Por Alan Fairlie
Hemos argumentado antes sobre su inconveniencia considerando la relación integral con Chile. Ahora nos concentramos en el acuerdo mismo por la información que ha trascendido, ya que en una inaceptable actitud no se publican los textos y anexos.
Se anuncia normas que protegen seguridad social de migrantes en los dos países. Se anuncia que se ha conseguido trato nacional para la inversión peruana. En realidad la inversión que acepte Chile bajo el DL 600, tendrá el mismo beneficio y protección que aquella que ingresa bajo el capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, que no requiere tratamiento especial, pero este país mantiene todos los mecanismos discrecionales vigentes (lo cual sigo siendo una espada de Damocles para cualquier inversión peruana). Los intereses ofensivos eran reconocimiento de títulos y servicios profesionales y servicios financieros. El primero se discutirá en un año, el segundo en seis meses (no necesariamente se aceptarán).
Propiedad intelectual que es lo que más nos interesa para evitar la piratería de nuestros productos (especialmente la biopiratería), está excluido de la negociación sin fecha para retomarlo. Se habría conseguido algo en movilidad temporal de personas, pero básicamente para hombres de negocios y técnicos en sectores como restaurantes, software y telefonía pero no en servicios profesionales.
Se habría excluído compras del estado en la que los chilenos querían participar, también servicios aéreos y puertos, porque se negocian en otros foros (no porque no les vayan a conceder lo que pidan). Se anuncia una renegociación de la liberalización de bienes para el 2007, que sólo tiene pendientes sensibilidades nuestras, y ya se han renegociado las normas de origen. Medidas sanitarias y fito-sanitarias es un tema sensible para el Perú, ya que han impedido el ingreso de nuestras exportaciones sistemáticamente, se anuncia como un avance pero hay que esperar el texto. Igual en el caso de obstáculos técnicos, donde hay una comisión que verá los casos, ¿cuanto se cede de nuestras atribuciones nacionales?¿Cuanto en la que verá las prácticas anticompetitivas transfronterizas?
Se excluye zonas francas, donde desde Chile se sabe que sale el contrabando para Bolivia y Perú.
Lo mas peligroso es que se amplía y reformula el capítulo de inversiones, donde se les ha otorgado la protección contra “expropiaciones indirectas”, basados en el texto del TLC con EEUU, con lo cual cualquier política tributaria, ambiental, para cautelar la salud que el estado quiera impulsar implicará sanciones si ellos consideran que amenaza no solo sus ganancias sino la expectativa de las mismas.
Se establece un mecanismo de solución de controversias (similar al establecido en los TLCs con EEUU) que amarra lo anterior, con lo cual se reduce los márgenes de maniobra del estado nacional, y se incrementan las posibilidades de conflictos comerciales ya que se puede argumentar que viola un tratado internacional y tener fáciles escalamientos indeseables.
Dadas las asimetrías existentes con Chile especialmente en servicios e inversiones, han conseguido su objetivo principal con un beneficio neto que amarran con el mecanismo de solución de controversias. Nosotros básicamente tenemos promesas sobre lo que podríamos beneficiarnos a futuro, y en propiedad intelectual ni siquiera hay fecha. Siguen presionando sobre compras del estado, zonas francas y encima les han aceptado revisar el período de desgravación del ACE 38 donde solo faltan nuestros productos sensibles.
Los ACE negociados en ALADI consideran el tema arancelario. La ampliación incluye disciplinas que obligan a una discusión en el Congreso (como lo hará Chile), lo que se quiere evadir con leguleyadas.
El Canciller reconoció en entrevista radial que no conocía el detalle del acuerdo. Probablemente el Presidente tampoco. Esperemos que rectifiquen y no firmen, y que el Congreso actúe a la altura de las circunstancias
