Alfredo Palacios Dongo

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 (ENLCD) fue elaborada y aprobada (DS-033-2012-PCM) siendo Carmen Masías presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), dos años después (mayo 2014) fue destituida en forma sorpresiva (reemplazada por Alberto Otárola) debido al inicio de un programa de erradicación en el Vraem, pero la advertencia de los cocaleros que resistirían la interdicción policial hizo retroceder al gobierno de Humala suscribiéndose un acuerdo para no realizarlo y comprometiéndose a reconvertir 5,000 hectáreas (ha) de coca, lo cual  fracasó.

coca Kimbiri VRAEM

Kimbiri-Vraem: cultivos de alta densidad (200,000 plantas x Ha.)

Por: Alejandro Fierro /Ava Gómez-CELAG

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha venido publicando una serie de análisis sobre las categorías conceptuales con las que opera la derecha del subcontinente, tanto a nivel político como mediático. Este artículo condensa los principales mensajes detectados. Pretende ser una guía sucinta de los nuevos códigos que maneja un "neo-neoliberalismo" que se ha reciclado discursivamente para tratar de hacer olvidar los resultados catastróficos de sus políticas en los años 80 y 90.

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UIFGuillermo Olivera Díaz*

So pretexto que son derechos fundamentales de la persona el secreto bancario y la reserva tributaria, los fujimoris —que abundan— pretenden negar —luego de dilaciones— la delegación de facultades legislativas, pedidas por el Ejecutivo, para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros, no pueda levantar con resolución del juez el secreto bancario y la reserva tributaria, ambos derechos que la Constitución protege pero que pueden ser legítimamente levantados.

Yeni VilcatomaGuillermo Olivera Díaz*

1.- Dijo el vocero fujimorista de los 2 garfios (ex PPC) que pidieron, el jueves 15, los 2 voceros juntos, Daniel Salaverry y Luis Galarreta (ex APRA y ex PPC, ambos emotivos y belicosos), a la Junta Directiva de la bancada suya, que "preside" Keiko Fujimori Higuchi, que se procese ipso facto, ¿por infraterna flagrante?, a la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz.

Alfredo Palacios Dongo
El lavado de activos es un grave delito que se desborda en nuestro país y pone en riesgo el sistema económico y financiero por movimiento de ingente cantidad de dinero ilegal proveniente del narcotráfico, corrupción, minería ilegal, contrabando, piratería, industria maderera, trata de personas, etc. (US$ 10,000 millones anuales según el ex Fiscal General José Peláez) que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias de bienes y dinero, creación de empresas de fachada para simular operaciones financieras, cambio de divisas, y hasta “pitufeo” con un ejército de testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas empresas.  
dolares incautados 
El lavado de activos en el Perú mueve US$10,000 millones al año

Herbert Mujica Rojas

Todo el país asiste conmovido al espectáculo de tener 1500 vehículos sin funcionar y malográndose y que debían ser usados como patrulleros. El ministro del Interior, Carlos Basombrío ha dicho que fue una “compra hecha con los pies” por el anterior gobierno. Algo hay de podrido en el asunto. Un disparate mayúsculo es la menor duda sobre el asunto.

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ositranAnte el silencio de los responsables de Transparencia en la institución reguladora, la ciudadana Elisa Castro Valderrama presentó Apelación, conforme lo dispone la Ley de Transparencia, dando por agotada la vía administrativa y pasando a requerir las Actas del Consejo Directivo a los responsables exclusivos de su cuidado y entrega: la Presidente de la entidad, Patricia Benavente, y el Secretario del Consejo Directivo, abogado Jean Paul Calle.

Edgard Alarcon Tejada 3CPC Luis Alberto Latínez Carpio*

En el semanario Hildebradnt en sus Trece del 2 al 8 de setiembre del 2016, se informa que la Contraloría General  de la República (CGR) se niega a proporcionar información a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República del Perú, argumentando el Contralor, Edgar Alarcón, que la información solicitada es “secreta”, por tratarse de “compras militares”.