El sufrimiento creciente de los peruanos y peruanas a causa de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida es incuestionable, aunque sordo e invisible para el gobierno de Dina Boluarte.
Las libertades democráticas y el imperio de la ley y la justicia siguen siendo jaqueados día a día desde la alianza entre la mayoría congresal y el Poder Ejecutivo, en medio de una plaga de mediocridad e incompetencia que nos castiga llevando a niveles inimaginables la descomposición social e institucional del Perú y el debilitamiento de los valores democráticos.
No es necesario recordar que hace buen rato el Perú dejó de ser un caso de manejo exitoso de la economía, abundan las razones: aumento de precios, mayor desempleo, incremento de la informalidad y estancamiento de nuevas inversiones. Todo esto en el marco de un escenario en el que operan de la mano la corrupción, la inseguridad y el crimen, anulando cualquier futuro promisorio para nuestro país.
En las actuales circunstancias, los cambios ministeriales no guardan relación con la necesidad de priorizar la atención a los problemas del país, sino que expresan apenas un momento de redefinición del reparto de poder en el interior del gobierno, aunque sin efectos de fondo respecto a su orientación corrupta y autoritaria.
Los recientes relevos ministeriales en carteras que parecían seguras para sus portadores –Relaciones Exteriores, Cultura, Vivienda Construcción y Saneamiento, así como la del ministerio de Comercio Exterior y Turismo– dejan traslucir la pérdida de más de una ficha ligada al fujimorismo y posiciones de ultraderecha, como en el caso del ministro González Olaechea. También sugieren la garantía momentánea de sobrevivencia para el actual presidente del Consejo de Ministros, ampliamente catalogado como incompetente, hasta por lo menos la finalización de la reunión de APEC en noviembre próximo. Dejan ver igualmente, un retroceso lamentable con la reducción a tan solo dos ministras mujeres en un gabinete de 19 integrantes.
Se trata también de un Gabinete al que han sido incorporados funcionarios ministeriales operativos entre los que se incluye a un personaje cuestionado por sus vínculos cercanos con la corrupción del gobierno de Pedro Castillo, en la persona del nuevo ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. Entre las pocas “novedades” está la ratificación de los ministros del Interior, Salud, Agricultura y Educación, señalados con múltiples cuestionamientos por la ciudadanía, gremios profesionales, organizaciones especializadas, sindicatos y la prensa por su deficiente desempeño.
En lo inmediato parece ser una tarea urgente establecer nuevas formas de diálogo haciendo uso de todos los medios disponibles que rompan la inercia generalizada. El próximo proceso electoral en el país debería conducir no a prolongar la agonía de la democracia, sino a cortar esta tendencia devastadora que nos está llevando a liquidar el esfuerzo arduo de varias generaciones por construir una democracia económica y social en el Perú.
Lo real de estos días para la gran mayoría de peruanos empobrecidos no es el juego de poder del Estado entre quienes lo acaparan, y los cambios de ministros, sino más bien la pandemia de corrupción e inseguridad provocada por las mafias de peruanos y extranjeros que socavan al país mañana, tarde y noche mediante el cobro de comisiones ilegales, extorsión a empresas, familias, colegios y otras instituciones. Llegan –es bueno recordarlo– hasta las tiendas más pequeñas de barrio, los mototaxistas y otros servicios urbanos como parte de la normalización del robo generalizado, los asaltos y homicidios principalmente por sicariato, haciendo de la vida de los peruanos y peruanas el reino de la inseguridad que incluye la trata de personas, el secuestro y la explotación sexual, además del narcotráfico. Por ello, a nadie debería sorprender, como puede comprobarse con la información migratoria disponible, el enorme éxodo silencioso de cientos de miles de peruanos al extranjero.
desco Opina / 6 de setiembre de 2024
