Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Aunque la Constitución consagre que todos somos iguales, en realidad no lo somos. Ni el autor de esta columna, ni usted amable lector como tampoco el señor Juan Pérez tendremos igual carga ni relevancia jurídica en el Estado a la que ostenta el presidente de la República. Lo diré de otra manera. Ninguno de los más de 30 millones habitantes personificamos a la Nación peruana.
Este es un atributo exclusivo del jefe del Estado. Esta razón es el argumento central para sostener que el primer mandatario en el cargo solo puede personificar a un Estado y nunca jamás a dos, tres, etc. Por tanto, que el presidente conserve la doble nacionalidad no es compatible con el honroso y privilegiado estatus que ha recibido del soberano que es el pueblo.
La nacionalidad significa establecer una vinculación jurídica de una persona con el Estado. Una consecuencia de esta relación desde el derecho es el ejercicio de derechos y la protección de la propia persona por el Estado mismo. La nacionalidad supone un conjunto de intereses inherentes entre el Estado y la persona. ¿Cómo hacer viable que una persona que personifica a una nación y que cuenta con dos nacionalidades pueda ejercer el más alto cargo del Estado con más de dos intereses al mismo tiempo?
Desde las reglas de la soberanía y seguridad nacional, esa relación es incongruente y vuelve al Estado vulnerable. Fujimori ingresó en Japón y fue protegido en el acto por el derecho nipón por su nacionalidad japonesa. Los candidatos que cuenten con la doble nacionalidad no pueden eludir esta realidad. Este no es un asunto jurídico sino de moral política que tanta falta hace en el Perú.
Correo, 18.10.2015
