Recuerdo que hace algún tiempo, un inspector de policía de un país centroeuropeo cuyo nombre prefiero no recordar, se conmovió al descubrir en los medios de comunicación, junto a su nombre, la mención el ilustre desconocido. Desconocido sí, en el horizonte político de un país que descartaba a quienes nada tenían que ver con las quinielas electorales, con las aspiraciones de una persona de a pie del selecto mundo de los gobernantes.
Claroscuros sobre la consulta previa en 2015
A pesar de haberse realizado varias consultas previas a nivel nacional, las comunidades esperan que los acuerdos alcanzados durante el proceso, se visibilicen en sus comunidades.
Cuatro años han pasado desde que el Gobierno de Ollanta Humala aprobara la Ley de Consulta Previa (N° 29785). El resultado: 27 procesos de consulta previa puestos en marcha, 15 de ellos finalizados, y 12 en proceso. Las novedades del 2015 fueron las tres primeras consultas en minería, y zanjar la consulta en el estratégico lote petrolero 192 en Andoas (Loreto), -una rémora para el Ejecutivo que llevaba arrastrando desde el 2012-. Sin embargo, medir el resultado de las consultas por el número de procesos realizados deviene en una trampa matemática. ¿Qué se les consulta a los pueblos indígenas? ¿Qué pasa después de que sean consultados? Estas preguntas-que tan escasamente son planteadas- revelan que la realidad nunca se traduce a una cifra. Más aún, si se observa que los procesos de consulta se han implementado en un marco de debilitamiento de los estándares y controles socioambientales.