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| Rocío Silva |
Los gastos de instalación para los funcionarios públicos se asignan a aquellos que deben mudarse a una provincia o departamento diferente al de su residencia habitual para desempeñar sus funciones, pero en el Congreso de la República 23 congresistas tuvieron el poco decoro de cobrarlos, pues radican en Lima, y son de diferentes partidos, de esos que pregonan la lucha anticorrupción.
El Congreso aprobó impedir que las personas sentenciadas por delitos dolosos graves ocupen cargos públicos, pero consideran sólo cuatro supuestos: terrorismo, apología, violación sexual y tráfico de drogas, lo cual abre las puertas a otros sentenciados como los corruptos, estafadores, ladrones, asaltantes, etc.
No den dinero para caridad a la ONU, porque maltrata a los niños peruanos
Mañana tarde y noche la ONU, a través de la Unicef, está bombardeando por televisión a los peruanos con una lastimera campaña en la cual piden dinero para los niños pobres del Perú y “del mundo”, lo cual extraña, pues ese organismo sabe que la pobreza en el Perú está extendida y agravada por la pandemia, y en lugar de pedir dinero debería TRAERLO.
Pobreza de esta niña usada por la Unicef
El dictamen de reforma constitucional que incorpora los artículos 34-A y 39-A en la Constitución para definir los nuevos impedimentos para postular a cargos de elección popular, fue aprobado por mayoría (17 a favor, tres abstenciones y dos en contra) en la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Omar Chehade Moya (APP).
El Perú debería estar en condiciones de reducir el índice de letalidad por el coronavirus COVID-19, pero las fallas de parte del Ejecutivo empujan las cifras negativamente y ya tenemos más muertos por millón que Brasil (269) y México (205), sólo Chile (280) nos supera, según cifras de Worldometers, frente a los 277 para nuestro país.
Sandra Castro, fiscal provincial contra el crimen organizado, rechazó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por no revisar por segunda vez las acusaciones contra el fiscal supremo Pedro Chávarry.
El Congreso de la República ofreció una opción más viable, inmediata y simple para el uso temporal de los recursos de las clínicas sin necesidad de pasar por engorrosos procesos de expropiación al aprobar la autógrafa de los proyectos de ley 4865, 4872, 4926 y 5251, que proponen la modificación de los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado de daños a la salud y la vida de las poblaciones.
Tras el discurso del presidente Martín Vizcarra, quien señaló esta semana que de no llegar a un acuerdo con las clínicas privadas sobre el precio de sus servicios al Estado podría expropiarlas por necesidad pública, la Confiep difundió un comunicado rechazando tales expresiones e instando al mandatario a ejecutar el presupuesto de Salud, pues ha gastado menos del 30% de recursos asignado habilitados para combatir al coronavirus COVID-19.
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