Universidades: la lógica del costo-beneficio
Por: Humberto Campodónico
La razón que explica la negativa del ministro de Economía, Luis Carranza, a homologar las remuneraciones de los docentes universitarios —que llevan en huelga más de 45 días― es la lógica del costo-beneficio.
Su punto de partida es ¿qué importancia tienen las universidades estatales para el funcionamiento del modelo primario exportador de la economía? Muy poca. Desde 1990 han aumentado las universidades privadas y ahora según la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), ya son 56 y las estatales solo 35.
En el 2006 (último año con estadísticas de la ANR), de los 568,095 estudiantes matriculados, 282,119 estaban en las universidades privadas y 282,219 en las estatales. La proporción es 50-50. Lo mismo sucede con los 44,692 docentes: 22,398 están en las estatales y 22,244 en las privadas. Con seguridad, al 2009, el número de alumnos y docentes en las universidades privadas es ahora mayoritario.
Continuando con el costo-beneficio: si la mayor parte de las necesidades de las empresas son cubiertas por las universidades privadas, no tiene sentido aumentar el sueldo de los docentes estatales. Poco importa que buena parte de las universidades privadas sean “máquinas de negocios”, con educación de mala calidad y que, además, tengan como práctica común la corrupción de funcionarios (Alas Peruanas).
Al costo-beneficio poco le interesa el rol de la universidad en la investigación y el desarrollo necesarios para la sociedad de la información y del conocimiento. En el Perú en el 2008 se invirtieron S/. 252 millones, lo que apenas llega a 0.1% del PBI, según Francisco Sagasti (1).
De este total, según Sagasti, la universidad estatal invirtió S/. 57 millones y la privada tan solo S/. 30 millones (poco que ver con la ciencia y tecnología). Agréguese que las empresas privadas tan solo habrían invertido el 2% del total, lejísimos del 40% promedio en América Latina, según la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología.
Corolario: si ahora hay más universidades, alumnos y docentes privados, si a la empresa privada no le interesa la ciencia y tecnología (casi todas las patentes vienen de afuera, ver “Nos ganan 47 a 1, www.cristaldemira.com, 31/10/09), si con las universidades privadas se puede satisfacer las necesidades de un aparato económico que responde, como dice Efraín Gonzales, a un modelo primario exportador y de servicios (PESER), ¿para qué diablos debe el MEF aumentarle el sueldo a los docentes estatales?
Para terminar, existen algunas buenas universidades privadas y algunas estatales malas. El problema de fondo es que, a diferencia de Brasil, México y Argentina (donde las estatales tienen niveles de excelencia superiores a las privadas) aquí al “modelo económico” no le interesa la universidad estatal. Eso es lo que hay que modificar.
La solución pasa por mejorar la calidad de la educación, hacerla más equitativa (lo que brilla por su ausencia) y tener un adecuado sistema de evaluación. En una palabra, reformar el conjunto del sistema universitario, para lo cual existen múltiples propuestas que duermen en el Congreso. Un primer paso obligatorio es homologar, ya, los sueldos de los docentes universitarios estatales y terminar con la lógica del costo-beneficio.
(1) “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú”, PCM, 2009, Tabla 4.
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