La República, Lunes, 22 de julio de 2013 | 8:25 am
El Banco de Crédito del Perú y el Fondo de Inversión Gramercy de Estados Unidos tendrían el 80% de los bonos agrarios, que habrían comprado a precio muy bajo.
En el marco de la reforma agraria, entre junio de 1969 y la primera mitad de la década de los 80, más de 10 millones de hectáreas pasaron de manos de los propietarios a los campesinos comuneros que antes habían trabajado para las haciendas.
Según el historiador Carlos Monge, los propietarios expropiados recibieron "bonos" de reforma agraria y algunos de ellos los invirtieron en otras actividades económicas, como es el caso del Grupo Romero.
"Otros retuvieron sus bonos y saludan la decisión de que se les pague, pero discrepan del método propuesto por el Tribunal Constitucional (calcula la deuda en S/. 1.300 millones). Sin embargo, sus estimados son de S/. 10.900 millones", explicó.
Monge también dice que un tercer grupo vendió sus bonos a empresas que compraron barato y que hoy esperan hacer su negocio, los cuales "serían el Banco de Crédito del Perú(20% de los bonos) y el fondo de inversión Gramercy de Estados Unidos (60%)".
"Si esto es verdad, la sentencia serviría principalmente no para reparar a las 'víctimas de la reforma agraria', sino para beneficiar a dos grandes empresas que han estado comprando bonos a precio vil para embolsarse ahora sumas millonarias", consideró Monge en un artículo publicado en el portal electrónico La Otra Mirada.
"¿Qué tal si pedimos a esos ex propietarios que le paguen a las comunidades campesinas y los siervos y peones de haciendas por las décadas y centurias previas de apropiación de sus tierra y su trabajo?
¿Y qué tal si devolvemos a las poblaciones nativas todas las tierras que les fueron arrebatadas desde la conquista en adelante, o al menos su valor en dinero, bien dolarizado y a precios actualizados?", se preguntó Monge.
Fernando Sabogal, presidente de la Asociación de Agricultores Expropiados Por Reforma Agraria (Adaepra).
En contraparte a esta opinión, Fernando Sabogal, presidente de la Asociación de Agricultores Expropiados Por Reforma Agraria (Adaepra), argumentó que en el proceso expropiatorio, el juez de tierras convocó a junta de acreedores y canceló las acreencias de los expropiados con bonos de la deuda agraria.
"Imponiendo el artículo 58 de la Ley de Reforma Agraria, los bancos fueron obligados a recibir bonos en cancelación de los préstamos concedidos a los agricultores expropiados, por lo que en aplicación de la norma citada, nuestro asociado, el Banco de Crédito del Perú fue obligado a recibir bonos como pago de colocaciones", detalló.
Igual suerte corrieron los acreedores laborales y comerciales, que por mandato legal tuvieron que aceptar bonos como cancelación de sus acreencias.
"Han sido los gobernantes de los últimos 22 años los que han organizado la incertidumbre que ha beneficiado a los especuladores. Los expropiados somos los primeros afectados por la especulación y es obligación del presidente de la República romper con esta política y afrontar con legalidad el problema de la deuda", acotó.
Agregó que Adaepra y el Banco de Crédito están en contra de la campaña que se hace respecto al tema.
Pedro Olaechea, director de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria.
EL VALOR NO ESTÁ CLARO
Por su parte, Pedro Olaechea, director de la Asociación de Tenedores de Bonos de la Reforma Agraria, afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) se está tornando oscuro conforme pasan las horas porque no está clara la valorización de la deuda y ahora hasta se cuestiona su calidad de perjudicados.
Según expertos, se estima que el porcentaje de pago a los tenedores de los bonos de la reforma agraria representa alrededor del 2% del PBI y un poco menos del 7% en relación con la inversión pública.
En cifras
15 mil haciendas se habrían expropiado durante el régimen militar peruano, según cálculos.
2% del PBI representaría el pago de la deuda a los tenedores de los bonos de la reforma agraria.
