Jans Cavero
En el Perú, uno de los cambios impostergables post pandemia debe ser la reingeniería de la administración pública, en los tres niveles de gobierno y en cada uno de los sistemas que lo componen. Los gobiernos de turno que se han sucedido durante los últimos 20 años han puesto en marcha supuestas reformas para modernizar la administración pública, sin que se hayan obtenido resultados favorables para el país.
Pululan a nivel nacional decenas de universidades, entidades públicas y privadas, centros de enseñanza y consultorías, que ofertan programas en gestión pública de dudosa reputación. En este sentido, no hay funcionario o servidor público que no esté en posesión de un certificado o diploma en gestión pública. Sin embargo, contamos con una administración bastante precaria, si nos comparamos con Chile, Colombia o México, carente de un punto de convergencia o articulación de sus actores principales.
CEPLAN, SERVIR, MEF, la Secretaría de Gestión Pública, están enfocados en cumplir sus fines institucionales, cada uno por su lado, sin una visión compartida e integradora. Es más, existe un sistema administrativo denominado “Modernización de la Gestión Pública” (orientado dizque a la gestión por resultados) bajo la rectoría de la PCM. No obstante, ¿qué resultados hemos logrado en favor de la gestión pública?; ¿cuánto presupuesto se destina para alcanzar una administración eficiente y eficaz?, ¿cuál de los sistemas de la administración está consolidado?
Si el covid19 nos ha enrostrado la postergación y marginación de los sectores de educación y salud, también nos ha dado la oportunidad para demostrar que nuestras administraciones públicas no son capaces de responder eficazmente en contextos de emergencia. ¿Y el trabajo remoto? Trabajo remoto no es llevarse un expediente al domicilio y elaborar el informe técnico acompañado de un proyecto de respuesta. Trabajo remoto es mucho más que eso, pues supone un nivel de informatización mínimamente desarrollado. Ahora bien, ¿cuántas administraciones locales tienen implantado la firma electrónica?; ¿cuántas entidades públicas fuera de Lima o de capitales de provincia tienen plena conectividad al servicio de internet?
En medio de un panorama como el descrito, urge implementar un auténtico proceso de modernización que escape a la moda sugerida por organismos multilaterales (BID, PNUD, Banco Mundial, UNOPS). El Perú es un país complejo, diverso y multicultural, que requiere adaptar su administración a su propio contexto y realidad. Bajo esta perspectiva, se necesita instaurar un Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), al que estén adscritos los sistemas de: Servicio civil o función pública, planeamiento, organización, abastecimiento, inversión pública, control interno.
Como eje transversal a estos sistemas se requiere potenciar o implementar cuatro aspectos fundamentales: El de formulación de políticas públicas; un sistema de monitoreo, seguimiento y control de las políticas; el de evaluación e implantación de procesos de mejora continua; y un centro de alta profesionalización para el fortalecimiento de capacidades del servicio civil. Para garantizar la funcionalidad de la burocracia se requieren servidores pensantes, funcionarios con capacidad directiva, liderazgo público, un cuerpo de especialistas en generación de información y data cuantitativa como cualitativa, así como directivos públicos innovadores y resilientes.
A fin de cautelar la no politización de este ministerio se propone que sólo el cargo del ministro y de los viceministros sea de libre designación y remoción, en tanto que desde los directores nacionales hasta el trabajador más bajo de la administración sean por concurso y de carrera. Naturalmente, el ministerio debe iniciar sus funciones poniendo en agenda un proceso de deliberación donde se discuta qué modelo de administración pública queremos. Se requiere un modelo gerencialista de corte anglosajón o un modelo europeo continental; se requiere un sistema de empleo público abierto, cerrado, o mixto; se priorizan los procesos o los resultados; hasta dónde pueden introducirse herramientas gerenciales que optimicen el trabajo de una burocracia profesionalizada; una administración de ciudadanos o de clientes. En suma, se requiere definir el perfil de función pública que necesita una administración moderna.
Dos elementos adicionales, y en el que poco se ha avanzado, son indispensables en este proceso de modernización: Transitar hacia una administración electrónica y desarrollar un potente sistema de seguimiento y evaluación de las administraciones públicas. Si no se genera información útil para la toma de decisiones, éstas se adoptan de manera improvisada y con alta dosis de discrecionalidad, carente de fundamentos técnicos. Asimismo, si la data generada no se transforma en información valiosa resulta complejo introducir procesos de mejora en la política pública. Precisamente la falta de data e información útil ha permitido que personas que no calificaban como pobre reciban canastas de alimentos o bonos familiares, o que empresas investigadas en el caso Lava Jato estén comprendidos en el Plan Reactiva Perú.
De esta manera, avizoro un escenario en el que se ha erradicado la anarquía salarial en el sector público, así como la coexistencia de varios regímenes laborales. Tampoco hay espacio para crear, en función a cada coyuntura política, entidades y organismos públicos que no responden a criterios técnicos de estructura y organización. La contratación de personal que no obedece a un adecuado dimensionamiento de la organización, el direccionamiento de supuestos “concursos públicos” y otras situaciones que empañan la transparencia y meritocracia en el reclutamiento de personal, debe quedar en el pasado. Finalmente, urge poner coto a proyectos y programas gubernamentales improductivos, cuya temporalidad está solo en el papel..
Un asunto que no debe soslayarse es que la creación del Ministerio de Administraciones Públicas va a desburocratizar el MEF. En efecto, resulta insostenible que el MEF sea el órgano rector de los siguientes sistemas administrativos: Presupuesto, inversión pública, tesorería, contabilidad, abastecimiento, endeudamiento. Es decir, casi el 50% de los sistemas administrativos se encuentran centralizados en un ministerio poderoso, poco innovador, enfocado sólo en el crecimiento económico (que no garantiza necesariamente el desarrollo humano), con un sesgo pro mercado, que responde a intereses corporativos y mantiene deliberadamente un statu quo incapaz para sacar adelante auténticos procesos de modernización de la administración pública.
[1] Artículo a publicarse en la Revista Amauta Siglo XXI.
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