El debate energético en Perú no puede reducirse a la firma apresurada de adenda de Cálidda que compromete el futuro del país, sin transparencia ni debate público. La Macrosur no está pidiendo privilegios, está exigiendo justicia energética. Está demandando el ducto con gas natural para su desarrollo, no modificaciones contractuales hechas al caballazo. Clave es el día 26 fecha prevista para la firma al caballazo.
En los últimos meses hemos sido testigos de sucesivas versiones de la Novena Adenda vinculada a la concesión de distribución de gas natural. Se han presentado diapositivas, resúmenes y exposiciones técnicas parciales, pero no se han publicado oficialmente todos los documentos completos en los portales institucionales. Esa práctica no fortalece la confianza ciudadana; la debilita.
Hoy, además, se conoce que existe una quinta versión de la Novena Adenda actualmente en evaluación por el regulador Osinergmin. Si eso es cierto, y todo indica que lo es, el país tiene derecho a conocer su contenido íntegro antes de cualquier decisión política o administrativa. No se trata de obstaculizar inversiones; se procura garantizar que las condiciones contractuales, respondan al interés público y no generen asimetrías que perjudiquen a otras regiones.
Energía y Minas debe actuar con absoluta transparencia. Una adenda de esta magnitud no puede manejarse como si fuera un trámite menor. Estamos hablando de ampliaciones de plazo, compromisos de inversión, posibles ajustes tarifarios y, sobre todo, de impactos en la estructura del mercado de gas natural en el Perú.
El problema de fondo es político y estratégico: mientras el sur sigue esperando la masificación real del gas proveniente de Camisea, se priorizan esquemas contractuales que consolidan posiciones dominantes en mercados ya desarrollados. Macrosur no debe permanecer postergado, mientras se redefine el mapa energético del país, sin una visión descentralista.
Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna no pueden seguir siendo convidados de piedra en decisiones que afectan directamente su futuro energético. Estas regiones albergan recursos estratégicos, corredores logísticos y polos industriales potenciales que podrían despegar con energía más competitiva y segura.
El gas natural no es un lujo, es un instrumento de desarrollo. Reduce costos para las familias, mejora la competitividad industrial, impulsa la generación eléctrica y dinamiza economías regionales. Sin embargo, el sur continúa dependiendo de balones de GLP caros y de sistemas eléctricos más costosos, mientras observa cómo se discuten adendas con Cálidda y Transportadora de Gas del Perú, que no garantizan un cronograma claro y financiado, para cerrar la brecha energética histórica, y menos aún aseguran una verdadera seguridad energética.
Perú necesita reglas claras, estabilidad jurídica y promoción de la inversión privada. Pero también equidad territorial y planificación estratégica. No se trata de estar contra una empresa ni contra el sector privado, es exigir que cualquier modificación contractual esté alineada con una política energética nacional que priorice la seguridad energética y la integración del Macrosur.
Gas para la Macrosur significa infraestructura, ductos, plantas y conexiones domiciliarias reales. No adendas al caballazo sin transparencia, ni debate público y nulo respeto por el interés nacional.
La energía no puede decidirse entre cuatro paredes. El gas es de todos los peruanos. Y el sur ya esperó demasiado.
El evento fue presidido por Yanet Valenzuela del Comité Central de Lucha de La Convención, también fue expositor José Bengoa Morales, Director Ejecutivo del Instituto Regional del Gas del Cusco y Miguel Poblete del Frente de Defensa de Quillabamba.
Es el permanente problema que tienen los usuarios del gas virtual cuando se interrumpen las carreteras, esto sería mucho más prolongado y frecuente en el caso de Cusco y Puno, ya que también además ocurren cierres o bloqueos de la carretera de Arequipa a Puno y a Cusco.
El Gasoducto al Sur y Masificación por tuberías no puede ser postergado por intereses rentistas y de lobistas, a los que no interesa un pimiento, la Macrosur no permanecerá impasible. ¿No pueden esperar unos meses para que un gobierno legítiimo tome la decisión de acuerdo a los altos intereses de millones de peruanos?
De la insólita mudez de los clubes electorales, sobresale la expresión pública de Perú Libre que ha anunciado que un eventual gobierno suyo, nacionalizaría el gas de Camisea. El resto brilla por ausencia. ¡Y absoluta irresponsabilidad!
El Estado peruano estaría renunciando, de manera ilegal, claudicante y vergonzosa, por adelantado y sin debate nacional, a una política energética soberana para el sur del país, entregando el control del proceso de masificación del gas natural a un operador privado, cuyo objetivo principal es preservar y ampliar su negocio de manera monopólica y no desarrollar integralmente el territorio.
Adenda al caballazo beneficia directamente a Cálidda, que asegura con anticipación, la continuidad de su negocio más rentable (Lima y Callao) y expande su control territorial con mínima inversión y bajo riesgo e ingresos garantizados por 10 años más, y no pagará por el usufructo de toda la infraestructura de su concesión que el 2033 pasará a poder del Estado peruano.
Estos son esquemas empresariales asociados que allanan el camino para la futura adenda de TGP Extensión Sur (gasoducto costero), replicando un modelo excluyente, fragmentado y funcional al negocio privado. ¿Y la ciudadanía? ¡Nada de nada!
25.02.2026
hcmujica@gmail.com
