Por Luis Alberto Salgado T.*
No, señores, los Comandos Chavín de Huántar no están siendo juzgados -ni serán juzgados-, en ningún tribunal, ni por ningún juez del Poder Judicial en el Perú, ni del poder judicial de ningún país. Y tampoco serán juzgados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en San José de Costa Rica. No, señores, ninguno de esos comandos, ni sus oficiales -que en abril de 1997 realizaron un exitoso operativo militar en la residencia del embajador japonés en Lima- , serán sentados, NUNCA, “en el banquillo de los acusados” en el Perú, ni “se pretende juzgar a héroes en el banquillo estigmatizador de la Corte IDH”, ni de ninguna corte del mundo,como repiten neciamente algunos por ahí con absoluta mala fe para crear zozobra y ver si logran objetivos hasta hoy inconfesados. No existe ninguna posibilidad de ello, y los que están detrás de esa mendacidad monumental, que tiene los visos de una conspiración, lo saben muy bien.
Tampoco es, como dijo en algún momento, el señor Ollanta Humala (recordemos que es presidente del Perú), sumándose a ese histriónico rasgado de vestiduras para suscitar indignación en base a una mentira repetida, que “juzgar a los comandos es característico de la poca importancia que les damos a los héroes militares”. Y en este punto, ya no es posible pensar, que el presidente se expresa así porque ignora cómo funciona el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya debe estar perfectamente al tanto de ello.
Pésima estrategia del Estado peruano: Cateriano y Jiménez Mayor deben rendir cuentas
Pues, a pesar de conocer bien la función y fin específico de la Corte de San José, así como la demanda de la Comisión Interamericana de DD.HH. al respecto, y de conocer, en lo fundamental, lo que ocurrió en la sede diplomática japonesa en 1997 y, por ende, tener la certeza que los Comandos Chavín de Huántar no habían cometido ninguna ejecución extrajudicial contra ningún terrorista del MRTA y que la Corte JAMÁS enjuiciaría a ningún Comando, el ministro de Justicia de ese momento -diciembre 2011-, Juan Jiménez Mayor (luego premier y hoy representante en la OEA) y la persona que finalmente fue designada agente del Estado para este caso ante la Corte Interamericana, abogado Pedro Cateriano, (nombrado luego ministro de Defensa y hoy premier y cuyo estudio de abogados recibió en ese momento miles de dólares del Estado en pago por honorarios profesionales aparte de gastar innecesariamente recursos públicos en viajes y viáticos), optaron paulatinamente la insólita estrategia de decirle al país que se pretendía juzgar a los comandos Chavín de Huántar y que ellos saldrían en su defensa, mientras comenzaban a negar y contradecir lo que el proceso, las evidencias, testigos claves, la Fiscalía y el Poder Judicial, iban determinando en sede nacional: que, efectivamente, había habido, por lo menos, una ejecución extrajudicial pero en la cual los Comandos no tuvieron nada que ver pues ello ocurrió luego de culminado el operativo Chavín de Huántar. Inventaron una tormenta en un vaso de agua.
En el 2011 habían transcurrido más de 14 años desde la fecha de los sucesos. Hoy son más de 18 años y es evidente que, como Estado, el Perú ha incumplido con su deber de investigar y sancionar a tiempo un delito denunciado, y ello es evaluado por la Corte de San José. Y algo que debió resolverse de manera sencilla simplemente ateniéndose al curso de las investigaciones y del proceso judicial y presentar ello oportunamente ante la Corte de San José, ha sido convertido por los mismos funcionarios del Perú, por motivaciones políticas, en un espectáculo vergonzoso que deriva en un reiterado y conocido escenario de diatribas y ataques contra el sistema de defensa de los derechos humanos, dentro y fuera del país, más allá de que en este caso la presunta víctima sea un terrorista rendido del MRTA. Importante en este punto tener presente que en el 2012 la Sala Penal en el Perú concluyó que el emerretista Eduardo Cruz (alias Tito) fue capturado vivo y luego apareció muerto de un balazo. Y junto con esa comprobación se hizo evidente también que ninguno de los Comandos ejecutó al terrorista que había sido capturado. Fueron otros individuos con otros jefes.
Utilizar a los Comandos Chavín de Huántar afirmando que se les juzgaba a ellos
Pero lo más grave de esa posición oficial asumida internacionalmente en representación del Estado peruano, es que para prometer una “victoria legal” al presidente de la República, ante la Corte de San José, se ha persistido a lo largo de los años en la especie absurda, insubsistente e injusta de sostener que la persecución judicial es…contra nuestros Comandos Chavín de Huántar, que, como hemos visto, no existe. Titulares periodísticos de cierta prensa -que buscan indignar a la ciudadanía en base a mentiras- y declaraciones provenientes de sectores extremistas coadyuvaron con esa estrategia oficial absolutamente innecesaria y malsana que han llevado a cabo procuradores y abogados ante la Corte Interamericana, por decisión tomada al más alto nivel del gobierno.
Así, lo que pudo, y debió tener, un desenlace lógico y que coadyuvara a la imagen del Perú como país que cumple sus compromisos mientras sanciona a delincuentes y criminales en el marco de la ley y el debido proceso, y mientras combate a las organizaciones terroristas con la fuerza y las armas de la ley, se ha convertido hoy en un caso de seguimiento cercano por parte de la Corte cuyos magistrados, al igual que los miembros de la Comisión Interamericana, están perfectamente conscientes que algo extraño subyace al más alto nivel de gobierno del Perú que conduce a un comportamiento errático de sus representantes ante el máximo organismo de Derechos Humanos de América.
Lecciones no aprendidas
Lo acontecido en el caso Chavín de Huántar llevado ante el Sistema Interamericano es una demostración clara y prueba contundente sobre lo mal que se hacen las cosas en el país. Desde la existencia de grupos de aniquilamiento ilegales que descienden a la barbarie, igual que los grupos terroristas, con asesinatos y violaciones que nos envilecen como Estado y como sociedad, pasando por el encubrimiento sistemático a lo largo de los años de esos actos criminales. Esta forma de gobernar y de administrar los asuntos del Estado y del país no se limita a asuntos y casos de derechos humanos ante el Sistema Interamericano sino que se practica en todo ámbito de la administración del Estado incurriendo, una y otra vez, en prácticas conspirativas que nos mantienen en un círculo perverso de mediocridad, encubrimientos y gestión sin transparencia de los recursos del Estado. La ciudadanía debe exigir rendición de cuentas sobre ello a quienes temporalmente ejercen el poder pues sólo allí está el inicio de la recuperación nacional.
Lima, 26 de junio, 2015
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