Entre los comentarios sobre Pedro Castillo tenemos, por ejemplo, que su actuación como gobernante es insegura, improvisada, no decisiva; también, a partir de las consecuentes dudas en torno a su grado de preparación, se desliza la idea de que mientras ejerció el cargo de profesor, debió haber sido deficiente o mediocre.
Esta valoración refleja o enseña cómo se percibe a la profesión de maestro, que no tiene el prestigio social ni el correspondiente reconocimiento económico; entonces, si los actores o agentes de la educación formal, de la transmisión de conocimientos, son vistos así, es lógico que la actividad educativa, la educación, tiene muy poco valor a los ojos de los políticos y empresarios que tienen el poder en el país. Por eso todos los indicadores de la calidad de la educación pública son muy bajos (nos hemos acostumbrado a que año tras año el Perú ocupe los últimos lugares en las pruebas PISA).
La farsa
Cuando sus opositores políticos no ven a Pedro Castillo como una persona preparada y capaz, lo asocian con los profesores que no logran aprobar exámenes para ascender de categoría y mejorar sus sueldos[1]. Respecto de dichos exámenes o procesos de evaluación, los periodistas y políticos corruptos hablan de “meritocracia”, “selección de los mejores”, etc., y sostienen que eso garantiza que los alumnos se eduquen con los profesores más capacitados, lo cual es un burdo engaño a los padres de familia y al a la opinión pública, porque esas evaluaciones presuntamente orientadas a la meritocracia no resuelven el problema y más bien sirven para dar circo[2]. Por eso, cuando el ministro de Educación, Carlos Alfonso Gallardo Gómez, anuncia que su ministerio procederá a dar nombramiento (lo que significa trabajo estable) a los profesores que en sucesivos intentos no han podido obtener nota aprobatoria en las mencionadas evaluaciones, los periodistas y políticos coimeros denuncian a gritos que el ministro está violando la ley existente (lo que podría ser verdad) y que está impidiendo que entren a la docencia solamente los mejores maestros, lo cual es falso, como veremos.
Para engañar al pueblo y mantener la educación pública en el peor nivel posible, la derecha corrupta y vendepatria ha creado las mencionadas evaluaciones, y cuando se debate o se discute si la evaluación es efectiva o necesaria o si no lo es, estamos en el juego de la derecha, en el que cae el ministro Gallardo, a quien consideran izquierdista, pero que en la práctica tiene comportamiento de derecha desde el momento en que con sus acciones entra al campo de la falsa dicotomía “la evaluación y la meritocracia son necesarias” o “la evaluación y la meritocracia no son necesarias”. Si actuara lejos de la corrupción y lejos del conservadurismo de derecha, el ministro Gallardo tendría que explicar que la calidad de los profesores no se obtiene con los exámenes que proponen los corruptos sino con una seria y rigurosa formación profesional que los maestros deben recibir en las universidades (¡nada de escuelas normales ni institutos!). De esa manera el título de profesor tendría tanto prestigio o valor como el título de ingeniero o médico, y nadie dudaría de la idoneidad profesional del maestro, empezando por su principal empleador, que es el estado; consecuentemente, los méritos se establecerían desde un nuevo punto de partida —la buena calidad de los estudios universitarios del maestro— y las diferencias de puntaje y méritos surgirían de capacitaciones, actualizaciones o postgrados, nada de exámenes para quienes han estudiado con todas las de la ley.
¿Por qué no lo hacen?
Gobierno tras gobierno, incluido el actual, ofrece resolver el problema educativo y mejorar la calidad de la enseñanza, pero nunca lo hacen, nadie lo hace (en realidad, nadie quiere hacerlo). Realizan diagnósticos de los planes de estudio, analizan el porcentaje del PIB destinado a educación, informan del estado calamitoso de gran parte de los centros educativos, etc., y como parte del remedio dicen “meritocracia”, “selección de los mejores”. Pero estos analistas, funcionarios y políticos vendepatrias y coimeros no quieren enfrentar la realidad, que surge de preguntarse “¿Por qué con tantos años de evaluación de profesores seguimos ocupando vergonzosos últimos lugares en América Latina?” Si ese proceso de selección de maestros fuese tan bueno como dicen, no estaríamos tan humillantemente mal.
¿De dónde viene todo esto, cómo se originó? Pareciera que el sabotaje del estado peruano a la educación del pueblo fuese algo achacable solo a los más recientes gobiernos, o quizá se piense que es algo que empezó cincuenta años atrás. Lo cierto es que por lo menos desde la proclamación de la independencia del Perú ha habido un interés de los grupos dominantes en reservar para sí mismos, para sus hijos, la educación de buena calidad y dejar lo peor para el pueblo.
Para cuando se proclama la independencia, los criollos de Lima y otras ciudades únicamente conspiraron evitando comprometerse con la causa independentista ( y con mayor razón se abstuvieron de ir a la guerra o enviar a sus hijos) y así nunca dieron apoyo verdadero a San Martín y Bolívar; solo buscaban la oportunidad de tomar ellos el poder e impedir que la mayoritaria masa de indios y mestizos tomara el poder. Pasa que aunque eran la mayoría de la población, los indios y mestizos, por su deficiente o nula educación y por la opresión que imponía el gobierno virreinal, no tenían personas preparadas para tomar el poder, tal como sucede hoy con Pedro Castillo, que ganó las elecciones pero sin gente calificada para ocupar puestos en el gobierno, lo que es una situación muy similar a la que experimentaron indios y mestizos en el año 1821 y siguientes. En doscientos años poco ha cambiado en el país y se ve que el recibir educación de mala calidad limita y excluye las posibilidades del pueblo y partidos populares de hacerse del gobierno y manejarlo.
Los criollos fundadores de la república criolla, hoy devenida en narcorrepública, tomaron el poder para asegurar la propiedad de sus tierras y haciendas y excluir a indios y mestizos de la educación de calidad.
Para los grupos que gobiernan el Perú hay aspectos no negociables, como defender los intereses de Chile (principalmente tierras agrícolas en el Perú y predominio de Lan Latam, entre otros) y mantener un sistema educativo diferenciado (el apartheid educativo) que asegura la ventaja de sus hijos sobre el resto de la gente. Estas dos cosas son sagradas para ellos, son líneas rojas cuya violación no pueden permitir; literalmente saldrían con las armas en la mano para conservar el status quo y seguir saqueando al Perú.
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Pero pasan por alto que Pedro Castillo es fruto y muestra de cómo es la formación de profesores en el Perú; al criticar la idoneidad profesional del presidente, denuncian sin saberlo a nuestra narcorrepública, que necesita precisamente maestros con bajo rendimiento, pues —según los defensores del narconeoliberalismo— para que el Perú progrese como país exportador de minerales y de productos agroindustriales, no es necesario cambiar el sistema educativo.
[2] Los medios de comunicación informan que se realiza la evaluación y que se selecciona a los mejores, dejando fuera a los desaprobados, lo que causa satisfacción al público, que no se da cuenta de que, incluso con la presencia de profesores aprobados en los exámenes, la educación que brinda el estado —más allá de algunos logros limitados— continúa siendo muy deficiente.
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