Como si las empresas petroleras hubiesen ofrecido un saco de dólares a cada congresista de la Comisión de Energía y Minas, por mayoría estos sujetos aprobaron extenderle por 10 años adicionales los contratos están con fecha próxima de expiración, lo cual constituye un grave perjuicio para el Perú y un negocio redondo para las empresas operadoras en medio del alza del precio del petróleo en el mercado internacional.
Esta maniobra obligaría a Petroperú a comprar el crudo a precio internacional y no al valor del costo y la única opción de que esto no suceda es que el proyecto de ley sea frenado en el Pleno.
El Congreso perpetra esta traición mientras distrae al público con propuestas inviables o poco útiles como la castración química para violadores.
Los miembros que aprobaron dicho dictamen muestran su carácter extremadamente protervo por favorecer a las empresas operadoras en contra del Estado porque la ocasión coincide con el arranque de la nueva refinería de Talara para ampliar su capacidad y calidad de refinación del crudo y con el vencimiento de los contratos podría absorber la producción de crudo de los lotes concesionados en lugar de pagar el altísimo precio internacional.
Los felones de la Comisión de Energía y Minas aprobaron en medio de los feriados, este 13 de abril, un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos (ley 26221) para extender de 30 a 40 años la duración de los contratos de petróleo. Es tan increíble que solo cabe imaginar que las empresas habrían ofrecido muchos dólares por debajo de la mesa.
El predictamen del proyecto de ley 804, ha sido promovido por las modificaciones regirán para los nuevos contratos; esto no tendría nada de malo desde punto de vista técnico, sino fuera porque el documento posee una disposición única que permite acogerse a los actuales operadores de los lotes, una ley exprés.
El congresista por Acción Popular Carlos Alva es el promotor de la iniciativa, ahora, predictamen del proyecto de ley 804, que atenta contra la Constitución al pretender establecer retroactividad en favor de las empresas operadoras, contra los intereses del Estado peruano y modifica el artículo 22 de la Ley 26221 para igualar la fase de explotación de gas y petróleo a 40 años, aduciendo que al terminar en plazos diferentes se crea una superposición de operadores para una misma área de contrato y que en un plazo finito “los operadores dejan de invertir cuando se acerca la terminación de dicho plazo y contribuyen a la declinación de la producción por falta de inversión”.
Las concesiones se ubican en Piura y son seis, con fecha de expiración de octubre de 2023 a mayo de 2028: Lote V (Unna), VII/VI (Sapet), Z-2B (Savia), X (CNPC), II (Petromont) y XV (Petromont). Los contratos firmados señalan con claridad que terminado el plazo las concesiones revierten al Estado.
Diversos congresistas de Perú Libre cuestionan la pretensión de este predictamen que busca perjudicar a Petroperú.
Así como un congresista de Acción Popular, otro del mismo partido, Jorge Luis Flores Ancachi, declaró a La República que no se entiende por qué se excluye a Petroperú del dictamen más aún si en los considerandos se establece que la Nueva Refinería de Talara necesitará el petróleo.
“Considero que es nuestra responsabilidad aprobar una iniciativa viable, técnica y económica para Petroperú”, enfatizó.
Dicho diario advierte que la operadora del Lote X y del VII/VI a través de su filial Sapet, CNPC, incumplió sus contratos en los lotes 192 y 8. CNPC junto a Pluspetrol Corporation son accionistas de Pluspetrol Norte, por lo cual debería estar descalificada para extender el contrato.
