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Por Humberto Campodónico
Las medidas del Plan de Estímulo no contemplan aumentar el poder adquisitivo de trabajadores y empleados, si bien se conoce su fuerte impacto reactivador. Cuando los salarios son bajos —como en el Perú— el trabajador no ahorra su aumento, sino que lo gasta, lo que incide en mayores ventas, sobre todo en aquellas industrias que producen bienes de consumo masivo.
Una de las primeras medidas podría ser el aumento de sueldos y salarios de los empleados públicos. En el 2009 se han presupuestado S/. 19,600 millones en el rubro Personal y Obligaciones. Si se otorga un aumento del 10%, el costo sería de S/. 2,000 millones repartidos a lo largo del 2009. Es poco frente a los S/. 10,500 millones (o quizá más) que se anuncian en infraestructura social y productiva. Y existen formas de financiarla, como veremos más adelante.
Además se podría haber aprovechado la oportunidad para avanzar en la homologación de los sueldos de los trabajadores estatales, a la vez que se asentaba la ley de la carrera pública. Nada de eso se hace porque la actual preocupación del Presidente y del gobierno es exhibir una cifra al final del año: que el PBI ha crecido de 6 a 6.5%.
También se podría aumentar el salario mínimo, ya que el último aumento fue en enero del 2008 y, desde esa fecha, la inflación de 7.2% ha recortado el poder adquisitivo de los salarios. No solo eso. En el Consejo Nacional del Trabajo se acordó elevar el salario mínimo en 5% (27 soles mensuales), apelando a la “cláusula gatillo”, teniendo en cuenta que en el 2008 hubo un incremento sustancial de la inflación.
Pero el primero en oponerse fue el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, con el argumento de que “la crisis no lo permite” (La República, “Gobierno traba el alza de salario mínimo”, 12/02/09). Increíble pero cierto. El ministro está en contra de los trabajadores y protege las ganancias de los empresarios. Lo que nos dice que el CNT debe contar con un nivel de autonomía bastante mayor al actual.
De otro lado, la gran mayoría de despedidos no goza de seguro de desempleo que en el Perú se otorga (mal que bien) a través de la CTS. Así, si se despide a un trabajador con 10 años de servicio y que ganaba S/. 1,000/mes, tendría S/. 10,000 para sobrevivir unos meses mientras busca un nuevo trabajo. En verdad solo la mitad porque el 50% de la CTS es de “libre disponibilidad” y la mayoría ya lo usó.
Pero los que están en contrata y en la ley mypes —la enorme mayoría— no tienen CTS y quedan en la calle. El gobierno podría darles 6 meses de salario mínimo como seguro mínimo de desempleo, lo que también tendría un importante componente reactivador. Pero esa idea ni siquiera se les ocurre.
También podría ponerse en marcha una pensión mínima para los mayores de 65 años, como lo establece el Banco Mundial, y fue también discutido, y luego desechado, en el MEF. Esto ya existe en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica. Se podría comenzar con una pensión focalizada de medio salario mínimo en los departamentos rurales más pobres de la sierra sur y su costo inicial no sería superior a los S/. 500 millones anuales. Esta pensión tiene un fuerte carácter incluyente, dignifica al anciano y, también, permite reactivar la demanda.
Las fuentes de financiamiento existen, como lo prueba el anuncio del gobierno de S/. 10,500 millones para el Plan de Estímulo. Ese monto puede aumentar si se elimina la rebaja unilateral de aranceles de Carranza en su gestión anterior, lo que ha generado pérdidas de S/. 3,000 millones anuales. Más temprano que tarde esto se va a dar para reducir el déficit de la balanza comercial y mejorar los ingresos tributarios.
La cuestión es la de siempre: las opciones de política que se adoptan. Para el gobierno se trata de privilegiar todo lo que sea inversión, lo que implica minimizar los ingresos de los sectores más pobres. Eso es lo que hay que cambiar.
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