Doe Run debe irse, ya
Por Humberto Campodónico
Hay varias razones que explican el porqué Doe Run ha podido llegar a esta situación de burla a las leyes y autoridades peruanas. La primera es el bien conocido comportamiento tramposo de Ira Rennert, propietario de Doe Run y del Complejo Metalúrgico de La Oroya —con una fortuna personal en el 2010 de US$ 5,300 millones, según Forbes—, quien también tiene acusaciones en Utah, donde la agencia ambiental de EE. UU. la consideró, en 1999, “como la industria más contaminadora”.
Por Humberto Campodónico
Hay varias razones que explican el porqué Doe Run ha podido llegar a esta situación de burla a las leyes y autoridades peruanas. La primera es el bien conocido comportamiento tramposo de Ira Rennert, propietario de Doe Run y del Complejo Metalúrgico de La Oroya —con una fortuna personal en el 2010 de US$ 5,300 millones, según Forbes—, quien también tiene acusaciones en Utah, donde la agencia ambiental de EE. UU. la consideró, en 1999, “como la industria más contaminadora”.
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La segunda es el comportamiento blandengue de las autoridades peruanas desde el inicio de sus operaciones en 1997. Dice Juan Aste que “el balance de pérdidas y ganancias de Doe Run para 1998-2004 da una pérdida neta de US$ 24.6 millones. Sin embargo, en el mismo período el envío de fondos a su casa matriz y a los bonistas en EEUU fue de US$ 130.7 millones” (“¿Cierre o continuidad de La Oroya?”, 2005).
Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 meses, que se cumplen este 24 de julio.
La razón de las prórrogas es la reticencia de los gobiernos a “poner en orden” a una empresa extranjera que adquirió La Oroya cuando el Estado la privatizó en octubre de 1997, con el argumento de que esto “dañaría al proceso de privatización en su conjunto”. Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010.
También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (solo puede haber empresa estatal donde los privados no quieran entrar). Así, el Estado, inclusive hasta hoy, no considera esa posibilidad, lo que hace que los trabajadores, al ver que el único empleador posible es Doe Run, se hayan puesto de su lado en varias oportunidades, lo que ha sido aprovechado por la empresa, algo que fue admitido por Alan García el 28 de julio pasado.
Asimismo, el Art. 62 de la Constitución dice que los contratos ley “no pueden ser modificados legislativamente”, sino solo si hay acuerdo entre las partes. Esta disposición no existe en las Constituciones de otros países de la Región y, claro, otorga al inversionista un excepcional “blindaje jurídico” en una disputa internacional. Estos dos artículos deben derogarse, como lo hemos planteado numerosas veces.
¿Cuál sería la salida legal de aquí al 24 de julio? Una de ellas es que, vía Indecopi, se constituya la Junta de Acreedores, como se planteó el año pasado.
Aquí un problema es que algunos acreedores privados no quieren hacerse cargo de la empresa. Otra solución pasa por garantizar a los trabajadores una indemnización que termine con la actual situación de paro y bloqueo de carreteras. Según María Chappuis, ex directora de Minería del MEM, otorgar US$ 10,000 a cada uno de los 3,800 trabajadores costaría US$ 38 millones.
La cuestión es que —con todo el blindaje legal que le otorga la actual legislación a Doe Run— una nacionalización de La Oroya podría salir “más cara que la camisa” y eso sería, precisamente, lo que busca Rennert. En efecto, las deudas a asumir –más los juicios pendientes a Doe Run en EE. UU. por la contaminación en La Oroya– ascienden a US$ 1.280 millones.
Dicho esto, no cabe duda de que el Estado va a tener que intervenir porque la actual situación es ya insostenible debido a la laxa y complaciente conducta de los gobiernos desde 1997. Lo que nos dice que la readecuación de las relaciones entre mercado, Estado y empresa privada necesita un replanteamiento profundo. ¿No es cierto?
www.cristaldemira.com
Lo mismo sucedió con las sucesivas prórrogas para el cumplimiento del PAMA, lo que en el 2004 culminó con la prórroga hasta el 2009, que fue también incumplida. En octubre, el Congreso promulgó la Ley 29410, que le dio otra prórroga de 10 meses, que se cumplen este 24 de julio.
La razón de las prórrogas es la reticencia de los gobiernos a “poner en orden” a una empresa extranjera que adquirió La Oroya cuando el Estado la privatizó en octubre de 1997, con el argumento de que esto “dañaría al proceso de privatización en su conjunto”. Esta “carta blanca” dio lugar a la prepotencia, al punto que Doe Run fue expulsada de la Sociedad de Minería en enero del 2010.
También que la Constitución de 1993 (Art. 60) establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado (solo puede haber empresa estatal donde los privados no quieran entrar). Así, el Estado, inclusive hasta hoy, no considera esa posibilidad, lo que hace que los trabajadores, al ver que el único empleador posible es Doe Run, se hayan puesto de su lado en varias oportunidades, lo que ha sido aprovechado por la empresa, algo que fue admitido por Alan García el 28 de julio pasado.
Asimismo, el Art. 62 de la Constitución dice que los contratos ley “no pueden ser modificados legislativamente”, sino solo si hay acuerdo entre las partes. Esta disposición no existe en las Constituciones de otros países de la Región y, claro, otorga al inversionista un excepcional “blindaje jurídico” en una disputa internacional. Estos dos artículos deben derogarse, como lo hemos planteado numerosas veces.
¿Cuál sería la salida legal de aquí al 24 de julio? Una de ellas es que, vía Indecopi, se constituya la Junta de Acreedores, como se planteó el año pasado.
Aquí un problema es que algunos acreedores privados no quieren hacerse cargo de la empresa. Otra solución pasa por garantizar a los trabajadores una indemnización que termine con la actual situación de paro y bloqueo de carreteras. Según María Chappuis, ex directora de Minería del MEM, otorgar US$ 10,000 a cada uno de los 3,800 trabajadores costaría US$ 38 millones.
La cuestión es que —con todo el blindaje legal que le otorga la actual legislación a Doe Run— una nacionalización de La Oroya podría salir “más cara que la camisa” y eso sería, precisamente, lo que busca Rennert. En efecto, las deudas a asumir –más los juicios pendientes a Doe Run en EE. UU. por la contaminación en La Oroya– ascienden a US$ 1.280 millones.
Dicho esto, no cabe duda de que el Estado va a tener que intervenir porque la actual situación es ya insostenible debido a la laxa y complaciente conducta de los gobiernos desde 1997. Lo que nos dice que la readecuación de las relaciones entre mercado, Estado y empresa privada necesita un replanteamiento profundo. ¿No es cierto?
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