Aunque líder empresarial señala que pase al nuevo servicio civil será voluntario para los trabajadores que ya se encuentran bajo los regímenes laborales del D.L. N.° 276, D.L. N.° 728 y el CAS. Por ello planteó ¿qué ocurrirá con los trabajadores bajos estos regímenes laborales?
Como gremio que agrupa al empresariado regional, confiamos en que la aprobación de la Ley del Servicio Civil por parte del Pleno del Congreso de la República signifique un paso hacia la tan ansiada modernización de la administración pública, afirmó Peter Anders Moores, presidente de PERUCÁMARAS.
Explicó que con la aprobación de la iniciativa, se busca elevar efectivamente la calidad del principal activo de la administración pública que es el recurso humano, responsable de la correcta aplicación y cumplimiento de las normas; y, que se constituye en el canal por donde fluyen todas las decisiones del Estado. “Establecer la meritocracia con igualdad de oportunidades, profesionalización del personal y gestión por resultados es un paso sumamente importante”, destacó Anders Moores.
Sin embargo, el líder empresarial, advirtió que en el texto sustitutorio, a diferencia de la propuesta original, se señala que el período de prueba para quienes se pasen a este régimen laboral del Servicio Civil solo se aplicará a los nuevos trabajadores.
Asímismo, el pase al nuevo servicio civil será voluntario para los trabajadores que se encuentran bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo N.° 276, que cuenta con un aproximado de 198,273 trabajadores; D.L. N.° 728 con un total de 85,796 y del CAS-Contrato de Administración de Servicios, que tiene a 218,216 trabajadores. Por ello, el presidente de PERUCÁMARAS planteó la interrogante: ¿qué ocurrirá con los trabajadores que ya están bajo estos regímenes? En el texto original, refirió, se apuntaba principalmente al régimen CAS y priorizaba entidades estratégicas como ProInversión, CEPLAN, entre otras.
Por último, Anders Moores confió en que el Ejecutivo y el Congreso puedan explicar de forma adecuada, a través de una estrategia de comunicación, los alcances de la ley para que los trabajadores públicos y aquellos sectores que se sienten amenazados por supuestos despidos masivos, comprendan que las personas que no pasen las evaluaciones tendrán otras oportunidades. En la iniciativa, se señalaba que las personas que tengan un rendimiento deficiente tendrán la oportunidad de ser capacitados y volver a pasar las evaluaciones.
