Caso María Paola Vargas Ortiz
Disparar perdigones a las barras bravas
La muy lamentable muerte de la joven contadora María Paola Vargas Ortiz, fallecida en Lima el sábado 24 de octubre de 2009 tras ser empujada o tras caer de un microbús abordado por delincuentes que integran la hinchada del club Universitario de Deportes ha sido motivo de congoja y unánime condena, porque se ha cortado la vida de una persona buena con su familia, con sus amigos, buena en el trabajo e inteligente.
Disparar perdigones a las barras bravas
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La muy lamentable muerte de la joven contadora María Paola Vargas Ortiz, fallecida en Lima el sábado 24 de octubre de 2009 tras ser empujada o tras caer de un microbús abordado por delincuentes que integran la hinchada del club Universitario de Deportes ha sido motivo de congoja y unánime condena, porque se ha cortado la vida de una persona buena con su familia, con sus amigos, buena en el trabajo e inteligente.
Primero debe aclararse que no todos los integrantes de la hinchada del mencionado club que salen a las calles los días en que juega su equipo son delincuentes; lo que sucede es que mezclados entre los auténticos hinchas se infiltran delincuentes capaces de cometer toda clase de fechorías, incluyendo el asesinato. Nada raro, pues para esos malhechores lo más natural del mundo es, en sus respectivos barrios o lugares de origen, protagonizar violentas peleas con palos, piedras, barras de hierro, machetes y armas de fuego, que dejan resultado de muertos y heridos. En este sentido, las tropelías que cometen los días de partido (robo, destrucción de la propiedad privada, insultos, manoseo de mujeres, etc.) son —excepto el asesinato— lo más inofensivo que hacen, considerando que por tener la policía al lado, escoltándolos camino al estadio, no tienen ningún objeto peligroso en las manos (o los ocultan).
Dispararles perdigones
Reflejando malamente la indignación ciudadana por la muerte de la mencionada joven, el presidente Alan García expresó su repudio y llegó a decir que a esas bandas de desadaptados sociales la policía debía dispararles perdigones, ni más ni menos: “Yo digo que la policía tendrá que ser más mano fuerte, yo he pedido siempre un poco de perdigoneo de vez en cuando a estos vándalos, les haría sentir de su propia medicina”, dijo el Presidente. Con esa forma de pensar, ¿por qué no mandar ametrallarlos, considerando que de esa manera se mata más fácilmente? Los perdigones causan heridas, revientan un ojo si dan en él o incluso matan una persona, si el disparo es de cerca. Por donde se vea, una ráfaga de fusil o metralleta es más efectiva.
Pero ¿en qué mundo estamos? Hace unos meses García ordenó a la policía “disparar antes de pensar”, ¿es justificable que el Presidente de la República se exprese de esa manera?, ¿así quiere disimular el haber descuidado gravemente la seguridad pública?, ¿no son esas palabras un eco de la orden que recibieron las fuerzas armadas de exterminar en junio de 1986 a 300 presos1 durante el primer gobierno de Alan García?
Es grave que el Presidente, miembro del partido más antiguo del Perú, de gran experiencia histórica acumulada, suelte tamaño disparate. Dejemos en claro que ni de lejos queremos justificar o defender a los delincuentes infiltrados en las barras; es más, ya en ocasión anterior2 hemos manifestado con claridad nuestro apoyo a la pena de muerte. Cosa curiosa, en los momentos iniciales de este su segundo gobierno, Alan García habló también de la conveniencia de implantar la pena de muerte en el Perú, pero poco a poco dejó de referirse al asunto cuando se enteró de que la población pide aplicar la pena de muerte de manera integral: ejecutar públicamente a homicidas3, secuestradores, violadores y corruptos.
Esta última parte del combo mortícola causó escalofríos de espanto al presidente y a los otros políticos y ya no volvieron a tocar el tema.
La violencia de pandilleros ya fue enfrentada, sin éxito, en años anteriores. Se creó la figura del “pandillaje pernicioso”, pero las cosas quedaron en nada porque el problema requiere de un tratamiento que contemple diversos aspectos:
1) Lucha contra la pobreza y el desempleo.
2) Aplicación de justicia de manera drástica, oportuna y efectiva.
3) Lucha frontal contra el consumo de drogas.
4) Construcción de numerosas cárceles en todo el país.
Respecto del punto 2), debemos reconocer que existen penas drásticas, pero en el papel y que sólo se cumplen en casos extremos (cadena perpetua por violación o por secuestro seguido de asesinato). Un delincuente puede pasar largas temporadas robando todos los días sin temor a la cárcel siempre y cuando los robos sean de menor cuantía y sin violencia. Como si esto fuera poco, hay un aspecto negativísimo en la justicia peruana: la condena suspendida. Según este principio, la persona va a la cárcel solamente si la pena que va a recibir por el delito cometido es de cuatro años o más4. Es evidente que esto incentiva a muchas personas a delinquir de manera impune.
En lo referente al punto 3), la legislación es laxa, los congresistas, a quienes no falta un hijo o sobrino adicto a la droga, se niegan a castigar el consumo de drogas, sólo está penalizada su comercialización. Y sabido es que la mayoría de delincuentes se droga para cometer su delito y su conducta se torna violentísima. Si por consumo de droga, aunque sea en mínima cantidad, hubiese una temporada de riguroso tratamiento de rehabilitación y cárcel efectiva en caso de reincidencia, la delincuencia no tendría la peligrosidad que le vemos.
Hay mucho por hacer en la justicia peruana, pero los encargados de hacer las leyes, que son los abogados y los políticos que son abogados tienen una falla de fábrica: se han nutrido de las enseñanzas ambiguas de falsos maestros del Derecho a quienes de tiempo en tiempo ellos recuerdan y rinden homenaje.
El punto 4) es muy difícil de realizar, por dos razones: a) en las campañas políticas los candidatos ofrecen hacer construir hospitales, puentes, carreteras, escuelas, etc., pero nunca cárceles; b) los políticos saben que si se empieza a construir el número de cárceles que necesita el país, la ciudadanía exigirá un cambio radical de las leyes para que las cárceles tengan gente a quien meter, y la mayoría de políticos sabe que por su conducta prochilena o por traicionar al electorado ellos serían los primeros en dar con sus huesos en el presidio5. Aquí debemos mencionar que con el mayor cinismo políticos y periodistas vendidos a la delincuencia dicen que no se puede meter presa a tanta gente por delitos no graves, porque las cárceles ya están repletas6. En esto hay mucho de profecía autocumplida o hecha cumplir: los políticos evitan construir cárceles y luego sostienen que no se puede mandar a tanta gente a la cárcel.
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1 Una mayoría de terroristas y un menor porcentaje de inocentes.
2 Leer Impunidad y seguridad ciudadana, ¿quiénes son culpables?
3 Cualquiera sea la motivación: por celos, por venganza, por terrorismo, por encargo (sicariato), etc.
4 En realidad, esto tampoco se cumple. Las leyes preparadas por abogados corruptos y puestas en vigor por políticos corruptos contemplan la disminución de carcelería si el preso demuestra “buena conducta”. Estos leguleyos y politicastros venales han suspendido ese beneficio a los presos por terrorismo, cuando en verdad a nadie, por ningún motivo, se le debe permitir salir de la cárcel antes de cumplir todo el tiempo previsto en la condena.
5 Si los políticos pidieran legislación dura y efectiva acompañada de construcción de cárceles se estarían poniendo ellos mismos la soga en el cuello.
6 Un cálculo conservador indica que las cárceles tienen en promedio una población que quintuplica su capacidad: una cárcel construida para 1500 internos recibe a unos seis mil presos. Esto da idea de cuántas cárceles se deben construir.
Dispararles perdigones
Reflejando malamente la indignación ciudadana por la muerte de la mencionada joven, el presidente Alan García expresó su repudio y llegó a decir que a esas bandas de desadaptados sociales la policía debía dispararles perdigones, ni más ni menos: “Yo digo que la policía tendrá que ser más mano fuerte, yo he pedido siempre un poco de perdigoneo de vez en cuando a estos vándalos, les haría sentir de su propia medicina”, dijo el Presidente. Con esa forma de pensar, ¿por qué no mandar ametrallarlos, considerando que de esa manera se mata más fácilmente? Los perdigones causan heridas, revientan un ojo si dan en él o incluso matan una persona, si el disparo es de cerca. Por donde se vea, una ráfaga de fusil o metralleta es más efectiva.
Pero ¿en qué mundo estamos? Hace unos meses García ordenó a la policía “disparar antes de pensar”, ¿es justificable que el Presidente de la República se exprese de esa manera?, ¿así quiere disimular el haber descuidado gravemente la seguridad pública?, ¿no son esas palabras un eco de la orden que recibieron las fuerzas armadas de exterminar en junio de 1986 a 300 presos1 durante el primer gobierno de Alan García?
Es grave que el Presidente, miembro del partido más antiguo del Perú, de gran experiencia histórica acumulada, suelte tamaño disparate. Dejemos en claro que ni de lejos queremos justificar o defender a los delincuentes infiltrados en las barras; es más, ya en ocasión anterior2 hemos manifestado con claridad nuestro apoyo a la pena de muerte. Cosa curiosa, en los momentos iniciales de este su segundo gobierno, Alan García habló también de la conveniencia de implantar la pena de muerte en el Perú, pero poco a poco dejó de referirse al asunto cuando se enteró de que la población pide aplicar la pena de muerte de manera integral: ejecutar públicamente a homicidas3, secuestradores, violadores y corruptos.
Esta última parte del combo mortícola causó escalofríos de espanto al presidente y a los otros políticos y ya no volvieron a tocar el tema.
La violencia de pandilleros ya fue enfrentada, sin éxito, en años anteriores. Se creó la figura del “pandillaje pernicioso”, pero las cosas quedaron en nada porque el problema requiere de un tratamiento que contemple diversos aspectos:
1) Lucha contra la pobreza y el desempleo.
2) Aplicación de justicia de manera drástica, oportuna y efectiva.
3) Lucha frontal contra el consumo de drogas.
4) Construcción de numerosas cárceles en todo el país.
Respecto del punto 2), debemos reconocer que existen penas drásticas, pero en el papel y que sólo se cumplen en casos extremos (cadena perpetua por violación o por secuestro seguido de asesinato). Un delincuente puede pasar largas temporadas robando todos los días sin temor a la cárcel siempre y cuando los robos sean de menor cuantía y sin violencia. Como si esto fuera poco, hay un aspecto negativísimo en la justicia peruana: la condena suspendida. Según este principio, la persona va a la cárcel solamente si la pena que va a recibir por el delito cometido es de cuatro años o más4. Es evidente que esto incentiva a muchas personas a delinquir de manera impune.
En lo referente al punto 3), la legislación es laxa, los congresistas, a quienes no falta un hijo o sobrino adicto a la droga, se niegan a castigar el consumo de drogas, sólo está penalizada su comercialización. Y sabido es que la mayoría de delincuentes se droga para cometer su delito y su conducta se torna violentísima. Si por consumo de droga, aunque sea en mínima cantidad, hubiese una temporada de riguroso tratamiento de rehabilitación y cárcel efectiva en caso de reincidencia, la delincuencia no tendría la peligrosidad que le vemos.
Hay mucho por hacer en la justicia peruana, pero los encargados de hacer las leyes, que son los abogados y los políticos que son abogados tienen una falla de fábrica: se han nutrido de las enseñanzas ambiguas de falsos maestros del Derecho a quienes de tiempo en tiempo ellos recuerdan y rinden homenaje.
El punto 4) es muy difícil de realizar, por dos razones: a) en las campañas políticas los candidatos ofrecen hacer construir hospitales, puentes, carreteras, escuelas, etc., pero nunca cárceles; b) los políticos saben que si se empieza a construir el número de cárceles que necesita el país, la ciudadanía exigirá un cambio radical de las leyes para que las cárceles tengan gente a quien meter, y la mayoría de políticos sabe que por su conducta prochilena o por traicionar al electorado ellos serían los primeros en dar con sus huesos en el presidio5. Aquí debemos mencionar que con el mayor cinismo políticos y periodistas vendidos a la delincuencia dicen que no se puede meter presa a tanta gente por delitos no graves, porque las cárceles ya están repletas6. En esto hay mucho de profecía autocumplida o hecha cumplir: los políticos evitan construir cárceles y luego sostienen que no se puede mandar a tanta gente a la cárcel.
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1 Una mayoría de terroristas y un menor porcentaje de inocentes.
2 Leer Impunidad y seguridad ciudadana, ¿quiénes son culpables?
3 Cualquiera sea la motivación: por celos, por venganza, por terrorismo, por encargo (sicariato), etc.
4 En realidad, esto tampoco se cumple. Las leyes preparadas por abogados corruptos y puestas en vigor por políticos corruptos contemplan la disminución de carcelería si el preso demuestra “buena conducta”. Estos leguleyos y politicastros venales han suspendido ese beneficio a los presos por terrorismo, cuando en verdad a nadie, por ningún motivo, se le debe permitir salir de la cárcel antes de cumplir todo el tiempo previsto en la condena.
5 Si los políticos pidieran legislación dura y efectiva acompañada de construcción de cárceles se estarían poniendo ellos mismos la soga en el cuello.
6 Un cálculo conservador indica que las cárceles tienen en promedio una población que quintuplica su capacidad: una cárcel construida para 1500 internos recibe a unos seis mil presos. Esto da idea de cuántas cárceles se deben construir.
