Raúl Wiener
Se reinició la temporada de cacería fiscal-policial contra algunos peces gordos de la corrupción, como no ocurría desde los tiempos de Paniagua, y entre los que se encuentran ahorita en plena cana está nada menos que el exjefe de los Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, destituido ominosamente en octubre de 2011, luego de una triste presentación ante el Congreso, con la que cerró una larga etapa de dominio sobre ese organismo, respaldado por el anterior gobierno aprista.
La importancia de esta denuncia y captura, estriba en que lo que se va a probar ante la Justicia es que las falsificaciones de propiedad y los despojos a personas con legítimos derechos, en nombre de la “fe registral”, no ocurrían porque uno u otro registrador se prestaba al juego sucio, con recompensa de por medio, sino que todo el sistema estaba comprometido y degenerado desde la cúpula hasta abajo. Lo que permitía que algunos registradores fueran siempre los encargados de casos críticos, en los que se inscribían cambios de propiedad arbitrarios, que luego eran resueltos judicialmente con el argumento de que se había tratado de adquisiciones de “buena fe”.
A Delgado Scheelje lo denunciamos muchas veces en este diario y advertimos que su reemplazo (su amigo y socio Jorge Ortiz Pasco) no era sino más de lo mismo. En realidad, la vocación burocrática de Humala lo llevó a hacer jefes a los subjefes, aún a pesar de que la corrupción había probablemente pasado por estos también. Por eso, hasta hoy, los Registros Públicos siguen siendo una olla de grillos y la caída de Álvaro Delgado solo indica que hay mucho más que escarbar.
Las consecuencias de que el jefe de Registros, que hacía y deshacía en lo que consideraba su feudo, beneficiaba a sus amigotes y despedía a los miembros del sindicato, fuera además el enlace con la mafia de falsificadores de Orellana que se apropiaban de terrenos y edificaciones, cambia radicalmente la idea acerca de por qué habían tantos registros trampeados. La entidad llamada a brindar seguridad jurídica y credibilidad a la población, hacía todo lo contrario y su máxima autoridad era el gran paraguas de una profunda descomposición moral en desarrollo.
Si vamos a hablar de narcoestado, falsificoestado, roboestado, etc., que nos afecta por todas partes, no hay más remedio que referirse a que el sistema de controles autónomos que fue previsto por la Constitución para reforzar el equilibrio de poderes, con jefes indiscutidos e indiscutibles, y amplia capacidad de decisión, ha fracasado e instituido reyezuelos que se aseguran beneficios propios y de grupo, y que eventualmente pueden estar directamente comprometidos con la corrupción.
Los Registros Públicos, la Contraloría, el Ministerio Público, la OSCE, y tantas otras entidades “descentralizadas” son tierra de nadie, con jefaturas que nadie fiscaliza y que manejan no solo presupuestos espectaculares, sino poderes que son un peligro para la sociedad cuando son mal utilizados. Lo de Delgado Scheelje es un buen paso. Que sigan otros.
11.05.15
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