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Ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside Yenifer Paredes Navarro (Juntos Por el Perú), el ministro del sector, Guillermo Shinno Huamaní, sustentó la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, remitida por el Poder Ejecutivo.
Dijo que su objetivo es establecer un marco jurídico especial para la autorización, regulación, supervisión, fiscalización, trazabilidad y promoción de las actividades de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) en el territorio nacional para proteger la vida y la salud de las personas, el ambiente y el patrimonio cultural, asegurar el cumplimiento de las obligaciones aplicables y prevenir el ingreso de minerales de origen ilícito a las cadenas formales de comercialización.
Su finalidad estratégica es promover el desarrollo formal, sostenible y trazable de la MAPE, facilitar la incorporación y permanencia de los productores en cadenas formales de valor, fortalecer la capacidad del Estado para una supervisión y fiscalización efectiva y fomentar incentivos para la viabilidad de las actividades de la minería artesanal y de la de pequeña minería a nivel nacional.
Shinno Huamaní afirmó que es necesaria una nueva Ley MAPE para superar la fragmentación normativa y mecanismos temporales, establecer reglas claras y permanentes que den seguridad jurídica, además de articular la formalización, sostenibilidad y desarrollo productivo, con la debida supervisión y fiscalización, a fin de combatir la minería ilegal.
Indicó, asimismo, que a ello se suma la débil articulación institucional, funciones dispersas, registros fragmentados y limitada capacidad operativa del Estado, condiciones sociales y ambientales complejas, brechas de acceso a financiamiento, tecnología, asistencia técnica y trazabilidad.
La estructura operativa de la nueva Ley se basa en dos regímenes. El ordinario de carácter permanente para nuevos operadores o formalizados, que exige autorización sectorial y certificación ambiental, diferenciada de acuerdo a las diferentes características de las actividades de pequeña minería y minería artesanal a nivel nacional, para el inicio o reinicio de actividades, sujeto a obligaciones estrictas de información, trazabilidad y fiscalización ordinaria.
El régimen de consolidación tendrá carácter temporal, excepcional y de acceso cerrado, se aplicará exclusivamente a personas con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), al 31 de diciembre de 2026 y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2028, se promoverá el cumplimiento de requisitos pendientes para los sujetos comprendidos en este régimen para su incorporación definitiva al régimen ordinario.
DEBATE DE DIPUTADOS
Algunos miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados señalaron la necesidad de mejorar la propuesta de ley MAPE del Poder Ejecutivo para lograr formalizar a los mineros artesanales y a los pequeños mineros, a fin de evitar la ilegalidad y la contaminación.
Además, dijeron que uno de los mayores problemas del Perú es la informalidad, al tiempo que se advirtió que se calcula que el próximo año se va a exportar más oro informal e ilegal que el formal, y que la minería ilegal mueve 18 mil millones de dólares, versus los dos mil millones que mueve el narcotráfico.
El diputado Frank Krklec Torres (Renovación Popular) dijo que hay 31 mil inscritos en el REINFO, de los cuales se deben depurar a los suspendidos, inactivos o que no muestran operaciones hace meses o años, a los fallecidos y a los que han cometido faltas graves o presuntos delitos como realizar operaciones en zonas arqueológicas o reservas naturales protegidas.
Por su parte, la titular del grupo dictaminador, Yennifer Paredes (JPP), afirmó que el problema central son los contratos de explotación, tras cuestionar la garantía de que esos contratos se firmen. Dijo, además, que se debería tener resultados del censo antes de adoptar las medidas planteadas. Al respecto, el ministro del sector, Guillermo Shinno, dijo que ello tardará más de un año y no se puede esperar tanto tiempo.
OPINIONES DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
Funcionarios y representantes de las instituciones involucradas en el tema de la minería participaron de la sesión para expresar sus puntos de vista respecto de la propuesta normativa sustentada por el titular del Minem.
En primer lugar, expuso el representante del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), quien estuvo de acuerdo con una nueva normativa, pero que se debe perfeccionar.
Seguidamente, intervinieron el presidente del Consejo Nacional de Minería (CONADEMI), Eduardo Calderón de la Barca, y una funcionaria de la institución, quienes señalaron que efectivamente se requiere de una Ley MAPE sin discriminación, toda vez que se debe incluir al minero ancestral, principalmente en el ámbito rural. Pidieron que la ley fije obligaciones expresas para el Estado y no sólo para los mineros.
La gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Jacqueline Villanueva, consideró que la propuesta es como una extensión más del REINFO, por lo que se deben aclarar los cambios, como la suspensión de quiénes no tienen un ánimo real de formalizarse.
También participaron Máximo Adolfo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN), quien manifestó su desacuerdo con la propuesta de ley. De igual forma, intervino el asesor legal de Macrosur del Perú, José Torrealva, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales del Distrito de Pataz (AMA Pataz) y Erika Lindo, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Seleccionadoras de Mineral Aurífero del Perú (CONASMAPE).
GRUPO DE TRABAJO
Al inicio de la sesión, fue aprobada, por unanimidad, la conformación del Grupo de Trabajo sobre seguridad energética, masificación del gas natural y regiones productoras de hidrocarburos, a pedido del diputado Frank Krklec Torres.
Luego fue aprobada la nómina de integrantes del Grupo de Trabajo encargado de estudiar las nuevas tecnologías para dotar de energía a la ciudad de Iquitos.
