Gobierno debe frenar abuso en precios de fármacos oncológicos y para sida
Congreso citará a los representantes de las principales importadoras y cadenas de farmacias. 75% de las ventas anuales (US$ 880 millones) del mercado farmacéutico va exclusivamente al sector privado
Luego del alarmante anuncio del ministerio de Salud sobre las desmedidas ganancias de las importadoras de medicamentos para el cáncer y el VIH Sida, el congresista, Yonhy Lescano Ancieta, miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, señaló que la tendencia al alza en dichos fármacos significa una violación del Artículo 57 del Código de Defensa del Consumidor, que prohíbe las prácticas abusivas en la que el usuario esté en desventaja con la imposición de condiciones excesivamente costosas.
Congreso citará a los representantes de las principales importadoras y cadenas de farmacias. 75% de las ventas anuales (US$ 880 millones) del mercado farmacéutico va exclusivamente al sector privado
Luego del alarmante anuncio del ministerio de Salud sobre las desmedidas ganancias de las importadoras de medicamentos para el cáncer y el VIH Sida, el congresista, Yonhy Lescano Ancieta, miembro titular de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, señaló que la tendencia al alza en dichos fármacos significa una violación del Artículo 57 del Código de Defensa del Consumidor, que prohíbe las prácticas abusivas en la que el usuario esté en desventaja con la imposición de condiciones excesivamente costosas.
“Pese a la eliminación del pago del arancel y del Impuesto General a las Ventas (IGV) aplicada desde el 2001 a las medicinas oncológicas y de VIH Sida, los beneficios no se destinaron nunca a los pacientes, sino a los laboratorios, las distribuidoras, las farmacias y las boticas”, afirmó Lescano.
El parlamentario explicó que los canales de distribución privados comprenden el 70% del mercado farmacéutico y que, aunque el Gobierno actuó inicialmente esperando la reducción en 23% del precio final, el margen de ganancia de las importadoras se elevó hasta en 64%. “Es urgente que el Gobierno ponga un alto a este abuso, para que la reducción de precios se traslade a los usuarios finales; Indecopi y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de exigir que el Código de Defensa del Consumidor se cumpla”, manifestó el congresista de Acción Popular.
Lescano señaló como ejemplo al medicamente oncológico “Arimidex de 1 mg”, cuyo precio es S/.22.52 por tableta. “Esto significa que si el paciente debe tomar una pastilla diaria el tratamiento le constará S/.698.12 al mes y es una cifra inalcanzable para la mayoría de peruanos con cáncer. En este caso el usuario paga un sobreprecio de 444%”.
Otro ejemplo claro del abuso del mercado farmacéutico es el medicamento oncológico “Dactinomicina en ampolla de 0.5mg”, cuyo precio actual es S/. 141.25 por ampolla, lo que genera un gasto mensual de S/.4,378.75 si la dosis fuera diaria. “Otra vez, es un precio imposible de pagar y un Estado de derecho como el Perú no puede permitir esta injusticia”, sostuvo el legislador.
El congresista propuso como medida de urgencia que el Estado importe directamente los medicamentos esenciales y oncológicos para distribuirlos a través de los hospitales del Minsa y Essalud. Asimismo, agregó que el Gobierno debe cumplir el Artículo 61 de la Constitución, que sanciona el abuso de posiciones dominantes. “Citaré a la Comisión de Defensa del Consumidor al ministro de Salud, Óscar Ugarte; al Presidente del Indecopi, Jaime Thorne; a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino; y a los representantes de las principales importadoras y cadenas de farmacias”.
Finalmente, Lescano reveló que las ventas anuales del sector farmacéutico alcanzan los US$ 880 millones aproximadamente, cuyo 75% de las ganancias van directamente al mercado privado. “El tema de fondo no es que el Estado dejó de percibir cerca de 16.5 millones de dólares en los últimos dos años, sino las numerosos vidas que se ponen en juego con los precios abusivos e imposibles de pagar”, opinó el parlamentario.
El parlamentario explicó que los canales de distribución privados comprenden el 70% del mercado farmacéutico y que, aunque el Gobierno actuó inicialmente esperando la reducción en 23% del precio final, el margen de ganancia de las importadoras se elevó hasta en 64%. “Es urgente que el Gobierno ponga un alto a este abuso, para que la reducción de precios se traslade a los usuarios finales; Indecopi y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de exigir que el Código de Defensa del Consumidor se cumpla”, manifestó el congresista de Acción Popular.
Lescano señaló como ejemplo al medicamente oncológico “Arimidex de 1 mg”, cuyo precio es S/.22.52 por tableta. “Esto significa que si el paciente debe tomar una pastilla diaria el tratamiento le constará S/.698.12 al mes y es una cifra inalcanzable para la mayoría de peruanos con cáncer. En este caso el usuario paga un sobreprecio de 444%”.
Otro ejemplo claro del abuso del mercado farmacéutico es el medicamento oncológico “Dactinomicina en ampolla de 0.5mg”, cuyo precio actual es S/. 141.25 por ampolla, lo que genera un gasto mensual de S/.4,378.75 si la dosis fuera diaria. “Otra vez, es un precio imposible de pagar y un Estado de derecho como el Perú no puede permitir esta injusticia”, sostuvo el legislador.
El congresista propuso como medida de urgencia que el Estado importe directamente los medicamentos esenciales y oncológicos para distribuirlos a través de los hospitales del Minsa y Essalud. Asimismo, agregó que el Gobierno debe cumplir el Artículo 61 de la Constitución, que sanciona el abuso de posiciones dominantes. “Citaré a la Comisión de Defensa del Consumidor al ministro de Salud, Óscar Ugarte; al Presidente del Indecopi, Jaime Thorne; a la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino; y a los representantes de las principales importadoras y cadenas de farmacias”.
Finalmente, Lescano reveló que las ventas anuales del sector farmacéutico alcanzan los US$ 880 millones aproximadamente, cuyo 75% de las ganancias van directamente al mercado privado. “El tema de fondo no es que el Estado dejó de percibir cerca de 16.5 millones de dólares en los últimos dos años, sino las numerosos vidas que se ponen en juego con los precios abusivos e imposibles de pagar”, opinó el parlamentario.
