Doe Run aumenta exigencias al Estado para volver a operar complejo de La Oroyala oroya 1
 
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, informó hoy que la empresa Doe Run presentó nuevas condiciones al Estado para volver a operar el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

 

Merino explicó que las nuevas condiciones están establecidas en una segunda versión del plan de reestructuración presentada por Doe Run el pasado 29 de marzo.

 A fin de dar a conocer la propuesta de la empresa, el ministro Merino se reunió con los dirigentes del sindicato de trabajadores, con los líderes de la sociedad civil y con representantes de la Municipalidad de La Oroya.

El ministro informó que ya no es Doe Run Perú la que maneja los planteamientos, sino que estas pasaron a ser dirigidas por su matriz Renco de los  Estados Unidos.

Precisó que dicha matriz ha endurecido las condiciones y propone que el Gobierno peruano asuma la responsabilidad y los reclamos de terceros y el costo sin ninguna limitación de las demandas interpuestas contra Renco ante la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación en La Oroya.

“Renco como propietaria de Doe Run tiene que definir qué es lo que va hacer y si quiere de verdad operar el complejo metalúrgico debe expresar claramente esa voluntad y no poner condiciones que hacen inviable el plan de reestructuración y el consecuente reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico”, indicó.

Asimismo, reveló que en el documento remitido a Indecopi y a los miembros de la Junta de Acreedores, Doe Run ha variado la fecha del reinicio de las operaciones para fines de junio, luego de haber publicitado como plazo el 1 de mayo de este año.

A su turno, los dirigentes sindicales encabezados por Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, dijeron que existe una gran incertidumbre y temor por la posibilidad de perder los puestos de trabajo, e instó al gobierno a buscar una solución lo más pronto posible.

El ministro Merino señaló que espera que el accionista de Renco rectifique su posición y “en esa medida vamos a seguir trabajando, conversando con Doe Run para que defina cuál es su posición final porque hasta ahora nos ha hecho llegar ya dos versiones de su plan de reestructuración”.

Asimismo, indicó que se están haciendo los esfuerzos necesarios para lograr un entendimiento con los acreedores.

“El Estado está de lado de los trabajadores y el gobierno ratifica su decisión de encontrar una solución para que el complejo de La Oroya opere lo más pronto posible, preservando el derechos de los trabajadores, cuidando la salud de la población y respetando los estándares medio ambientales”, sostuvo.

Subrayó que el Estado es respetuoso de las leyes, y las controversias derivadas del contrato de privatización del complejo metalúrgico están siendo tratadas en las instancias competentes, que en ningún caso es la Junta de Acreedores de Indecopi.