Terminó la cuarentena y el aislamiento social rígido dictado por el gobierno para enfrentar el Covid-19. La segunda mitad del 2020 será fundamentalmente de incertidumbre y expectativa; la primera alrededor del futuro del país y el final de la pandemia; la segunda sobre la reducción local del virus y la anunciada reactivación económica, que debieran llevarnos a lo que se ha dado en llamar una nueva normalidad. Ya desde semanas atrás era claro que la denominada estrategia del «martillazo» tuvo un éxito menor al esperado, comprensible antes que, por los muchos errores del gobierno, por los distintos límites estructurales que marcan el escenario en el que opera. El desgaste del Ejecutivo y sus medidas se hizo más ostensible la segunda quincena de junio. Al 2 de julio los casos superaban los 288 000 y la cantidad de muertos bordeaba los 10 000 —número en permanente debate por el subregistro—; los hospitalizados superaban los 11 000, más de 1200 de ellos en cuidados intensivos. Aunque la curva de contagios mostraba una caída y la llegada a la famosa «meseta», se mantenía una transmisión heterogénea, por lo que, en distintas regiones —Arequipa una de ellas— se encontraba en ascenso.
Si sanitariamente no se lograron los resultados buscados —no obstante los esfuerzos hechos por un país que al 2017 era el que invertía menos en el sector entre todos los países de América del Sur— socialmente las medidas y recursos contemplados estuvieron lejos de llegar a todos los sectores a los que estaban destinados, fueron incapaces de resolver la pérdida de ingresos y empleo de la población, mientras los trabajadores consumieron sus ahorros (CTS y AFP), en un escenario en el que no se ha resuelto la continuidad de la cadena de pagos. En resumen, un balance con luces importantes —la cantidad de vidas que se salvaron por un aislamiento temprano y drástico— pero con innegables sombras.
En este escenario, a partir de las crecientes dificultades presidenciales para comunicarse, los defensores del modelo económico arreciaron en su campaña contra el gobierno acusándolo del fracaso en su manejo de la pandemia, olvidando su parte de responsabilidad en la construcción del Estado débil, ineficiente, clientelar y corrupto que edificamos a lo largo de nuestra historia y que en su actual versión neoliberal, es una construcción a imagen y semejanza de ese paradigma y de la ideología del libre mercado. Sorprendente, porque el compromiso del mandatario con el modelo está fuera de discusión.
A pesar de tales limitaciones y ataques, el 70% de aprobación que alcanza el Presidente en la última encuesta, sigue siendo alto. La opinión pública parece asignarle un rol «protector» al mandatario, pero más allá de ello, sectores de la misma tienen claro que la presión de los grandes por activar la economía es distinta a la que es mayoritaria entre la gente. Aquellos buscan su ganancia y beneficio a diferencia de los cientos de miles preocupados por defender su empleo, conseguir medicinas, defender la educación de sus hijos; en una palabra, sobrevivir y resolver su día a día. De allí que en la encuesta 74% perciba que el gobierno hace lo que puede dentro de las limitaciones que enfrenta, aunque 32% de ese total crea que ha cometido errores en la gestión sanitaria; mientras que el 71% opine que hace lo que puede dentro de las limitaciones que enfrenta, aunque 39% de ese total perciba que ha cometido errores en la reactivación económica.
Lo que evidenciarían tales resultados es que más allá de la aprobación de la gestión del Presidente, lo que le interesa a la población es cómo pasar este difícil trance que los confronta con el miedo a la muerte y con los efectos de la crisis económica, que como recordaba alguien, puede ser otra forma de morir. En otras palabras, más allá de todos los fallos gubernamentales, muchos de ellos groseros y alentados por quienes hoy día lo señalan, la gente percibe a un gobierno que hace lo que puede, intenta acompañarlos y se muestra visible, lo que hasta ahora le alcanza al mandatario.
En cualquier caso, el mandatario sigue en su juego. Dándose cuenta de que la pandemia ha devuelto al país la centralidad de lo público, donde se le reclama al Estado una función asistencial y de cuidado de la salud de la gente y, a la vez, se le cuestiona su capacidad de regular, ordenar, controlar y promover, más aún en un contexto de emergencia como el que vivimos, encontró en el abuso reiterado de las clínicas privadas —cobros indebidos por las pruebas Covid-19, precios groseramente abusivos por las medicinas y servicios y total falta de transparencia en sus tarifas— la oportunidad para aparecer con fuerza «defendiendo» a la gente, no obstante la falta de voluntad política de su gestión para subordinar al sector privado al interés público usando la Ley de Salud como lo anunciaran dos meses atrás, apelando provocadoramente al artículo 70 de la Constitución y causando los estragos que se observaron entre Confiep y Asbanc en el frente empresarial.
Con estos elementos, más allá de incertidumbres y expectativas, el segundo semestre será caliente con un actor con renovados bríos, el Congreso de la República, que mirando al 2021 ya tiene en agenda la interpelación de seis ministros, convencidos seguramente de que recordar es volver a vivir.
desco Opina / 3 de julio de 2020
