El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio, presentó el balance del segundo año del actual gobierno hallando que las recientes medidas y reformas anunciadas pueden cambiar la tendencia de desaceleración económica, dado que si se impulsan las reformas estructurales se incrementarán las inversiones y la productividad.
“En este segundo año de gobierno del Presidente Ollanta Humala la economía peruana mantiene la tendencia de crecimiento a un ritmo decreciente, dado que son evidentes los signos de desaceleración en la dinámica del producto bruto interno (PBI) que está por debajo de su tasa potencial (6.0-6.5%), pues de pasar de un incremento anual de 6,2% en el periodo julio 2011-junio 2012, se estima que la actividad productiva habría aumentado 5,8% en el periodo julio 2012-junio 2013. Factores tanto internos como externos explican esta evolución”, señala el documento del IEDEP
Al mismo tiempo el IEDEP señala que varios factores internos han contribuido a determinar este escenario, resaltando en particular aquellos que han afectado en cierta medida las expectativas del sector empresarial incidiendo sobre la dinámica de crecimiento de la inversión privada en estos últimos doce meses. Resalta los referentes a los conflictos sociales y la evolución que tendrá la consulta previa; el incremento de la inseguridad; las barreras burocráticas y la complejidad de los procesos y de la toma de decisiones en lo relacionado a las concesiones, Asociaciones Públicas Privadas y obras por impuestos; y, las señales en favor de la actividad empresarial del Estado a contrapelo de la subsidiaridad estipulada en la Constitución.
A los factores antes mencionados, que han influido en el retraso de importantes proyectos de inversión privada, el IEDEP añade que la poca capacidad de ejecución de los recursos públicos destinados a inversión pública en infraestructura de los gobiernos subnacionales (regionales y locales), el desprestigio e ineficacia del poder legislativo en su accionar, evidenciado esto último en su falta de voluntad política e incapacidad en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, directores del Banco Central de Reserva (BCR) o la del Defensor del Pueblo. Cabe mencionar en relación a todos estos aspectos el último reporte de competitividad del Banco Mundial que los califica como los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú, ubicándonos además coincidentemente en posiciones muy rezagadas a nivel mundial en el pilar de institucionalidad.
En este contexto, como punto positivo fundamental a favor del gobierno de turno, es el responsable manejo macroeconómico que ha permitido aliviar en cierta medida los impactos negativos sobre la inversión antes precisados. “Ello se ha traducido en una baja tasa de inflación, cuentas fiscales y de balanza de pagos sostenibles, altísimos niveles relativos de reservas internacionales y solidez del sistema financiero, todo lo cual a coadyuvado a registrar una de las tasas más altas de crecimiento del PBI en América Latina en esta última década, convirtiéndonos aún en una de las plazas más atractivas para los flujos de capitales de largo plazo por el clima de estabilidad macroeconómica y la continuidad en las políticas económicas que llevan más de dos décadas en vigencia”, refiere
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Uno de los más importantes activos de la actual gestión es haber mantenido estable los índices de precios. Se estima que para este año el Perú registre la segunda tasa más baja de inflación en América Latina dentro del rango meta establecida por el BCR (1-3%), señala el documento del IEDEP.
No obstante, indica el IEDEP, se torna preocupante la desaceleración que viene experimentando la actividad económica durante este año. El propio Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce una reducción del ritmo de crecimiento del PBI por debajo de su potencial, atribuyendo dicho comportamiento a los recientes acontecimientos mundiales (caída en los precios de las materias primas) y el retraso de algunos importantes proyectos de inversión, particularmente de los sectores minería, hidrocarburos y electricidad, vinculado a conflictos sociales en aumento, señales incorrectas de intervención estatal (compra de Repsol) y demoras en los procesos de concesiones que en promedio pueden durar hasta cuatro años.
“No es coincidencia la importante reducción del ritmo de crecimiento de la inversión privada (de 13.4 a 7.2% entre el primer semestre del 2012 y 2013, respectivamente) vinculado a un clima de cierta preocupación del sector empresarial y que según el Banco Central de Reserva (BCR) se materializa en la sostenida e importante caída del índice de confianza empresarial desde inicios del presente año”, detalla el documento.
En vista de este escenario, el Ejecutivo ha reaccionado y planteado -refiere el IEDEP- recientemente diversas medidas legislativas orientadas a facilitar la inversión (privada y pública), impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial, a más de algunas reformas fundamentales como la carrera pública y la prevista para el sector salud, con la finalidad de recuperar la confianza de los agentes económicos y así el país retome su senda de crecimiento alto y sostenido a través en especial del aumento de la productividad.
“Aquellas medidas que buscan destrabar proyectos de inversión de gran envergadura, indispensable para concretarlos y hacer realidad una cartera significativa de proyectos; no obstante, para ello se creará una unidad de monitoreo liderada por especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas que puede terminar siendo contraproducente por la duplicidad de la función con otras instancias de gobierno y la introducción de una ruta burocrática más”, advirtió.
