Posicionamiento estratégico y rentabilidad
Jorge Manco Zaconetti
La empresa petrolera estatal tiene poderosos enemigos tanto afuera como adentro, que quisieran sino su privatización su liquidación como parte de la ideología liberal y reaccionaria. PetroPerú desde su creación en julio de 1969 ha representado la satisfacción de la aspiración nacional de “petróleo para los peruanos”, y ha sido rentable en la mayor parte de su existencia asegurando el abastecimiento oportuno de combustibles a nivel nacional, allí donde no llega la competencia.
Desde los años 30 del siglo pasado y sobre todo por la infame vigencia del “Laudo de la Brea y Pariñas” que favorecía a la Internacional Petroluem Company (IPC), desde socialistas, comunistas, apristas, liberales, demócratas cristianos, exigían la recuperación del petróleo, que se exportaba a vil precio hacia los Estados Unidos. Además, que se pagaban derechos, regalías mínimas sobre las miles de hectáreas que explotaba indebidamente la transnacional.
Por tanto, PetroPerú es hija de las reformas más avanzadas del primer gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado (1968/1975) que supo capitalizar esta vieja aspiración nacional. De allí, el odio y encono de los hijos y nietos de la vieja oligarquía a PetroPerú. Un caso patético lo constituye Aldo Mariátegui,
a cuya familia le expropiaron su hacienda llevándolo al empobrecimiento moral y económico.
Sin embargo, históricamente el gran responsable de la debacle de la petrolera estatal es el primer gobierno de Alan García 1986/1990, quien con su “modelo heterodoxo” de fijar las tarifas públicas, entre ellas el precio de los combustibles provocó que por primera vez en su historia PetroPerú tuviera pérdidas económicas sistemáticas entre 1986/1990, gracias a los subsidios indiscriminados.
Es evidente que la megalomanía del primer mandatario exigía que los combustibles se vendan a un precio menor a su costo de producción, en un indiscriminado subsidio que descapitalizó a la petrolera estatal, se tuvieran pérdidas. Así por ejemplo, el costo promedio ponderado de un galón de combustibles era hacia 1990 de US $0.52 centavos de dólar, que por decisión del “gran hacedor” Alan García, tenía que venderse a US $ 0.20 centavos de dólar, acumulando graves y grandes pérdidas, que fueron utilizadas para justificar su privatización con el gobierno de Alberto Fujimori.
En julio de 1992 después del golpe del 5 de Abril el presidente electo Fujimori aplicando las reformas estructurales del Banco Mundial, sin estudio e nvestigación alguna decidió privatizar por partes a la petrolera estatal. A pesar que diversos informes y la experiencia internacional recomendaban su venta integral, entre refinerías y lotes petroleros.
Así, se adoptó la decisión ya con la dictadura Fujimori Montesinos en vender los grifos, las estaciones de combustibles de PetroPerú, no más de 85 frente en un universo de más de 1,450 grifos existentes en el país.
Evidentemente las estaciones de servicios constituyen la boca de salida, y actualmente la petrolera estatal no tiene ningún grifo en propiedad.
Todas las estaciones de servicios de la llamada cadena “Petrored” un poco más de 700 que llevan el logo de PetroPerú son grifos privados cuyos propietarios imponen los precios finales en los combustibles, pues en la economía peruana los precios se rigen por el libre mercado.
En este contexto podemos afirmar que un gran interesado en la privatización de PetroPerú es el grupo Romero, que participa en la distribución minorista de combustibles a través de los grifos de la cadena Primax y Pecsa con casi 1,000 estaciones de servicios, de los 4,500 grifos existentes a nivel país. Es más, la cadena Primax está presente en Ecuador y Colombia.
Se debe agregar a ello, que el Banco de Crédito, el más importante del país, es uno de los principales acreedores de PetroPerú con cientos de millones de dólares que le permiten a la petrolera estatal cubrir sus importaciones de petróleo y combustibles. En especial, con la privatización de los lotes petroleros que antes le pertenecían, la petrolera estatal tiene que endeudarse con la banca privada en una deuda a corto plazo para financiar la compra de combustibles, cuestión que se agravó en el 2022 por la pérdida de credibilidad y confianza de la empresa.
SIN FLOTA
También a partir de 1993 se privatizaron filiales rentables como la Petrolera Transoceánica que tenía 4 buques multipropósito tales el Isabel Barreto, Trompeteros, Pavayacu, y Capahuari cada uno de 25 mil toneladas, más el buque gasero Maquía; los buques eran multipropósitos pues podían transportar crudo, diésel y gasolinas haciendo el cabotaje del petróleo y combustibles en los diversos puertos y terminales del país.
En la privatización de Petrolera Transoceánica se vendieron sus buques por US $ 25.2 millones de dólares cuando el costo de producción sumaba más de US $ 85 millones, y se le aseguró a los compradores un mercado rentable y hasta cierto punto cautivo, al margen que el país perdió la flota nacional de reserva en caso de algún conflicto o catástrofe natural.
Los beneficiarios de la privatización de Naviera Transoceánica fueron el grupo chileno Ultra Gas de Chile del poderoso Von Apen y el grupo Wiese, que trabajan coordinadamente con el grupo Romero. En el 2009 Petrolera Transoceánica se transforma en Naviera Transoceánica que se capitaliza gracias a los contratos de exclusividad que mantiene con PetroPerú, teniendo hacia el año 2022 nueve buques, incluyendo allí dos buques gaseros, y 15 remolcadores, haciendo el transporte y cabotaje de combustibles.
Solamente entre el 2007 al 2022 PetroPerú ha tenido que desembolsar más de US$ 417 millones a favor de Naviera Transoceánica como proveedor de los servicios de transporte, cabotaje de combustibles en los diversos puertos del Perú. Tarifas de transporte marítimo que se elevaron fuertemente afectando los niveles de caja de la petrolera estatal.
En verdad, la razón fundamental en la defensa de PetroPerú está en su participación en el mercado de combustibles, en la obligación que tiene la petrolera estatal de satisfacer aun a pérdida el mercado nacional, en especial la Amazonía peruana, allí donde no resulta rentable el transporte de combustibles para las empresas privadas.
Si antes del 2018 la participación de PetroPerú en el mercado de combustibles era del 50 % en la presente coyuntura no supera el 30%, en razón de la presencia de poderosas empresas transnacionales como Repsol (40%), Valero y Exxon Mobil el 20% restante, que importan combustibles en las mejores condiciones desplazando a PetroPerú, que desde el 2020 ha tenido que paralizar la vieja refinería de Talara y construir una nueva que está próxima de operar al 100 % de su capacidad.
Por su rol estratégico en la distribución de combustibles PetroPerú debe ser fortalecida como empresa petrolera integrada a la producción de petróleo y gas. Sobre todo, en la presente coyuntura, cuando la Nueva Refinería de Talara produzca combustibles limpios, generara mayores excedentes y utilidades a favor del país, a pesar de los “corifeos, sicofantes y espadachines a sueldo” que apuestan por la re privatización de los lotes petroleros cuyos contratos tienen fecha de término en los próximos meses. ¡Petróleo y Gas natural para los peruanos!
Diario Uno
