Escribe: Milciades Ruiz
Hay quienes creen erróneamente que las comunidades campesinas son organizaciones de origen incaico. Pero ni en el Tahuantinsuyo, ni en el virreinato existieron tales entidades. El desconocimiento histórico ha hecho ver a muchos en estas formaciones una especie de comunismo incaico que nada tiene que ver con esta doctrina. Tampoco se trabajaba la tierra en común en los pueblos prehispánicos. La agricultura prehispánica siempre fue familiar como hasta ahora en su mayor parte.
También se cree que el “varayoc” o alcalde de vara es de origen nativo, cuando en realidad fue una burda imitación de una usanza española. Se implantó como represalia debido a las constantes rebeliones lideradas por los curacas o caciques nativos, siendo la más alarmante la de Túpac Amaru II. La dominación virreinal suplantó la autoridad de estos líderes nombrando en su reemplazo a los alcaldes de vara a fin de quitarles mando a los caciques. Esos alcaldes de vara eran designados por el abusivo corregidor entre los nativos más adulones traidores de sus pueblos.
Estas equivocaciones han conducido a errores políticos que han causado daños irreparables precisamente a los indígenas a los cuales se pretendía defender. A través de la historia, ha sido la izquierda la que más ha contribuido a que este daño perdure hasta nuestros días. De buena fe han condenado al ostracismo a gran parte de la población ancestral enclaustrada dentro de un modelo de origen tirano que después de más de cuatro siglos, muestra desgarradores índices de degradación humana incompatible con la modernidad a la que siempre se le negó acceso bajo una falsa protección.
Mientras el mundo ha evolucionado incesantemente hacia la modernidad, las comunidades andinas fueron condenadas a vivir en estado primitivo para exhibirlas como vestigio incaico, como restos antropológicos. Esta perversa aberración se mantiene en la mentalidad de muchos y hasta en los propios comuneros equivocados aunque también hay quienes trafican con esta desgracia para sacar provecho personal.
Los restos arqueológicos son protegidos por las leyes y se los conserva como joyas históricas inertes, pero si este criterio se aplica a los grupos antropológicos ancestrales supervivientes podría ser interpretado como una vileza repudiable y contraria a los derechos humanos. ¿Aceptaríamos para nosotros y nuestros hijos que nos hagan esto dejándonos en vitrina como reliquias vivientes del pasado?
Las comunidades campesinas no son el paraíso incaico como se cree sino agrupaciones sociales postergadas donde impera el atraso de siglos de dominación abusiva y cruel. Aun en la actualidad se practica la agricultura con herramientas prehispánicas como la “chaquitaclla” y a lo sumo, arados de palo estando ya en el siglo XXI. Muchas comunidades campesinas se han creado cuando Alan García repartía cheques en los “Rimanacuy” con sumas de dinero cuyo valor desaparecía luego con la devaluación e inflación galopante.
Se ignora que en las comunidades campesinas los pícaros lucran con la ignorancia de los más humildes. Allí prima la posesión privada informal como parcelas individuales que los comuneros trabajan familiarmente. Lo colectivo solo es ocasional pero no cotidiano. Se desconoce que hay comuneros fantasmas y las parcelas son alquiladas a terceros y hasta a los mismos comuneros.
Hay pues mucho que aclarar sobre esta temática pero lo primero que hay que descartar es su origen incásico. Lo que los conquistadores españoles encontraron fue una organización social sobre una base genealógica ancestral constituyendo grupos étnicos denominados “ayllus”. Estos se habían formado desde tiempos remotos cuando los pueblos sedentarios primarios se fueron desmembrando ante las dificultades alimentarias que acarreaba el aumento de sus miembros.
Grupos iniciales conducidos por un líder llegaban a diversos valles y cuencas creando aldeas madres y sub aldeas unidas por lazos ancestrales que se perdían en el tiempo quedando los fundadores del ayllu como seres mitológicos porque no había historia escrita. El ayllu de ingas Tocay Capac y la leyenda de Manco Cápac que salió del lago Titicaca para fundar el Cusco y muchas otras tienen ese sentido. Así surgieron en el Ande los ayllus de los Huamán (alcones, águilas), Pomas (pumas), Condoris (cuntur), Amaru (serpiente) y otros apellidos troncales ancestrales.
De la conjunción de ayllus y la expansión guerrera se formaron grandes agrupaciones étnicas como: Los moche, chancas, huancas, chachapoyas, quechuas, aimaras, etc. El tronco ancestral de los Cápac se expandió conquistando diversos pueblos nativos hasta constituir el Tahuantinsuyo. Hasta Huayna Cápac perduró este apellido.
Los conquistadores destruyeron la organización estatal incaica y la convirtieron en una sucursal del Imperio español o virreinato. Con tal fin, impusieron leyes y ordenanzas para reorganizar la estructura social y económica en función a los intereses de la monarquía española.
Por disposición de la corona española, el Virrey Toledo formalizó en 1568 el establecimiento de reducciones de “indios”, llamados así al persistir el error de considerarlos como habitantes de la India. Estas reducciones o concentraciones obligatorias se hacían como juntar ganado disperso en un solo lugar. La finalidad era facilitar la dominación sobre los nativos, el cobro de tributos, controlar la “mita” o cuota familiar para las minas, catequizarlos como católicos, etc.
Los ayllus fueron forzados a desplazarse y conformar asentamientos marginales cerca de los poblados que iban creando los conquistadores. En este nuevo ordenamiento territorial y administrativo se permitía que los nativos tuvieran cabildo o asamblea para resolver los asuntos creados por la nueva situación y organizarse de acuerdo a sus costumbres ancestrales como era el caso del uso de las tierras que se les asignaba, elegir el interlocutor representativo y organizar sus faenas agrícolas.
La adaptación fue dramática pero con el transcurso del tiempo se creó un nuevo modo de vida en común para los nativos al no tener otra alternativa pues jamás recuperaron la vida independiente de ayllus ancestrales con territorio propio. En el poco margen que les dejaba el colonialismo se reorganizaron y mantuvieron parte de sus costumbres ancestrales que por la fuerza tuvieron que mezclarlas con las costumbres impuestas por la dominación como la religión, vestimenta, etc. Para los colonialistas dichas reducciones de “indios” solo eran suburbios marginales.
En estas condiciones llegaron a la república que lejos de revertir el proceso mantuvo el régimen de oprobio soportando estos asentamientos humanos toda clase de abusos despóticos. Los colonialistas pasaron a ser republicanos y los súbditos nativos en vez de tributar en favor del rey en adelante tenían que hacerlo para el Estado gobernado por sus opresores. Por ello, el régimen social que arrastraban desde la colonia no fue cambiado quedando atrapados en el tiempo, sobreviviendo con sus prácticas ancestrales.
Esta desgracia fue institucionalizada con la Constitución de 1920 que reconoció legalmente a dichos asentamientos humanos como “comunidades indígenas” pero sin cambiar la condición de islas sociales marginales. Solo desde entonces y no antes, se utilizó esta designación falsamente interpretada posteriormente. Pero se les puso un cerco jurídico que les impidió el escape a la integración nacional bajo el supuesto de protegerlas. De esta manera, lo que fue un abuso de la dominación virreinal se legalizó en la república. En vez de liberarlas las enjaularon.
La Constitución de 1933 declaró que la propiedad de las comunidades indígenas era imprescriptible, inajenable e inembargable, poniéndole candado a la carcelería de las mismas, condenadas a vivir como en los tiempos de la conquista cortándoles las alas al progreso. Todos los peruanos tenían derecho a la libertad de disponer de sus bienes pero no dichas comunidades. No podían ser sujetos de crédito para ningún negocio ni garantizar con sus bienes para adquirir bienes de capital para sus faenas, como sí lo podían hacer los gamonales.
Con el gobierno de Velasco, se cambió la denominación de comunidades indígenas por el de comunidades “campesinas” y se trató de incorporarlas al mundo empresarial creándose las Sociedades Agrícolas de Interés Social- SAIS. Muchas de estas empresas eran envidia de los empresarios urbanos tradicionales porque movían más dinero que muchas sociedades anónimas. Grupos de extrema izquierda y terroristas políticos destruyeron estas empresas alentando el regreso a lo comunal. Muchos gerentes y técnicos fueron asesinados con crueldad.
Ello no mejoró la situación económica de las mismas y a pesar de haber recuperado sus tierras su problemática siguió siendo la misma. La Constitución de 1979 estableció que las tierras de comunidades campesinas eran inembargables e inalienables, pero esto ya no rige a partir de la Constitución de 1993. Sin embargo, todo sigue igual y nadie se da por enterado como si hubiera resignación por esta fatalidad. De nada sirvieron los grandes congresos multitudinarios manipulados políticamente con arengas líricas radicales pero estériles.
En la actualidad, no hay impedimento para para que las comunidades campesinas tomen la decisión de disolverse, parcelarse en propiedades individuales o convertirse en empresas comunales, cooperativas, etc. Pero tropiezan con el bloqueo de la información, la manipulación política y otros obstáculos que les impide liberarse del estado arcaico en que se encuentran. Muchos trafican políticamente con el falso apoyo a las comunidades y hay influyentes a los que no les conviene que estas organizaciones salgan del atraso.
Los comuneros son dueños del todo en la comunidad pero al mismo tiempo no son dueños de nada sino de sus cosas personales. Si se retira no recibe nada. Para ellos no existen las leyes sociales de jubilación, ni seguro de salud, menos gratificaciones, ni CTS ni nada. Esto lo conocemos pero nadie se conduele de ellas y nuestra sensibilidad social se ha vuelto indiferente tomando como normal el sufrimiento de estos compatriotas. Nadie se conduele de ellos. Peor aún, todavía persiste el pernicioso engaño.
Las comunidades con título de propiedad ya pueden repartir la propiedad entre sus miembros independizando lotes individuales. Pero también tienen varias posibilidades de conversión empresarial tanto como empresas comunales, multicomunales, cooperativas, o asociándose con otras empresas, sean privadas, públicas o mixtas. Pueden constituirse como sociedades anónimas con accionariado difundido con certificados de propiedad como accionistas de empresas mineras, industriales, transportistas, etc.
Muchos desconocen esta opción y el procedimiento a seguir. En esta situación se encuentran 1’385,221 familias que viven en 6,115 comunidades campesinas ocupando una superficie territorial de 19’888,190 hectáreas (51.3 % de la superficie agropecuaria nacional). La superficie agrícola para cultivos es apenas 636 309.38 has. Las parcelas bajo riego no llegan ni al 10% pues en su mayoría están supeditadas a la presencia o carencia de lluvias.
El 75% de las comunidades campesinas se encuentran en el sur que es la parte más atrasada y pobre del país; Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Junín y Apurímac fundamentalmente (71,3%). El 25% de las comunidades en el resto del país. De las comunidades censadas en el 2012, declararon estar inscritas en Registros Públicos 4,393 (88.0%).
La mayoría de comunidades campesinas (52.7%) tienen unidades agropecuarias por más de 1000 has. Un 26.7% de 3,000 has a más (81.7% de las tierras comunales). Paradójicamente, en estas prima el minifundio parcelario. En todas estas, solo una pequeña parte es apta para cultivos. La mayor parte es agreste cubierta por pastos naturales y páramos cordilleranos o jalca. Las comunidades extensas tienen anexos, barrios, estancias y/o sectores. A pesar de todo, hay todavía unas 79 comunidades campesinas que conservan la organización por ayllus o grupos ancestrales.
Del total de comunidades que reportaron información censal, el 75% de estas (2,031) se dedican a actividades agrícolas fundamentalmente, un 57.2% (1,539) a labores pecuarias, aunque también en muy pequeña escala hacen explotación forestal, comercialización, artesanía, turismo, minería y agroindustria casera.
En las comunidades censadas en el 2012 existían 918,468 comuneros inscritos en los padrones comunales. Muchos de estos, viven en la ciudad en otras ocupaciones pero se mantienen como comuneros ausentes en la comunidad conservando derechos, alquilan su parte o utilizan yanaconas. Esta es una irregularidad aceptada en muchas comunidades. Incluso 1,004 (20.1%) comunidades declararon haber arrendado tierras agrícolas y no agrícolas a comuneros, empresas y a particulares.
La información del censo del 2012 reporta que en las comunidades existen realmente 1’385,221 familias residentes, de las cuales el 61.3% (848,775 hogares) son hogares de comuneros inscritos en la comunidad y un 38.7% (536,446) hogares de no comuneros domiciliados en la comunidad.
Además de los problemas estructurales de la dominación y de políticas agrarias adversas al agro en su conjunto, las comunidades campesinas soportan muchos problemas agudos sobre todo con relación a los recursos naturales y los hídricos en primer lugar. En ese sentido, el 14.7% (734) de comunidades señalaron tener problemas con las empresas mineras y 1.4% (69) con la explotación y exploración de hidrocarburos. Pero también muchos problemas de distribución del agua de riego entre comunidades, entre comuneros y con terceros.
La pobreza es generalizada y aunque en la mayoría de comunidades campesinas pueden hablar el español la preferencia la tienen las lenguas nativas. Los niños aprender a hablar en estos idiomas pero es chocante cuando tienen que acudir a la escuela y a comunicarse fuera del hogar en un idioma al que no están acostumbrados. Tienen problemas de aprendizaje y hay un alto índice de deserción escolar.
El nivel educativo de los presidentes de las comunidades es crucial para la gestión de la comunidad. Si tienen bajo nivel educativo no tienen posibilidades de mejorar y cuando tienen altos niveles se aprovechan del cargo para obtener ventajas personales a costa de los demás. El último censo encontró que el 42 % de los presidentes solo llegaba a un nivel educativo de primaria incluyendo analfabetos (1%) aunque un 27% tenía nivel de secundaria completa.
Los gobiernos regionales son indiferentes al drama de las comunidades campesinas y aun cuando este sector campesino es mayoritario las autoridades no las toman en cuenta a la hora de definir planes, presupuestos y proyectos. Las autoridades regionales tienen mucho dinero pero en vez de orientarlo al sector más necesitado y promover las inversiones agrarias prefieren realizar grandes obras de construcción que reportan beneficios por corrupción.
Algunos gobiernos regionales incluso separan presupuesto para el agro regional pero no llegan a ejecutar ni la tercera parte de lo presupuestado. Revisen los presupuestos regionales y constatarán esta dura realidad. En estas condiciones estructurales y de gestión gubernamental, las comunidades sobreviven como pueblos fantasmas. Su producción es mayoritariamente de autoconsumo y no para el mercado.
Si no hay ventas ni compras, no hay movimiento económico en el pueblo y todo es silencio sepulcral. ¿Entonces, de donde obtienen sus ingresos para cubrir las necesidades mínimas? ¿De dónde sacar el dinero para la educación de los hijos, para los útiles escolares, para curar las enfermedades, para adquirir tecnologías productivas? Son economías muertas que solo generan aislamiento, pobreza, atraso, desgracia y fatalidad.
Concluyendo y después de haber mostrado algo de la realidad de las comunidades campesinas, ¿No les parece degradante mantener a las mismas en el estado anacrónico en que se encuentran? O seguiremos alentándolas a que permanezcan en el pasado tan solo para mostrarlas en vitrina como rezago de nuestra cultura ancestral. Pongámonos en el caso de los comuneros más humildes que son los que más conservan dicha cultura y comparémosla con nuestro sistema de vida. ¿Les parece justo?
Hagamos consciencia de esta cruda realidad y la autocrítica correspondiente. Este falso modelo ancestral no ha dado resultado favorable a través de varios siglos. No hay razón para seguir manteniéndolo. No genera prosperidad económica ni social. Nada justifica dejarlas como están. Seamos consecuentes con nuestros ideales y postulemos la redención de las mismas. Libertad para las comunidades campesinas. Libertad económica y emancipación social para ellas. Rompamos las cadenas de su postración.
Mayo 2015
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
