocuparse de mí?
Por lo que escriben se infiere que ignoran el contenido de los proyectos de Ley General del Trabajo y que ni siquiera les interesa conocerlo. Concediéndoles la hipótesis de que los hubieran leído, sus ataques a mi campaña contra esos proyectos demostrarían que están a favor de lo que en ellos se dice.
Se sabe que su mandante, Mario Huamán Rivera, transitó por una prisión, pero no como perseguido político como les ocurrió a otros dirigentes de la CGTP, sino por un hecho que ingresa en el campo del prontuario.
La pretensión de los escribidores de reducirme a su nivel demuestra su insuficiencia. Y es natural que muy pocos los lean, sin duda a causa de las falsedades que amontonan.
Este comento va dirigido a mis lectores. Es parte de mi esclarecimiento sobre la necesidad de percibir el peligro que para los trabajadores entraña un proyecto de Ley General del Trabajo que, de ser convertido en ley, consolidaría la sustracción de los derechos laborales practicada durante la gestión de Fujimori, Toledo, García y Humala.
