Debido a la incursión de miembros de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire en las instalaciones de la unidad minera Las Bambas (Apurímac), esta importante productora de cobre volvió a paralizar sus operaciones el 20 de abril, con lo que el Perú deja de percibir S/ 5.2 millones diarios por concepto de canon y regalías.
Así lo reveló en diálogo con El Comercio, el gerente de Asuntos Legales de la empresa, Claudio Cáceres, quien agregó que también se pierde por día US$ 9.2 millones de exportaciones y que desde 2016 a la fecha han pagado por regalías mineras más de S/ 1,500 millones.
“Actualmente, Las Bambas emplea a 8,000 trabajadores de manera directa e indirecta, pero, de acuerdo a un estudio de Macroconsult, por la operación minera se generan 75,000 empleos inducidos, razón por la cual hay igual número de familias que también se ven perjudicadas por la paralización”, afirmó.
En ese sentido, resaltó que entre el 2016 y este año, han contratado servicios y comprado bienes a empresas de la misma comunidad de Fuerabamba por más de S/ 300 millones, y de la región Apurímac y Cusco por aproximadamente S/ 1,500 millones, por lo que en este contexto de reactivación económica y luego de la pandemia, el impacto es muy significativo.
“Tenemos una cartera de inversión de 2,000 millones de dólares para los próximos años. Sin duda, esta situación genera preocupación en los inversionistas y esperamos que las condiciones se puedan restablecer y exista estabilidad para continuar con las inversiones en el país”, puntualizó.
De otro lado, aclaró que cuentan con un contrato de permuta firmado en noviembre de 2011 con la comunidad, por el cual quedó obligada a entregar una propiedad de 4,774 hectáreas y Las Bambas, a cambio, le traslada 4,200 hectáreas distribuidas en cinco predios.
“Todos estos terrenos han sido debidamente entregados, titulados e inscritos en registros públicos. El acuerdo por las famosas 180 hectáreas que la comunidad señala que hemos incumplido en entregar, se adoptó en 2014, originalmente era por 70 hectáreas y luego se incrementó a 180 en 2015. No tiene nada que ver con el contrato de permuta y para su cumplimiento se requiere que la propia comunidad designe una co
misión para identificar los predios y poder comprarlos”, detalló.
Con información de IIMP
