Municipios de Lima y Callao mejoran entrega de licencias de funcionamiento
Según investigación del INDECOPI, sólo dos municipios de Lima y Callao, de los 49 en total, se han mostrado “en rebeldía” para corregir excesos, destaca la CCL
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) destaca el trabajo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para eliminar las barreras burocráticas que colocan las municipalidades de Lima y el Callao en la emisión de licencias de funcionamiento.
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Según investigación del INDECOPI, sólo dos municipios de Lima y Callao, de los 49 en total, se han mostrado “en rebeldía” para corregir excesos, destaca la CCL
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) destaca el trabajo de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para eliminar las barreras burocráticas que colocan las municipalidades de Lima y el Callao en la emisión de licencias de funcionamiento.
En octubre pasado el Indecopi inició una fiscalización en las 49 municipalidades de Lima y Callao ante el elevado incumplimiento de la Ley que establece los requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento.
La CCL recuerda que, conforme a la norma, los únicos requisitos que deben exigir las municipalidades para otorgar licencias de funcionamiento son: la solicitud, indicando RUC y DNI o carné de extranjería, que el poder del representante legal esté vigente (personas jurídicas), la declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o inspección técnica de seguridad en Defensa Civil y, según los rubros, copia del título profesional, copia de la autorización sectorial o copia de autorización del INC cuando corresponda.
Una vez verificados los requisitos se paga ante el municipio la tasa por el derecho de trámite.
Trabas detectadas
Sin embargo, los municipios venían imponiendo trabas para la formalización de las pequeñas empresas, destacando que el 51% de los municipios no cumplían con entregar formularios gratuitos, o que el 86% de las municipalidades no exhibían su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que consigne el trámite para obtener la licencia, o que el 39% realizaban cobros adicionales por carpetas, certificados de zonificación, compatibilidad o inspección (en locales menores a 500 m2), entre otros.
En su investigación, la CEB del Indecopi detectó que los municipios exigían en total más de 30 documentos adicionales a los 4 requisitos contemplados en la ley.
El trámite se volvía más engorroso para empresas de mayor tamaño, pues debían de obtener autorizaciones sectoriales de los ministerios, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) o el Instituto Nacional de Cultura (INC), entre otros.
Resultados de la fiscalización
Luego que la CEB del Indecopi notificara las observaciones en la entrega de licencias de funcionamiento a las 49 municipalidades, 40 municipios corrigieron sus TUPA e implementaron una plataforma de atención al usuario.
Dichos municipios son Ancón, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, La Victoria, Lurigancho–Chosica, Magdalena del Mar, Pucusana, Pueblo Libre, Pachacamac, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santa Rosa, Surquillo, Carmen de la Legua, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Callao, Bellavista, Ate, Barranco, El Agustino, Independencia, La Molina, Lima, Los Olivos, Lurín, Puente Piedra, Punta Hermosa, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Santa María del Mar y Surco.
Sin embargo, la CEB del Indecopi declaró fundados procedimientos contra 9 municipalidades: Chaclacayo, Lince, Miraflores, Rímac, San Bartolo, Santa Anita, La Perla, La Punta y Ventanilla.
Cuatro municipios apelaron la resolución de INDECOPI: Lince, Miraflores, Santa Anita y La Punta, por considerar que las resoluciones de la CEB no se ajustan a ley.
El resto, al no apelar, aceptaron la resolución. Sin embargo, la CEB del Indecopi llama la atención sobre el caso de dos municipios que han sido declarados en rebeldía: Rímac y San Bartolo, los cuales no han brindado ninguna información ni colaboraron durante el proceso de investigación.
Eliminando barreras
Según la norma, la CEB del Indecopi puede disponer la inaplicación de la barrera burocrática al caso concreto. Asimismo, puede notificar a la municipalidad que emitió la norma para que la modifique o la derogue.
Para la CCL, en aras de que se eliminen las barreras burocráticas, el Indecopi debe contar con facultades coercitivas para que sus resoluciones se cumplan y realmente se eliminen las barreras que traban los negocios y generan la informalidad en el país.
La CCL recuerda que, conforme a la norma, los únicos requisitos que deben exigir las municipalidades para otorgar licencias de funcionamiento son: la solicitud, indicando RUC y DNI o carné de extranjería, que el poder del representante legal esté vigente (personas jurídicas), la declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o inspección técnica de seguridad en Defensa Civil y, según los rubros, copia del título profesional, copia de la autorización sectorial o copia de autorización del INC cuando corresponda.
Una vez verificados los requisitos se paga ante el municipio la tasa por el derecho de trámite.
Trabas detectadas
Sin embargo, los municipios venían imponiendo trabas para la formalización de las pequeñas empresas, destacando que el 51% de los municipios no cumplían con entregar formularios gratuitos, o que el 86% de las municipalidades no exhibían su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que consigne el trámite para obtener la licencia, o que el 39% realizaban cobros adicionales por carpetas, certificados de zonificación, compatibilidad o inspección (en locales menores a 500 m2), entre otros.
En su investigación, la CEB del Indecopi detectó que los municipios exigían en total más de 30 documentos adicionales a los 4 requisitos contemplados en la ley.
El trámite se volvía más engorroso para empresas de mayor tamaño, pues debían de obtener autorizaciones sectoriales de los ministerios, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) o el Instituto Nacional de Cultura (INC), entre otros.
Resultados de la fiscalización
Luego que la CEB del Indecopi notificara las observaciones en la entrega de licencias de funcionamiento a las 49 municipalidades, 40 municipios corrigieron sus TUPA e implementaron una plataforma de atención al usuario.
Dichos municipios son Ancón, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Cieneguilla, Comas, La Victoria, Lurigancho–Chosica, Magdalena del Mar, Pucusana, Pueblo Libre, Pachacamac, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Santa Rosa, Surquillo, Carmen de la Legua, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Callao, Bellavista, Ate, Barranco, El Agustino, Independencia, La Molina, Lima, Los Olivos, Lurín, Puente Piedra, Punta Hermosa, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Santa María del Mar y Surco.
Sin embargo, la CEB del Indecopi declaró fundados procedimientos contra 9 municipalidades: Chaclacayo, Lince, Miraflores, Rímac, San Bartolo, Santa Anita, La Perla, La Punta y Ventanilla.
Cuatro municipios apelaron la resolución de INDECOPI: Lince, Miraflores, Santa Anita y La Punta, por considerar que las resoluciones de la CEB no se ajustan a ley.
El resto, al no apelar, aceptaron la resolución. Sin embargo, la CEB del Indecopi llama la atención sobre el caso de dos municipios que han sido declarados en rebeldía: Rímac y San Bartolo, los cuales no han brindado ninguna información ni colaboraron durante el proceso de investigación.
Eliminando barreras
Según la norma, la CEB del Indecopi puede disponer la inaplicación de la barrera burocrática al caso concreto. Asimismo, puede notificar a la municipalidad que emitió la norma para que la modifique o la derogue.
Para la CCL, en aras de que se eliminen las barreras burocráticas, el Indecopi debe contar con facultades coercitivas para que sus resoluciones se cumplan y realmente se eliminen las barreras que traban los negocios y generan la informalidad en el país.
