Tres años después de las movilizaciones que paralizaron el desarrollo del proyecto Conga en Cajamarca, una nueva crisis ha estallado en la provincia de Islay (Arequipa); un importante sector de la población, liderado por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón,se oponen al desarrollo del proyecto Tía Maríade la empresa Southern Perú Copper.
Estas movilizaciones dejan la sensación de undéjà vu, y es inevitable preguntarse con cierto aire de incredulidad, si las lecciones del conflicto de Cajamarca, al inicio mismo del mandato del Presidente Humala, han sido realmente aprendidas. Los errores de su primer año de gestión podían ser atribuidos, hasta cierto punto, a su inexperiencia; tres años más tarde, y luego de las ricas y complejas lecciones que ha dejado la conflictividad en tiempos recientes, el problema está más bien relacionado con el enfoque predominante, la incompetencia y las evidentes limitaciones políticas del gobierno.
Son muchos los factores que explican lo que está pasando, pero queremos resaltar al menos dos de ellos: la pobre o escasa visión política del gobierno y el manejo inadecuado de los tiempos. La desastrosa experiencia de Conga enseña que, cuando un conflicto social escala hacia la escena política e involucra a actores clave en el espacio en que se desenvuelve, su gestión se torna más compleja y, desde luego, demanda arreglos políticos para su solución. Los memoriosos deben recordar que, muchos meses antes del estallido, se conocía ya de la oposición y resistencias existentes al desarrollo del proyecto, pero ni la empresa, ni el sector Energía y Minas u otras entidades públicas involucradas, adoptaron oportunamente medidas para lograr acuerdos y evitar el escalamiento; más adelante, la polarización a la que se llegó desnudó la incapacidad del gobierno para hallar y pactar una salida, y varios meses después, luego de trágicos episodios de violencia, se optó por congelar el conflicto y, en los hechos, mantener paralizado el proyecto.
El fracaso de Conga determinó en el gobierno un viraje hacia una opción más represiva, liderada por el ex–premier Valdés, bajo la convicción de que estos conflictos eran producidos por un reducido grupo de activistas que manipulaban y agitaban a la población. A los pocos meses, esta opción fracasa también en Espinar (otro caso que escaló igualmente hasta la escena política), y se produce entonces un nuevo viraje, esta vez hacia una opción que planteaba el diálogo y la prevención como mecanismos fundamentales para atender los conflictos. A partir de entonces, segunda mitad del 2012, y por diversos factores, entre ellos esta nueva estrategia, el país no conoció situaciones comparables en su escalada y violencia.
Es así que, a fines del 2013, y luego de algunos años del conflicto inicial, en un período de relativa calma, Southern retoma en Islay el proceso, realizando los talleres de presentación a la población de los nuevos estudios de Tía María. Mediante un buen manejo de los eventos por parte del MINEM, y con un hábil apoyo policial, se logró neutralizar los intentos de los no pocos opositores que, bajo la gestión del gobierno del Presidente Alan García, habían conseguido detener el proyecto. Esta suerte de triunfo de corto plazo, explica justamente la derrota que el gobierno y la empresa están a punto de experimentar.
La confianza en los resultados de los talleres influyó al parecer en la decisión de no instalar, en ese momento, la mesa que hoy el gobierno busca a toda costa poner en funcionamiento, habiendo desperdiciado un tiempo valioso; más grave aún, pocos dentro de la administración Humala previeron que los opositores iban a tener éxito en la arena electoral. En los tres distritos mencionados, los candidatos que triunfaron en las elecciones municipales de octubre pasado fueron líderes con un discurso claramente opuesto al desarrollo del proyecto minero, sin que los partidarios del mismo en la sociedad civil (que sin duda los hay) fueran capaces de organizarse y disputar también en ese plano. Son estas nuevas autoridades las que están encabezando las movilizaciones y prácticamente han convertido el conflicto en un problema regional, involucrando a otras fuerzas e incluso a lagobernadora regional (partidaria del proyecto pero con licencia social).
Así, estamos ante un conflicto que llegó a la escena política y es allí, al parecer donde tendrá que resolverse. En la mirada tecnocrática, hoy hegemónica en el gobierno, se abriga la expectativa de que explicando los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ofreciendo inversiones sociales, se logrará desescalar el conflicto y continuar con el proyecto. Esta visión olvida la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años, no es precisamente muy positiva.Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza(recordemos la estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de Conga). Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan antes a intentos de comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de pobreza, donde existe unimportante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perdermásante una eventual deterioro del valle por la minería.
El uso hábil de las herramientas manejadas por expertos conflictólogos no pondrá fin al problema. La salida más viable sería entonces una de carácter político, un arreglo entre el Estado, las empresas y las fuerzas opositoras y partidarias del proyecto, que sin perjuicio de las inversiones sociales que hayan de realizarse, establezcan mecanismos de vigilancia ciudadana a la actividad minera y un instrumento efectivo e inmediato de compensaciones y mitigaciones de eventuales daños, a partir del supuesto, claro está, de que el proyecto pueda convivir con la actividad agropecuaria local.
descoOpina / 10 de abril de 2015
