Guillermo Olivera Díaz*So pretexto que son derechos fundamentales de la persona el secreto bancario y la reserva tributaria, los fujimoris —que abundan— pretenden negar —luego de dilaciones— la delegación de facultades legislativas, pedidas por el Ejecutivo, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros, no pueda levantar con resolución del juez el secreto bancario y la reserva tributaria, ambos derechos que la Constitución protege pero que pueden ser legítimamente levantados.
¡Al sospechoso que ha movido una millonada de dólares, de repente, en cualquier banco, se le levanta, para constatar sus gruesos movimientos en otros bancos. ¡A mí No, a usted modesto ciudadano, tampoco! ¡A otros que tiemblan!
El Artículo 2.°, inciso 5 de nuestra Carta Política dice: "El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del JUEZ, del FISCAL DE LA NACIÓN, o de una COMISIÓN INVESTIGADORA del Congreso, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado". Otros órganos no están facultados constitucionalmente para tan excepcional hecho.
El Poder Ejecutivo busca dar esa ley, para tal acto de levantamiento, mediante facultades legislativas delegadas, vía un Decreto Legislativo, que apruebe el Consejo de Ministros. Empero, los fujimoris del Congreso —¿los 72?— se niegan a tal delegación.
Sostienen que la UIF no está facultada por la Constitución para pedir que se levante el secreto bancario y reserva tributaria. ¿De quiénes? No mío, no el suyo, como modesto ciudadano, sin dinero, sino de los avezados criminales que se han enquistado en el poder y que mueven inmensas sumas de dinero y que el fujimorismo en el Congreso —muchos en calidad de tontos útiles— desean que sigan ocultas o escondidas.
La UIF no es del Poder Ejecutivo y fácilmente puede contar con ¡sendos fiscales! que abran una INVESTIGACIÓN, ipso facto, frente a un caso asaz sospechoso, escribiendo una disposición suya en una sola página, y luego pedir que se levante el secreto bancario y la reserva tributaria a través de un juez penal. Casi todos los países lo hacen, para atrapar al bribón que financia campañas electorales de quienes ahora pretenden protegerlo.
¡Asunto resuelto para el país!, que realmente quiere luchar contra el Lavado de Activos, que los fujimoris buscan encubrir. ¡Ninguna brizna de INCONSTITUCIONALIDAD, si el fiscal puesto en la UIF lo solicita y el juez lo concede!
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