Mientras la ciudadanía exige mayor esfuerzo policial en la lucha contra la delincuencia, el congresista fujimorista Octavio Salazar presentó un proyecto de ley para que el ministerio del Interior (Mininter) se ocupe nuevamente de las promociones comerciales que lanzan las empresas, lo cual no sólo restaría valioso tiempo y recursos que se sustraerían de la lucha contra el hampa, sino que perjudicaría a las empresas con trámites y complicaciones engorrosas. Esta labor además sería redundante, pues de cierta forma invadiría las funciones del Indecopi, que sí tiene personal especializado en la materia.
Octavio Salazar es policía retirado y parece añorar los viejos tiempos en que el Mininter derrochaba en esfuerzos que no son de su competencia, además, demandaría un aumento de gastos en personal dedicado a un trabajo inútil, pues sólo se duplicaría la burocracia estatal. Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima expresó su desacuerdo:
CCL rechaza retorno del Mininter al control de promociones comerciales
Frenaría la actividad comercial perjudicando además al consumidor final. Actual esquema de promociones funciona de manera favorable en el mercado, siendo más dinámico que años anteriores. La norma representa una barrera burocrática y mayor tramitología. De aprobarse el proyecto, afectará principalmente los sectores retail, turismo y hotelería, además se extendería a cualquier evento asociado a temas culturales, deportivos y espectáculos.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su total oposición respecto a la iniciativa legislativa (Proyecto de Ley N.° 2183) presentada por el partido Fuerza Popular (FP), que restituye las funciones del Ministerio del Interior (Mininter) en la supervisión, control y fiscalización de las promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas.
De aprobarse la norma, las promociones comerciales que realizan las empresas con el fin de dar publicidad a sus productos, tipo “2x1”, “combos”, “canjes con envases” y similares, requerirán de una autorización expedida por la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi), dependencia del Mininter, que, de no tramitarla, conduciría a la aplicación de sanciones para la empresa infractora.
Para la CCL, las autorizaciones previas a cualquier actividad empresarial restan dinamismo y flexibilidad a la economía, afectan a la competitividad y restringen la iniciativa empresarial, pues su aplicación, generaría sobrecostos que, finalmente, se trasladarían a los consumidores finales. Precisó que mayor tramitología genera más informalidad; por tanto, una menor base tributaria.
Asimismo, esta iniciativa tendría efectos inmediatos en diferentes sectores siendo los más perjudicados los de retail, turismo y hotelería, puesto que ofrecen promociones por campaña o fechas festivas durante el año. No olvidemos que estas actividades sostienen la economía del país y generan puestos de trabajo, pero a la vez son sensibles a este tipo acontecimientos que, de no reaccionar rápidamente, podrían salir del mercado.
Así también, esta medida se extendería para cualquier evento asociado a temas culturales, espectáculos o deportivos (como los Juegos Panamericanos 2019) dado que, para el desarrollo de sus promociones en este rubro, las empresas estarán obligadas a solicitar la autorización previa de la Onagi, lo que representa una barrera burocrática y mayor tramitología. Por tanto, según el gremio empresarial, este tema no debe ser de competencia del Mininter, puesto que su principal función es mantener y restablecer el orden interno y público.
El referido proyecto de ley cuenta, desde abril del presente año, con dictamen favorable de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República pero, dada la coyuntura actual, se corre el riesgo de ser aprobado en la Sesión del Pleno sin previo análisis sobre los efectos nocivos que ello podría ocasionar.
Por lo expuesto, este tipo de iniciativas carecen de argumentos de hecho y de derecho puesto que existe ya el Código de Consumo, el cual contiene reglas claras en materia de promociones comerciales y establece sanciones severas por incumplimiento de las mismas, siendo el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el organismo rector encargado del control, fiscalización, detección de infracciones y aplicación de sanciones de hasta 450 UIT.
Es claro, por tanto, que dicha iniciativa legislativa es una traba burocrática, suprimida oportunamente por el Decreto Legislativo N.o 1246, norma que aprobó diversas medidas de simplificación administrativa y ratificada luego por Decreto Legislativo Nº 1266, que aprobó la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.
En ese sentido, la CCL exhorta al Congreso de la República a realizar un análisis serio y responsable sobre el proyecto de ley, el mismo que debe ser finalmente rechazado y archivado, dado que las actuales promociones comerciales están funcionando de manera adecuada, siendo más dinámicas en beneficio del consumidor; por consiguiente, no hay razón de reactivar este mecanismo de autorización previa de promociones comerciales, que ya no necesita el mercado.
