Por: Jose De Echave C.
A raíz del conflicto en torno al proyecto minero Tía María, un editorial del diario El Comercio reflexiona sobre el tema de la licencia social (“Licencia Tomada”, edición del 31 de marzo de 2015) y señala que “el concepto ha sido capturado por los enemigos del desarrollo minero del país”.
En el editorial se dice: “Una licencia, según el diccionario de la Real Academia Española es un “permiso para hacer algo” o el documento en el que este consta…”. “Cuando se habla de licencia social, sin embargo, el terreno de lo exigible se torna vasto e impreciso. En el contexto específico de los proyectos mineros, la expresión parecería aludir a una conformidad de la sociedad que vive alrededor del lugar en el que estos piensan desarrollarse, y cuyos límites nunca son definidos. No queda claro, para empezar, quiénes tienen derecho a opinar y quiénes no”.
Interesante discusión que merece varias precisiones. En primer lugar deberíamos reconocer al padre de la criatura: como lo recuerda Ian Thompson y Susan Joyce[1], el concepto de la licencia social para operar fue propuesto por un líder del sector minero canadiense en 1997, como un requerimiento esencial para la sobrevivencia de la industria minera en el futuro. Otro líder empresarial, Pierre Lassonde, presidente de la poderosa Newmont Mining decía: “Tu no obtienes la licencia social con una visita al ministerio del gobierno a hacer una solicitud o pagando una cuota… se requiere mucho más que dinero para realmente volverse parte de las comunidades en las cuales uno opera”(2003). Interesante definición: “volverse parte de las comunidades en las cuales uno opera”.
Son numerosas las declaraciones de empresarios sobre el concepto de licencia social. Por lo tanto, está claro que el concepto ha sido creado, propuesto, difundido y hasta supuestamente llevado a la práctica por las propias empresas mineras a partir de espacios como la Iniciativa Global de la Minería y el Consejo Internacional de Minería y Metales, creados el año 1999. Existe abundante literatura producida por estos espacios.
En efecto, licencia significa pedir permiso para hacer algo. ¿A quién en el campo minero? Pues a las poblaciones vecinas al proyecto; a los directamente afectados; a las comunidades con propiedad ancestral de las tierras. Es así de sencillo.
Y precisamente, lo que ha pasado en los últimos años en Asía, África, América del Norte, Central y del Sur, Oceanía y hasta la propia Europa, es que cuando no hay licencia social los proyectos no van: hay una larga lista de proyectos que se han trabado de manera indefinida en todo el mundo y la lista más numerosa no es la del Perú.
Ojo, no es que el concepto haya sido capturado por el enemigo. El concepto simplemente existe; lo han creado las propias empresas y si se quiere ser coherente, el concepto tiene que convertirse en práctica concreta y no solo en discurso de imagen institucional.
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[1] Ian Thompson y Susan Joyce (2013): Obteniendo una Licencia Social para Operar. On Common Ground Consultants Inc.
