César Lçevano
No anda derecho el derecho en el Perú. Lo demuestra la decisión de Tercera Sala Penal Liquidadora de declarar que los petroaudios y los miles de correos electrónicos del escandaloso negocio petrolero proyectado para enriquecimiento ilícito son pruebas ilícitas al haber sido obtenidas de modo ilegal.
Como ha señalado el jurista Víctor García Toma, exministro de Justicia, ese fallo judicial puede servir para que Vladimiro Montesinos, el siniestro colaborador de Alberto Fujimori, pida la revisión de su proceso y salga en libertad.
Directamente favorecidos por el fallo son Rómulo León y Alberto Químper, quien calificó de “faenón” la hazaña de otorgar concesiones petroleras al margen de la ley y con perjuicio para el Estado. El entonces premier Jorge del Castillo estaba involucrado en el negociado, por lo que tuvo que renunciar al premierato.
Eran los días en que Del Castillo no ocultaba su deseo de ser candidato a la presidencia de la República, para lo cual buscaba acumular fondos y anudar lazos económicos con medios de comunicación y periodistas.
En este caso entran en juego no solo los procedimientos respecto a los petroaudios. Hay una cuestión de principios. Si se dirimen asuntos de interés nacional y las pruebas acusatorias consisten en grabaciones, esas pruebas son válidas. Podría ser el caso de un espía antiperuano desenmascarado en un diálogo telefónico o electrónico.
Cabe recordar los vladivideos, cuya revelación condujo a la caída de Montesinos y su carnal Fujimori. El propio asesor de Fujimori había instalado un dispositivo que filmaba la entrega de fajos de miles de dólares a políticos y directivos de medios de comunicación.
¿Era ese un recurso legal? No, no lo era. Pero era lícito. Así lo estimaron el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.
Cabe recordar que algunos países admiten expresamente la validez de audios, aunque no hayan sido grabados con autorización de un juez. Porque, en el fondo, lo que debe defender el Poder Judicial es la justicia, la verdad y el bien público.
El doctor García Toma ha precisado que el fallo de la Tercera Sala Penal Liquidadora favorecería no solo a Montesinos. Muchos personajes hoy en la cárcel por delitos graves cometidos en la época del fujimorato deben de estar programando su libertad.
También la señora Nadine Heredia puede resultar favorecida, puesto que las agendas que se le atribuyen no han sido obtenidas por medios legales.
Lo que muchas decisiones judiciales demuestran es que el camino más corto para burlar la justicia es la impunidad.
Diario UNO, 23.09.2015
