Por Gustavo Espinoza M. (*)
Coinciden los viajeros y los geógrafos en considerar que el triángulo de las Bermudas es una suerte de espacio maléfico. Situado entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, tiene un radio aproximado de 1,800 kilómetros, y es considerado uno de los más peligrosos lugares del planeta. Muchos aseguran que es una zona en la que suelen desparecer barcos y aviones, sin dejar huella.
Jans Cavero*
Culminada la legislatura, Luz Salgado debería renunciar a la Presidencia del Congreso. En efecto, previo a la censura del Ministro de Educación, Salgado bajó a su escaño y, visiblemente molesta, expresó lo siguiente: “Si me demuestran que un empleado se ha enriquecido, yo lo saco y renuncio”. Pues bien, horas atrás, Salgado ha informado que la Contraloría reportó una situación de riesgo en la compra de computadoras hechas por el Parlamento a una empresa sin movimientos bancarios.
Herbert Mujica Rojas
Pocos días atrás, conmovió hasta la indignación que en el Congreso se otorgaran canastas navideñas por un monto individual de hasta S/ 920. Las protestas han sido múltiples, por doquier cundió la congoja y amargura frente a un hecho muy discutible.
Alejandro Sánchez-Aizcorbe
Alonso Alegría, durante casi cincuenta años te has dedicado a destrozar la vida de mi querida y talentosa Hermana, Marta Sánchez-Aizcorbe. La has insultado, explotado, le has puesto los cuernos sistemáticamente desde que se casaron. Y ahora, Alonso, cuando Marta es el cadáver más bello del mundo, le pones los cuernos post mortem: sigues viviendo tu sandez de vida, tomas desayuno a las once de la mañana, pides piedad a quienes jamás te la concederán. No sólo has humillado a nuestra hermana en vida. La has denigrado en la muerte. Mientras ella yacía ya sin vida, tú, anciano de 77 años, hablabas por celular con tu última víctima, una muchacha de veinticinco año, y le decías:
Herbert Mujica Rojas
¡Cuándo no, el regulador más conflictivo del Perú, OSITRAN!
Esta vez un ciudadano ha puesto en conocimiento del congresista Daniel Salaverry, titular de la Comisión Investigadora de la Línea 2, la denuncia porque el regulador ha dejado de cobrar al concesionario de la Línea 2 en multas.
César Barrrera Bazán
La disputa entre dos bandos empresariales por controlar el negocio de la educación
A un mes de la repetida designación como Ministro de Educación de Saavedra, advertimos: “Ministro continuista a la vista”. Tuvimos completa razón. No era para menos: a Saavedra hace ya más de 4 años, lo impusieron los organismos multilaterales internacionales (para los que siempre ha trabajado), y los empresarios de la educación ligados a la CONFIEP, con la misión de acelerar y “modernizar” el proceso de privatización neoliberal, afirmando la primacía de lo privado sobre lo público, imponiendo la gestión “público–privada”, es decir, engordar mucho más rápido las arcas de los empresarios de la educación con fondos fiscales y persistir en los pagos por este derecho aun en los centros públicos de todos los niveles.
José Luis Ayala
Si el Congreso de la República censura o no al ministro de Educación, Jaime Saavedra, es absolutamente intrascendente, no pasa nada. No cambiará el colonial sistema educativo peruano, ni el informe vergonzante informe PISA contribuirá a mejorar la calidad educativa. Jaime Zaavedra, no conoce nada de educación, por más esfuerzo que haga, no tiene la formación académica necesaria, no es un ideólogo como José Antonio Encinas, un líder como Horacio Zevallos, ni un auténtico maestro peruano como Telésforo Catacora, José Portugal Catacora, Carlos Castillo Ríos, etc., etc. Sin embargo, no tiene culpa que fuera designado otra vez Ministro de Educación. Durante el gobierno de Ollanta Humala, demostró que no estaba capacitado para liderar uno de los ministerios más importantes.
Jans Cavero*
La mejor demostración de que el Poder Ejecutivo no tiene una hoja de ruta clara y concreta para luchar contra la corrupción fue la creación de la “Comisión Presidencial de Integridad”, con el objetivo de fomentar la transparencia, prevenir y sancionar la corrupción. Esta comisión estuvo presidida por el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, y conformada por 8 integrantes, quienes en un plazo de 45 días debían presentar su informe.
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