Joan Guimaray
Y, resulta que ahora, como en los años noventa, ha quedado demostrada la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones, el órgano electoral encabezado por un personaje torcido que no tiene escrúpulos para perseguir a sus enemigos y que es capaz de disfrutar de viajes pagados por los justiciables, ha confirmado que la ley es para los candidatos de su antipatía, y no así para quienes gozan de su simpatía. Desde luego, no ha quedado sino evidente, que en el desembarco de Acuña, a pesar de su fatal desatino de entrega de dinero en Chosica, lo que se percibió fue un abyecto tufillo de discriminación. Y, en el caso de Guzmán, la interrupción de su candidatura por asuntos de trámites administrativos, fue una medida evidentemente inconstitucional para favorecer a los candidatos de su simpatía, y que ahora ha quedado claramente demostrado con esa vergonzosa decisión tomada para no aplicar el rigor de la misma ley a Keiko Fujimori, pese a que la candidata del lado enfermo del país, la representante del sector antidemocrático de la nación, la cabeza de la parte inmoral y convenida del Perú, incurrió en la misma causal de infracción que el ex candidato Acuña. De modo que, no tomar en cuenta con un poco de lógica, con algo de criterio y un tanto de ética, los sobres con dinero que entregaban los simpatizantes de ‘Fuerza popular’ a los posibles electores y en presencia de la propia Kandidata, ya revela nítidamente la catadura moral de los miembros del jurado electoral, puesto que son ellos, los únicos que “no tienen idea ni saben” a quién le favorecería esa dádiva.
Ahora, que nadie diga que se equivocaron o se confundieron. Pues no. Todos ellos son abogados. Dos de los cuales son magistrados: versados en leyes, normas y reglamentos. Hombres menos falibles que los ciudadanos comunes. Por tanto, si sus decisiones son incorrectas, ilógicas y atentatorias al Estado de derecho, no existe otra respuesta que no sea sino, o son irremediablemente oligofrénicos o impúdicamente bribones. En ambos casos, están deslegitimados para ejercer el cargo que ostentan como miembros de una institución que debió realizar impecablemente estas justas electorales del domingo 10 de abril.
Por eso, en estas condiciones, el voto electrónico en treinta distritos de Lima, no sólo resulta demasiado malicioso y excesivamente sospechoso, sino además, obliga a dudar anticipadamente de la pulcritud de los resultados y exige desconfiar de la imparcialidad de los órganos ejecutores. Claro está que el funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, dice que “todo está bien”, que el sistema electrónico está “perfecto”, y que los ciudadanos no deben de preocuparse, puesto que el Jurado Nacional de Elecciones ha supervisado todo el diseño del software. Eso quiere decir, que el ente electoral que a todas luces ha demostrado su más horrorosa parcialidad, favoreciendo a unos candidatos y descalificando a otros, ha supervisado con “imparcialidad” la elaboración del software que ha de usarse en los treinta distritos de Lima. Entonces, es imposible creer que no existan fundadas razones para que los demócratas duden, incluso, hasta para que piensen que uno o dos de los hombres del JNE estén desempeñándose como especialistas en el diseño de ese programa dirigido a favorecer a alguno de los competidores. Y si fuera así, tampoco es difícil deducir que el volumen de los votantes de treinta distritos de Lima, pueda inclinar la balanza electoral a favor del candidato preferido por el JNE, que desde luego, no será el más decente ni el menos desvergonzado.
Aunque la desconfianza de que sean legítimas estas elecciones presidenciales y congresales, no sólo ha sido originada por las monstruosidades jurídicas y las decisiones antojadizas de los miembros del jurado electoral nacional, sino también, la suspicacia ha sido generada por la propia ONPE que a pesar de varios pedidos de los ciudadanos, ha sido escrupulosamente renuente a revelar el nombre de la empresa autora de la elaboración del software, cuyo diseño tampoco ha sido auditado por ninguna institución de garantía y prestigio. De modo que, el otro elemento que definitivamente ha terminado por reforzar la desconfianza en la población electoral ilustrada que está vigilante de que no tuerzan la voluntad ciudadana, es el anticipado pronunciamiento de los entendidos en esta materia, quienes como conocedores del sistema, aseguran que el voto electrónico no garantiza la identidad secreta del ciudadano votante, por tanto, viola la privacidad del voto.
Los demócratas estamos notificados. Los ciudadanos honestos estamos advertidos. El voto electrónico es sospechoso. Los operadores no garantizan imparcialidad. La democracia está en peligro. Estemos atentos. El “faktor elektróniko” está en marcha. El domingo 10 de abril, puede ser tarde.
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