El congresista Anthony Novoa Cruzado, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, anunció que se iniciará el análisis técnico para la redacción del dictamen de la nueva ley agraria que estaría listo en las próximas horas para su posterior debate en la comisión y en el Pleno.
“Acá en el Congreso estamos trabajando fuertemente para tener la nueva ley”, dijo, asegurando que se está buscando una propuesta normativa de consenso entre los trabajadores, los empleadores y el Estado.
Invocó a la calma a los manifestantes que, con sus bloqueos, vienen interrumpiendo las vías de comunicación, además exhortó a respetar el derecho de las personas al libre tránsito.
En la reunión de este miércoles participaron tres ministros: de Economía, Waldo Mendoza Bellido; de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio Calderón, y de Trabajo, Javier Palacios Gallegos, quienes presentaron la propuesta del Poder Ejecutivo.
El ministro Mendoza Bellido dijo que en el esfuerzo de buscar una propuesta de la nueva ley agraria se debe considerar que haya “equilibrio sano, posible y realista”, pues de lo contrario se corre el riesgo de “matar a la empresa” y afectar negativamente al sector de la agroexportación.
“Algo van a ganar los trabajadores, algo van a perder los empleadores, eso es segurísimo. No vamos a resolver totalmente los problemas, no vamos a solucionar totalmente las aspiraciones de trabajadores y empresarios”, subrayó el ministro antes de exponer los detalles de la propuesta.
Propuso un bono de 20% no remunerativo sobre el jornal, lo cual significa un incremento de 39 a 45 soles.
“Significa una reducción al menos de 46% de las utilidades de los contribuyentes acogidos a la ley 27360 (más de 3 ,00 contribuyentes), que reduce el margen de ganancia promedio a niveles cercanos al 5%, lo que hará que invertir en el campo sea igual o menos rentable que otras alternativas de inversión como un depósito a plazo fijo. Cualquier propuesta por encima de ese porcentaje sería insostenible”, dijo el ministro.
Durante el debate, el congresista César Combina (AP) dijo que espera hoy llegar a un acuerdo cuanto antes, porque el Perú y los agricultores no pueden esperar, mientras se discuten intereses políticos y preelectorales. “¡Que los trabajadores de la agroindustria ganen para que la producción no pare!”, expresó.
José Núñez Salas (PM) señaló que se ha perdido el horizonte de lo que es la Sunafil. “Si bien tiene que fiscalizar, más bien debería educar a los trabajadores, porque yo he visto que van en la búsqueda de una multa. El trabajo de Sunafil debería orientarse en esa línea”, dijo el legislador.
Lenin Bazán Villanueva (FA) pidió conocer cuáles son los estados financieros de las empresas que se dedican a la agroindustria, toda vez que son más de tres mil empresas con RUC, que pagan sus impuestos, 451 son contribuyentes entre medianas y grandes empresas. “¿Cuál es la utilidad del sector, qué porcentajes representan los costos laborales y qué porcentaje es la carga tributaria?”, preguntó.
Cecilia García Rodríguez (PP) dijo que “lo único que quieren es mantener los beneficios de las empresas, por eso, es que han anunciado que la ley no será de agrado para todos. ¿Por qué no dicen la verdad?, que es que la ley no será de agrado de los trabajadores”, señaló al tiempo de subrayar que “este es el momento de decir a los trabajadores agrarios que vamos a hacer prevalecer sus derechos”, concluyó.
LA PROPUESTA
En cuanto a temas laborales, la propuesta plateada por el Poder Ejecutivo contempla la promoción de la libertad sindical y la negociación colectiva en sectores como el agro, donde la estacionalidad impide negociar con un solo empleador. Para ello se podrá ir e iniciar el arbitraje para poder negociar sectorialmente.
Además, se dispone de la eliminación de mecanismo de intermediación de trabajadores para actividades principales del agro y mejora de condiciones de trabajo.
Con respecto a la mayor fiscalización, se propone el fortalecimiento de Sunafil con la incorporación de inspectores y plataformas de atención móviles para mejorar radicalmente la capacidad de fiscalización. Habrá un reporte anual al Congreso de las acciones de fiscalización efectuadas.
Señala que los trabajadores del sector agrario, que a la fecha de su contratación estuviesen afiliados al SIS, no perderán su cobertura durante el período de carencia. Podrán recobrar de modo automático el SIS en la oportunidad en que su contrato de trabajo culmine.
Del mismo modo para seguir promoviendo la inversión en el sector agrario, se propone mantener hasta el 2027 el beneficio de depreciación acelerada a la inversión en infraestructura hidráulica y de riego.
También por medio del Decreto Legislativo 973, Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, se mantiene su devolución de la etapa operativa de todas las inversiones agrícolas.
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Finalmente, la propuesta del Poder Ejecutivo incluye una cláusula de transparencia, mediante la cual la Sunat publicará anualmente las empresas que se acogen al beneficio y por qué montos lo hacen.
