Minutos antes de la media noche y, sin esperar al debate para el otorgamiento de facultades legislativas, el Ministro de Economía ha optado por aumentar la recaudación subiendo las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles, las bebidas, los automóviles y los cigarrillos.
El pretexto ha sido proteger a la población de externalidades negativas y se ha decretado pese a que el Presidente del Consejo de Ministros dijo ante el Congreso que no aumentaría Impuestos.
Ante esta medida adoptada por el Ejecutivo, la Cámara de Comercio de Lima, opina:
- Que en momentos de crisis fiscal, es un error hacer política discrecional y de salud mediante medidas tributaria. El problema real es la crítica recaudación fiscal para lo que se debe buscar una solución integral y, no ajustes parciales.
- La modificación del ISC en los combustibles y otros productos generaría incremento de precios de canasta familiar y contracción de la demanda interna.
- El incremento del ISC podría afectar la lucha contra la informalidad, la evasión, el contrabando e incentiva la falsificación o adulteración de productos que no cumplen con los estándares mínimos de sanidad y salubridad.
- Esta norma genera inseguridad jurídica dado que las medidas entran en vigencia a escasos minutos de su publicación, imposibilitando que el contribuyente cumpla la norma.
- Esto resulta más visible y drástico en los combustibles y en las bebidas alcohólicas, cuyos expendedores han debido considerar ya el nuevo impuesto en sus operaciones del mismo día en que se publicó la norma.
- El Gobierno ha planteado que la reforma fiscal será debatida públicamente a fin de contar con las consideraciones de todos los sectores de la sociedad; no obstante, ¿qué debate se puede generar si se publican los decretos sin ningún tipo de discusión, sustentación y mediante una publicación extraordinaria minutos antes de la medianoche y de la entrada en vigencia de la norma?
- Hace décadas que el ISC dejó de ser una salida puramente recaudatoria, creemos que su modificación, en cualquier sentido, requiere de un análisis profundo y técnico -tal como lo propone el propio Gobierno en la solicitud de facultades legislativas-y para lo cual la Cámara de Comercio de Lima pone a disposición del Ejecutivo a sus técnicos con el objetivo de aportar con propuestas viables.
- Esperamos que el Gobierno dé marcha atrás y suspenda la aplicación de la norma referida hasta que no medie el debate y búsqueda de consenso que tanto se ha ofrecido a los actores económicos.
