Jorge Manco Zaconetti
En junio de 2024 se cumplen los veinte años de la llegada del gas natural a Lima, y las empresas del Consorcio Camisea, con sus acólitos de la prensa, empleados y “espadachines a sueldo”, celebran con un resucitado ex ministro de energía y minas Daniel Hokama Tokashiki, brazo derecho de Alberto Fujimori en la década de los años noventa del siglo pasado, que ha sido reconocida como la “década de la megacorrupción” del Perú Republicano.
Lamentablemente los gobiernos de 2001 a 2024 han reproducido las prácticas corruptas,
pero sin llegar a tener el control total de los diversos poderes del Estado, en un pacto con los altos oficiales de las fuerzas armadas que “firmando el acta de sujeción”, todos los meses pasaban a cobrar los sobornos del poderoso asesor Vladimiro Montesinos, el real jefe del Servicio de Inteligencia (SIN), y el “alter ego” del presidente de la república, todavía en la cárcel por los delitos cometidos.
Sin embargo poco o nada se dice de todas las facilidades, preferencias, subsidios, leyes especiales y granjerías que se tuvo que otorgar a las empresas que formaron los Consorcios de Camisea (mercado interno) y de Perú LNG (mercado externo), para hacer posible la explotación de las reservas probadas de gas natural, de los ahora conocidos lotes 88 y 56, que experimentan la ley económica de los rendimientos decrecientes, en especial del contrato del gas de exportación del lote 56, que prácticamente ha consumido sus reservas probadas, y que tiene fecha de vencimiento en el año 2028.
Se debe tener presente que las reservas de gas natural del lote 88 más de 9 trillones de pies cúbicos fueron descubiertas por la trasnacional anglo-holandesa Shell en 1984, durante el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry en una alianza de gobierno entre Acción Popular y el extinguido Partido Popular Cristiano (PPC).
Por tanto se podría afirmar que la explotación de las reservas del lote 88 que tenían carácter de reservas probadas, demoraron otros veinte años entre 1984 al 2004 para ser explotadas, en una coyuntura histórica marcada por la crisis económica, la hiperinflación de Alan García, la guerra interna, y el brutal ajuste estructural aplicado en 1990 por Alberto Fujimori que llevó a la estabilización económica, al reconocimiento de una perversa deuda externa contraída por gobiernos anteriores y al malbarateo de las empresas públicas, mediante un cuestionado proceso de privatización, sin planeamiento estratégico, pues el dogma era “vender una empresa por semana”.
¡Hasta hoy estamos pagando las consecuencias de este proceso privatizador que se llevó a cabo sin transparencia ni estrategia!
Ante el fracaso del primer gobierno de Alan García en las negociaciones con la transnacional Shell entre 1986 a 1988, pues los holandeses pretendían llevar al Brasil el gas de Camisea, para abastecer de energía al gigante de América Latina, el gobierno aprista, pretendía conectar el gas natural con el Complejo Metalúrgico de La Oroya, bajo responsabilidad de la empresa estatal Centromin Perú, abastecer a las mineras privadas del entorno, a los departamentos del sur y traer el gas natural a Lima.
Evidentemente ante posiciones encontradas las negociaciones fracasaron, y fue el gobierno de Fujimori en la agonía del régimen corrupto que se licita el contrato de Camisea, siendo firmado en diciembre del 2000 con el gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua, después de la cobarde fuga del presidente Alberto Fujimori.
En la cuestionada licitación del contrato de explotación del lote 88, se dio como ganador al Consorcio ganador liderado por la empresa argentina Pluspetrol, conformando por otras empresas como Hunt Oil, Sk de Corea, Sonatrach de Argelia etc., que ofreció las tasas regalías más altas (37.24 %), frente a la competencia de Total Elf Aquitaine , un gigante de la energía europeo que llegó ofrecer el 35 % de regalías.
Sin embargo, poco o nada se dice del llamado fracaso del contrato del siglo entre el Estado y el Consorcio Shell/Mobil 1996/1998 que terminó con el retiro de las transnacionales por no llegar a un acuerdo con el gobierno de Fujimori, entregando al Estado peruano las reservas probadas
descubiertas por la Shell en 1984, por ello el dictador afirmaba que el Perú era “500 millones de dólares más rico” pues este era el valor de las inversiones en los yacimientos de Camisea.
LOS PRIVILEGIOS
Para hacer posible el proyecto Camisea el gobierno de ese entonces otorgó una serie de facilidades, privilegios, beneficios tributarios y granjerías sobre todo en 2004 durante el gobierno corrupto de Alejandro Toledo.
Pero para hacer posible la explotación del gas natural del lote, y favorecer el consumo eléctrico el exministro Daniel Hokama por ejemplo firmó un decreto que prohibía la construcción de centrales hidraúlicas, de allí que desde el 2004 proliferaron las centrales térmicas a gas natural, en el sur de Lima que tenían el privilegio de comprar el gas natural a precios superbaratos, de un dólar por un millón de BTU, una medida de calor más un factor de ajuste.
Por ello, del lote 88 desde 2004 a 2023 se han extraído 3.5 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF), siendo más del 60% de dichos volúmenes consumidos por las empresas de generación eléctrica, en especial del “cogollo eléctrico”, Enel, Kallpa, Engie, Termochilca entre otras, que compran el gas barato y venden energía cara.
Prácticamente de los 3.5 trillones de píes cúbicos extraídos y consumidos ni el 4 % se han utilizado en los hogares domésticos y pequeños comercios de Lima, Callao e Ica. Pues Camisea ha tenido y tiene un perverso “sesgo eléctrico”, pues siempre he sostenido que la quema de gas natural para generar energía es un lujo, que posterga la industrialización y las políticas de valor agregado, para producir por ejemplo urea como fertilizante que se importa, y un nitrato de amonio como explosivo que también se importa, todo a partir de una petroquímica básica.
Poco o nada se dice de la imposición a la empresa estatal ElectroPerú más conocida como la central hídrica del Mantaro, con las unidades de Antúnez de Mayolo y Restitución en Huancavelica, para la obligada compra de 65 millones de pies cúbicos diarios del gas natural, que luego tenía que transferir a pérdida a la unidad térmica de Ventanilla (Etevensa) del grupo español Endesa.
Igualmente casi nunca se menciona la famosa Garantía de Red Principal (GRP) que tenían que asumir los millones de consumidores regulados, como un cargo para garantizar la rentabilidad del Gasoducto del Campo de Malvinas a la ciudad de Lima. Todos los usuarios del país pagamos más de US $ 850 millones de dólares para garantizar al Consorcio Camisea, la rentabilidad del ducto.
A todo ello se debe sumar los beneficios tributarios de la depreciación acelerada y “arrastre de pérdidas”, los fraccionamientos tributarios, la amortización de intangibles que son las reservas que todavía no se explotan pero que se cargan al costo de ventas como amortizaciones.
Sin embargo, el meollo de la cuestión del modelo extractivista en las actividades de hidrocarburos radica en la libre disponibilidad del petróleo y gas de parte de las empresas que firman un “contrato de licencia” con el Estado.
Con la firma de los llamados “contratos de licencia” por 40 años en el caso de la explotación del gas natural, amparados en la Constitución de 1993 y en la ley de hidrocarburos, todo en el corrupto gobierno del fujimorismo, el Estado transfiere la propiedad de los hidrocarburos, es decir, concede la “posesión, uso y el usufructo” del gas natural y líquidos de gas natural a las empresas a cambio de la percepción de las regalías.
Bajo estas condiciones son las empresas privadas las que imponen los precios del gas natural para su industrialización. En el mismo sentido, con excepción del lote 88 destinado al mercado interno, y cuyas reservas se están consumiendo sin ser repuestas con inversiones exploratorias;
en cambio las reservas de los lotes 56, 57 y del 58 todavía en un largo período de exploración, son de libre disponibilidad. De allí la necesidad de una renegociación de los contratos de Camisea en especial de los lotes 88 y 56.
En el caso del lote 56 que fue negociado dolosamente durante el gobierno del corrupto gobierno de Alejandro Toledo, desde setiembre del 2010 que empezó la exportación de gas natural hasta el 2023 se han extraído 2.1 trillones de pies cúbicos de gas natural, y el contrato de exportación termina en el 2028, es decir a la vuelta de la esquina.
Por ello, también debe ser renegociado preservando el interés nacional, y la prioridad del mercado interno en la industrialización del gas natural, tal como lo disponía curiosamente la ley 27133 de “Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, firmada en junio de 1999, por el propio Alberto Fujimori donde se priorizaba el abastecimiento de gas natural para el mercado interno y su industrialización sobre la exportación. Lamentablemente todo ello fue pervertido en los gobiernos democráticos gracias a los lobbys empresariales.
Diario Uno, 08.06.2024
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