Por: Sociólogo XXX
“Cuando uno está en un agujero lo primero que debe hacer es dejar de cavar” (Bill Clinton)
“Si la fregó el gobierno, ahora tiene que ceder, tiene que bajar la cabeza y pedir perdón” (Juliana Oxenford, periodista)
“Si se rompe ya sabes qué, se rompe todo” (Pepe Julio Gutiérrez, dirigente del Valle del Tambo)
“Al EIA que debió pasar bajo el duro escrutinio del sector, el UNOPS le encontró 138 observaciones. El haber traído nuevamente un experto externo técnico que diga que este segundo EIA es correcto o incorrecto hubiera servido para ganar credibilidad por parte del MINEM.” (Giselle Huamaní, experta en conflictos sociales).
“Hay que fortalecer más a la Oficina de Diálogo, pero requiere una base legal para que el Estado le diga a la empresa ‘yo te voy a garantizar una buena inversión, yo no quiero que te demores ni pierdas, pero me tienes que dar la potestad para darte las condiciones, que yo me haga cargo de la relación con la comunidad’” (José Luis López, experto en diálogo).
Las primeras planas de los diarios capitalinos informaron así este domingo respecto a la última decisión del gobierno frente a las protestas de la provincia de Islay: Las Fuerzas armadas (1,000 o 2,000 efectivos, según el medio informante), durante un mes, toman/recuperan el control en la zona, pondrán orden o hasta que van a solucionar el conflicto de Tía María. Lo cual revela una confusión mediática en cuanto al rol que van a jugar las tropas militares en Arequipa, supuestamente ahí sólo como refuerzo de la labor de la policía. Labor hasta ahora infructuosa, pese a ser ya 5,000 efectivos policiales en la zona, donde ya han fallecido tres compatriotas, un agricultor, un obrero de construcción civil y hasta un policía, lo cual ha agudizado el conflicto social y el rechazo al proyecto y el rol del gobierno en el mismo (Incluso Construcción Civil rechaza ahora el proyecto). Lo peor sería que esta medida sea contraproducente y termine agudizando aún más el malestar social; no menos malo para el gobierno sería que esta medida no sirva de mucho para darle viabilidad al proyecto. Y es que poner orden en Islay no es lo mismo que garantizar que “Tía María va sí o sí”, algo cada vez más lejano en este periodo, según numerosos analistas en cada vez más medios de comunicación.
En principio, es imposible construir y llevar adelante un proyecto de inversión con la permanente tutela militar-policial, por más importante que fuera, al margen de los sobre costos que ello implicaría para Estado o empresa (Con las FF.AA., bromeó un funcionario público, hasta Conga podría ir). Hace mucho Maquiavelo escribió, en lo que luego sería la Italia unida de hoy, acerca de si era preferible que el Príncipe sea amado o temido, concluyendo que lo mejor era primero ser temido, pero no odiado, y luego amado. Medio milenio después, las cosas han cambiado, y en un mundo globalizado y permeado por el discurso de los derechos humanos, en una democracia legítima ya no cabe ni siquiera ser cruel con los líderes de los grupos opositores. Hoy en día, ser temido u odiado por los ciudadanos/ gobernados no sirve para ganar votos ni garantizar gobernabilidad ni, menos aún, gobernanza, y se puede convertir en irrespeto al gobernante y las reglas de juego del régimen democrático, así como a la empresa minera implicada, como suele suceder en casos de un conflicto socioambiental en plena escalada de violencia. Esto último preocupa en demasía a la Sociedad Nacional de Minería, como ya lo expresó su presidente recientemente.
De ahí que otra medida a la cual se ha apelado, para articular un consenso/”amor” ciudadano alrededor de la minería, son algunas encuestas realizadas a nivel nacional o regional, arrojando un aparente respaldo de la opinión pública mayoritaria al proyecto Tía María, como la publicada recientemente por El comercio. Esta encuesta de IPSOS señaló que de la “población informada” (55% de los 400 encuestados en la región sureña), 51% está a favor y 42% en contra del proyecto minero, por una serie de razones. Sin embargo, el diario presentó los resultados de manera sesgada, aduciendo que los arequipeños le dan un “fuerte respaldo” al proyecto, como lo señalaron algunos científicos sociales.
Volviendo a la coyuntura de Islay, las respuestas inmediatas de algunas personalidades destacadas fueron que esa medida podría amenazar el Estado de derecho (un jurista) o hasta generar más violencia (Keiko Fujimori y un militar retirado), mientras que la asamblea del Valle del Tambo se ratificaba en su decisión de ir al paro regional en unos días más. Esto, pese a la revelación de los 4 audios del dirigente Pepe Julio Gutiérrez negociando con un abogado arequipeño el cese de las protestas contra el proyecto minero a cambio de jugosas lentejas verdes (un millón y medio de dólares), revela que la medida del gobierno no despierta el entusiasmo de todos los sectores ni parece haber hecho mella en la organización social opuesta a Tía María. Organización que no ha dudado en ratificarle su apoyo al dirigente de los ahora llamados “Pepe audios”, al margen de los cuestionamientos, justos o no, de parte del gobierno, organizaciones y analistas. Es decir, de momento sigue pisando en falso la estrategia oficial de pretender salvar aún el proyecto mediante la razón de la fuerza legítima y la deslegitimación de la dirigencia “antiminera”, con el notable respaldo de la prensa limeña. Si bien varios analistas señalan que cabe investigar y hasta sancionar, si lo merece, a dicho dirigente social, al igual que a la minera, por encubrimiento, tal parece que la protesta social no podrá ser desactivada sólo descabezándola, por más que el escándalo salpicara al principio a alcaldes y otros dirigentes, que ya han procurado distanciarse de Gutiérrez. Ni siquiera Marco Arana, presidente de Tierra y Libertad, agrupación política de Gutiérrez, puso las manos al fuego por él y, con el respaldo de su partido, exigió que se investigue a todos los involucrados. El problema es que si bien la dirigencia social mantiene su legitimidad a nivel local y hasta regional (salvo para la gobernadora), ésta ya no es reconocida por el gobierno central, como lo ha señalado la ministra de Energía y Minas, trasladando el poder de elegir a los nuevos interlocutores locales del diálogo a la gobernadora regional, que desde hace unas semanas ha estado lanzando algunas críticas al gobierno. Siendo así, un primer duro escollo a superar sería la reconstrucción del dialogo articulado y legítimo respecto al proyecto minero. Lo cual no parece que será rápido, dadas las circunstancias políticas y sociales.
Ante esta difícil situación, atrapado el gobierno entre no desear detener el proyecto minero ni poder caer en la represión total de los descontentos, se levantan varias voces reclamando la suspensión del proyecto (congresistas Verónica Mendoza, Mesías Guevara y Manuel Dammert y Colegio de Abogados de Arequipa) o convocar a la UNOPS (presidenta regional Yamila Osorio) u otro ente o persona digno de crédito (Giselle Huamaní) para re evaluar el EIA. Por lo pronto, sigue en cuestión el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María y las posiciones de los actores del conflicto se mantienen tal como desde el principio (es decir, desde el 2009), a favor o en contra del proyecto, sin que ninguno de ellos pretenda dar su brazo a torcer. Algo que se vería públicamente como señal de debilidad del que ceda, dada la polarización de las cosas. Los nubarrones sobre Islay no se despejarán, y el nudo de este conflicto social seguirá desafiante, mientras persistan los auto encasillamientos y posiciones irreconciliables, prolongándose aún más la tensión que ya dura casi dos meses en Islay y, eventualmente, en Arequipa.
12.05.2015
