El gobierno negocia entregar a dedo el mayor lote petrolero
Lote 192. La población de Loreto exige que ese campo productivo sea operado por Petroperú, pero hasta el cierre de nuestra edición se pudo conocer que el gobierno habría iniciado la negociación con la anglofrancesa Perenco. Hoy llegan los Apus para exigir respeto y remediación ambiental.
El lote no está en plena producción
Escribe: Carlos Bessombes
Mientras en Loreto miles de peruanos exigen que Petroperú tome las riendas del Lote 192, que operará hasta el 29 de agosto la empresa argentina Pluspetrol, en Lima el directorio de Perupetro negociaba a dedo su entrega con la empresa Perenco.
La información oficial deberá ser dada a conocer hoy por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas.
La ministra Rosa María Ortiz, durante la mañana de ayer, respondió a los pobladores de Loreto que Petroperú no tiene las condiciones económicas para operar solo el Lote 192.
Sin embargo, aseguró que la petrolera estatal tendrá un 25% de participación en explotación de petróleo del referido lote. Y con ello Petroperú retornaría a las actividades de explotación de hidrocarburos (upstream).
La posición de Ortiz está en concordancia con lo señalado por el presidente Ollanta Humala, quien días atrás señaló en Talara que Petroperú debe continuar solo en las faenas de refinación y no ingresar a la parte más suculenta del negocio petrolero como es la explotación.
Agregó que en un futuro esa participación se incrementaría siempre y cuando la petrolera estatal muestre mayor eficiencia en su gestión.
La voz de los pueblos
En Loreto la población es consciente de la importancia del impacto económico del Lote 192, como lo es en el caso de Doe Run en La Oroya y por eso apuestan por su continuidad, sin que ello signifique claudicar en sus demandas sociales.
Sobre el lote 192, que opera hace más de 40 años, son muchos los gobiernos que hicieron caso omiso a las exigencias de las comunidades nativas que viven en la zona de influencia, quienes año a año denuncian más áreas contaminadas y por las que hasta hoy nadie se hace responsable.
Si bien es cierto que el gobierno hizo algunos esfuerzos para buscar solución a las demandas principales que pasan por la remediación ambiental y el respeto a los pueblos nativos, las horas apremian para firmar acuerdos concretos que deben materializarse en el proceso de Consulta Previa del lote 192.
Por este motivo, desde mañana hasta el domingo 16, los Apus nativos y representantes de las Federaciones de la Amazonía se reunirán en Lima con los altos funcionarios del gobierno central para retomar el diálogo en el marco del proceso de Consulta Previa, interrumpido desde la semana pasada, fecha en que la licitación por el mayor lote petrolero del país fue declarada desierta.
Aunque en un inicio el gobierno ofreció que estarían presentes tanto el premier Pedro Cateriano como funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, con su titular a la cabeza, extraoficialmente se supo que solo participará la titular del MEM.
Debe indicarse que el proceso de diálogo en Iquitos fue levantado previamente, pues las autoridades del gobierno que asistieron no contaban con capacidad de negociación para temas centrales que proponen los Apus, por lo que la reunión en Lima levantó expectativa no solo en las comunidades sino en todo Loreto.
En la última semana, toda la región ha reavivado sus demandas sociales y económicas por la caída del canon petrolero. Es evidente la preocupación del pueblo loretano por este hecho y la continuidad de las operaciones del lote 192, no por nada dos marchas casi consecutivas en Iquitos concentraron a unos 15 mil pobladores, que al unísono buscan ser escuchados por el gobierno.
Una voz autorizada es la de Aurelio Chino, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), quien mostró su preocupación por la reunión en Lima pues considera que una vez más el diálogo no sería fructífero ante la ausencia de autoridades con poder de decisión.
“Exigimos que el primer ministro esté en la reunión para garantizar los acuerdos concretos, queremos personas que tengan poder político en la toma de decisiones”, señala.
Los dirigentes nativos esperan que en la reunión de hoy se dé respuesta a las 27 demandas de las comunidades, ya que hasta la actualidad el Estado no llegó a un acuerdo con las federaciones (FEDIQUEP) y la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes y Pastaza (FECONACO), pese a haberse realizado reuniones técnicas de preparación en Lima y Loreto.
Un hecho que sin lugar a dudas no contribuye y más bien echa más leña al fuego al ya caldeado ánimo sobre este asunto son las declaraciones de empresarios que otrora laboraran para la Occidental Petroleum, a quien todos acusan de ser la verdadera responsable de la contaminación en el ex lote 1AB, quienes alertan que no existía una sola comunidad nativa en la zona del lote y que, por lo tanto, no debería realizarse una consulta previa.
Así como estas declaraciones, algunos gremios empresariales son frontalmente opositores a la Consulta Previa, a la que consideran una traba para el desarrollo de las inversiones en los sectores minero y petrolero.
“Son falsedades, nosotros estamos en esa zona hace miles de años defendiendo nuestros territorios, nuestros derechos, esas afirmaciones son indignantes para nosotros y vienen a crear problemas. Nos van a obligar nuevamente a adoptar medidas de fuerza porque nosotros no tenemos temor de defender nuestros derechos como cualquier peruano. Queremos que los interesados en los recursos de nuestro país piensen bien y nos llamen para sentarnos a dialogar”, responde Aurelio Chino.
Un punto en que deberán ponerse de acuerdo los representantes de las comunidades nativas así como el Estado es en el monto del fondeo para la remediación ambiental. Se manejan cifras que van desde los US$ 100 millones hasta los US$ 1.000 millones.
Otros aspectos centrales pasarán por garantizar efectivamente los derechos y el respeto a los pueblos indígenas. Asimismo, establecer dentro del nuevo contrato del lote 192 un fondo fideicomiso de US$ 1.000 millones que garantice el desarrollo de los pueblos indígenas en los próximos 30 años de contrato.
La República, 13.08.2015
