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La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados, que preside Juan Castrejón Fernández (Partido del Buen Gobierno), aprobó dos importantes dictámenes con el objetivo de consolidar la industria cultural e impulsar la calidad de la educación superior en el país.
El grupo de trabajo legislativo aprobó, por unanimidad (17 votos a favor), el dictamen correspondiente a las propuestas legislativas 00508-2026-2031-CD y 00306-2026-2031-CD, que propone restablecer el reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas (IGV) dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 31893, Ley de medidas estratégicas y disposiciones económicas y tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y de la lectura.
La norma establece que este beneficio fiscal estará vigente por un periodo de tres años contados a partir de su entrada en vigor. Asimismo, con el fin de garantizar la transparencia y evaluar el impacto de la medida, se incluyó una disposición complementaria que obliga al Ministerio de Cultura a publicar cada 180 días información detallada sobre el acogimiento de las empresas editoriales a este beneficio a través del Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura.
Por otro lado, con 10 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, la comisión aprobó la Proposición Legislativa 00461/2026-CD, que establece un periodo de moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas por un plazo de cinco años.
La moratoria aplicará a cualquier modalidad o denominación que busque fundar una nueva universidad estatal. No obstante, se determinó que esta restricción no alcanzará a las instituciones ya establecidas bajo la Ley 30597 —como la Universidad Nacional de Música, la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco y la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco—, las cuales continuarán operando exclusivamente con las carreras profesionales y especialidades que ofertan en la actualidad.
Asimismo, se incorporó una disposición complementaria final única, donde se indica que el Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, adopta las acciones y estrategias necesarias orientadas al fortalecimiento, ordenamiento y mejora de la calidad de la educación superior universitaria pública existente, priorizando su pertinencia territorial y viabilidad presupuestaria para la apertura de filiales durante el periodo de vigencia de la moratoria.
