El Perú necesita Tía María, pero no a salvaje Southern: causó gran desastre ecológico en México
Por Rocío Ferrel
En México están exigiendo un castigo ejemplar a la minera mexicana del Grupo México (dueños de Southern -Tía María- en el Perú) por múltiples ecocidios que han quedado impunes, siendo uno de los más brutales el perpetrado contra el Mar de Cortés, en el noroeste de México, llamado el “acuario del mundo”, zona de gran biodiversidad, donde han vertido tres mil litros de ácido sulfúrico.
Desastre ambiental en Guayms, perpetrado por Grupo México. Foto: @expresiongyms
Son miles los animales muertos en el lugar y además estos desastres repercuten también en aire, tierra y aguas vecinas, además de la fauna vecina también, que en lugar de continuar pasando por un lugar vivo, se topará con toxicidad.
Esta empresa es responsable de ocasionar los peores desastres ambientales en México, al menos 22 desastres ecológicos en los últimos años y en el colmo de la irresponsabilidad ahora niega ser la causante del derrame, exigiendo “pruebas”, lo cual ha indignado a los mexicanos, que ya se lanzan a protestar por ello.
En México la ley es defectuosa y por ello Grupo México está burlándose, pues los responsables ya deberían estar siendo procesados y tratados como delincuentes, pues atentar contra la naturaleza debe ser delito en todo el mundo. Por ello, el titular de la Semarnat, Víctor Toledo indicó que la dependencia federal ejercerá sus facultades para aplicar la ley e impulsar cambios necesarios en la normatividad ambiental.
No ha remediado ningún pasivo ambiental
El secretario de Medio Ambiente criticó que la empresa Grupo México no haya cumplido con el acuerdo de remediar el desastre anterior que ocasionó al verter 40 millones de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, en un incidente calificado como el mayor desastre minero en la historia del país.
Además de haber causado los peores desastres ambientales en México, esa empresa se zurra en la naturaleza y no ha remediado los desastres causados. Ha firmado acuerdos con las autoridades y no ha cumplido nada.
Julieta Lamberti, directora de investigación de la organización PODER señaló: “Son 20 años de desastres que han cobrado la vida de personas y este grupo ha salido impune: no ha tenido ninguna obligación de resarcir los daños o remediar los impactos ambientales que ha tenido. Todo indica que, al menos esta vez, las autoridades tienen la oportunidad de hacer algo diferente”, citada por medios de su país.
“Dado el historial de Grupo México, de reincidencia de contaminación, la Semarnat tendría que tomar una sanción ejemplar que no puede ser nada más una multa, sino que esta vez sí deberían analizar suspenderle los permisos para operar, y en última instancia que se revisen las concesiones que se han dado a esta empresa, y si es posible, que se cancelen. Es momento de parar la impunidad”, dijo Lamberti.
Incapacidad o corrupción en el Congreso y el Ejecutivo, apoyados por memeleros
Los responsables de normar la actividad minera son el Congreso y el Poder Ejecutivo. Se debe investigar los “aportes” o coimas de las mineras a los políticos y funcionarios públicos dentro o fuera de campañas porque la debilidad de la ley solo tendría explicación en la corrupción.
No se necesita ser cívico, ni genio para introducir cambios básicos en la ley, pues su mayor defecto es que permite operar con impunidad grotesca a empresas mineras que tienen antecedentes de haber causado contaminación ambiental en el país o el exterior y en el Perú Southern tiene muchas multas por violar las leyes ambientales y no ha remediado los pasivos ambientales.
¿Por qué hasta ahora, pese a tener en el Perú casos graves de contaminación como los de La Oroya, la ley permite que empresas como Southern sigan operando en nuestro país? ¿Por qué les otorga licencia para nuevos proyectos? La ley necesita corrección urgente y no congresistas y funcionarios muy probablemente sobornados, pues ya se debería establecer en la normativa que toda empresa con antecedentes de daño ambiental en el Perú o el exterior no tendrá definitivamente ninguna licencia más. Y hasta como plantean en México, se debería cancelarles la autorización en proyectos activos.
Las normas también deberían contemplar que no proceda ninguna licencia por daños ambientales graves, reparados o no. Y en caso de daños menores, las licencias podrían proceder previa reparación del daño.
¿Cuánto dinero habrían entregado las mineras a congresistas y funcionarios públicos para que no se modifique la ley? En las últimas décadas las mayorías congresales de dudosa reputación se niegan a poner en orden a las mineras. Recordemos cómo Nava, secretario de Alan García, lucraba vendiendo servicios de transporte a los ladrones Odebrecht. Lo mismo deberá estar sucediendo con los servicios a las mineras. ¿Qué funcionarios, congresistas o su parentela venden servicios a las mineras?
Mermeleros
En perpetuar este estado calamitoso trabajan también los mermeleros de diversos medios. Por ejemplo, resulta repugnante ver cómo Canal N pasa publicidad de Tía María y a la vez invita a entrevistas sobre esta materia. Ayer, con todo descaro, entrevistando a la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, ésta planteaba que si se afectara el valle de Islay nos quedaríamos sin ajos y cebollas de buena calidad que no sólo abastecen el mercado nacional, sino que se exportan. Con increíble desparpajo, para el casi desmayo de la ministra, René Gastelumendi dijo que de ser así entonces importaríamos esos alimentos.
Es una vergüenza que exista esa clase de “periodistas”, que piensan que los valles fértiles de nuestro país puedan ser convertidos en albañales, que vivamos en la inmundicia y nos contentemos con importar alimentos. Nada les importa el ambiente ni los miles de puestos de trabajo ni la alta calidad de la producción nacional, pues el Perú produce productos de primera, no conseguiremos ni importando tener lo mismo.
Es hora de pensar en el cambio, en lugar de tener un proyecto Tía María que podría dar trabajo a los peruanos con una empresa de primer nivel, hay componenda con sucios mexicanos que deberían estar fuera de nuestro país.
Es cierto que hay agitadores y políticos que podrían estar aprovechando el conflicto de Tía María para sus ambiciones personales, pero si la ley y su cumplimiento estuvieran en orden no tendrían argumentos. Los ciudadanos no son tontos, saben que Southern nunca respetó las leyes ambientales, saben que si hay obra les darán sólo migajas y proyectitos de desarrollo o a lo más empleo, pero los contratos de maquinaria y otros importantes no serán para los lugareños, sino para… ¿los corruptos?
