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La carpeta fiscal N.o 506010114-2021-66-0 y sus actuados que tiene como acusados a Erasmo Wong Lu Vega, Edgardo Mauricio Armando, Pedro Wong Lu Vega y otros por los siguientes delitos: falsedad genérica, falsedad ideológica, omisión de hacer denuncia penal, apropiación ilícita, fraude en la administración de persona jurídica, falsa declaración en procedimiento administrativo, usurpación, fraude en la venta de valores y que tiene como agraviados a la empresa agraria de la persona jurídica Azucarera Andahuasi S.A.A., a los denunciantes socios accionistas Juan José Rojas Quispe y Alejandro Morales Rojas; fue derivada a la Mesa Unica de Partes de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince.

 

 

El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, afirmó este jueves que su cartera está evaluando el traslado del expresidente, Alberto Fujimori (1990-2000), a una cárcel distinta a la cual se encuentra cumpliendo una condena de 25 años por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

 

 

 

La Fiscalía de EE. UU. pidió a la Corte del Distrito Norte de California que se otorgue la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) para que sea juzgado por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, informaron medios del país sudamericano.

 

 

El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra un grupo de empresarios investigados por el presunto delito de lavado de activos.

 

 

El Pleno del Congreso rechazó por amplia mayoría la admisión a debate de las mociones de orden del día 377 y 392, que proponían la censura de la presidente del Congreso, María del Carmen Alva Prieto.

 

 

El dictamen que interpreta la cuestión de confianza, aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, transgrede la Constitución y rompe el equilibrio de poderes, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.

 

 

Siete personas acusadas de haber participado en los contratos durante el gobierno de Alberto Fujimori, entre 1996 y 1998, para la adquisición ilícita de 18 aviones MiG-29 y 18 aviones Sukhoi, municiones, repuestos, servicios y otros en nombre del Estado peruano y la Fuerza Aérea del Perú, fueron sentenciadas por el delito de colusión desleal.

 

Luego de un prolongado debate parlamentario y del importante aporte de especialistas y distinguidos constitucionalistas, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, con doce votos a favor, el dictamen que reúne cuatro proyectos de ley que plantean la ley que interpreta la cuestión de confianza regulada en el último párrafo de los artículos 132 y 133 de la Constitución.