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Por Alfredo Palacios Dongo
Tal como señala el objeto de la ley 28694 del 20 de marzo de 2006: “Por necesidad pública y de preferente interés nacional, con la finalidad de salvaguardar la calidad del aire y la salud pública”, se prohíbe a partir del 1 de enero de 2010 la comercialización de diésel con contenido de azufre superior a 50 partes por millón por volumen (ppm), sin embargo, a dos meses del plazo este oscila en nuestro país entre 1,500 y 5,000 ppm.
Ya anteriormente el gobierno había aprobado con el DS 025-EM del 5 de julio de 2005 un cronograma para su reducción progresiva hasta 50 ppm en enero de 2010, disponiendo que su incumplimiento sea sancionado por el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía (Osinerg).
El espíritu de ambas normativas fue que las refinerías estatales de Petro-Perú (Conchán, Talara, El Milagro e Iquitos) y de Repsol (La Pampilla), contaran con un período de casi cinco años para la instalación de plantas de sulfurización y adecuarse así a dicha reducción, sin embargo éstas no han cumplido aduciendo que esperaban la modernización de la refinería de Talara y de Petro-Perú para comenzar a invertir. Cabe resaltar que el alto contenido de azufre que emana el diésel de nuestro precario parque automotor cuadriplica el límite de partículas nocivas permitidas por la Organización Mundial de la Salud, y es causante del padecimiento de enfermedades respiratorias, alergias, fibrosis, riesgos cardiovasculares o cáncer de pulmón, con índices de 4,500 muertes prematuras anuales.
El pasado día 5 con DS 061-2009-EM el gobierno reafirmó la prohibición de comercializar diésel con más de 50 ppm de azufre, pero solamente para Lima y Callao, dejando libre la venta con alto contenido contaminante en el resto del país, donde ciudades como Arequipa, Trujillo y Cusco sufren similar problemática. Este decreto, además de no mencionar el incumplimiento de las refinerías, no especifica un nuevo plazo para que éstas produzcan diésel con bajo contenido de azufre para cubrir los requerimientos nacionales. Según el presidente de Petro-Perú, Luis Rebolledo, a partir de enero de 2010 deberán importar este diésel lo cual incrementará los costos de la empresa, y asimismo, recién el año 2015 podrían cumplir con la ley.
Pasados casi cinco años que tuvieron las refinerías para adecuarse a las normativas para mejorar la calidad del aire, lo que inexplicablemente no cumplieron, tendríamos que preguntarnos: ¿Qué debe pasar con la salud pública para que las autoridades asuman su responsabilidad?
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